En la provincia de la Buenos Aires creció en el primer trimestre del año un 65 por ciento el número de empresas con concursos preventivos respecto de igual período de 2018. Esta situación se enfocó principalmente en personas humanas, con el 63 por ciento de los casos. En el mismo cotejo las firmas en quiebra creció un 14 por ciento, según informó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). “Entre los concursos, la actividad con mayor cantidad de casos corresponde a Manufactura y Consumo (25 por ciento), seguida por Servicios Profesionales (24 por ciento) y Comercialización e Intermediación (18 por ciento). Los guarismos para quiebras son similares, con 28 por ciento, 22 por ciento y 15 por ciento de los casos respectivamente.

La desindustrialización que generó la política económica de Cambiemos se siente con mayor crudeza en los distritos Córdoba y Ciudad y Provincia de Buenos Aires, que en conjunto representaban hasta 2017 el 61 por ciento de las empresas registradas del país.

En el primer trimestre del año se conocieron 292 firmas con problemáticas de concursos o quiebras, lo cual representó un 16 por ciento más respecto a igual período de 2018 (251). Este resultado implica un promedio de cinco empresas con problemáticas de concursos por día hábil durante el primer trimestre de 2019. El incremento desde el inicio de la gestión Cambiemos fue de 76 por ciento, exhibiendo una tendencia en ascenso durante todo el período. El 53 por ciento se concentró en Ciudad de Buenos Aires (154 casos), mientras que el 24 por ciento (70) radicaba en la Provincia y el 23 por ciento restante (68) en Córdoba.

El aumento de los concursos preventivos de acreedores representa un indicador de la marcha de la economía. Cuando se le decreta el concurso a una empresa la misma ya no tiene la posibilidad de hacer frente a todas las obligaciones, con el consiguiente aumento de riesgo en el corte de la cadena de pagos. Esto contagia la crisis al resto de los eslabones de la cadena productiva.

Para la gobernadora María Eugenia Vidal, se trata de “algunas pymes (que) cerraron por ser poco competitivas”, como justificó a principio de año. El deterioro industrial es resultado de una política oficial que favoreció la especulación financiera por sobre la inversión productiva y hundió el mercado interno.  

La recesión que atraviesa el país se inició en septiembre pasado, pero los meses siguientes, hasta marzo de 2019, fueron incluso peores. “La reducción de la caída en abril (-1,9 por ciento) resulta muy relativa, ya que si no se considerar el efecto de la mejora en el agro (que en términos interanuales compara con un año de sequía) alcanza valores similares a los del primer trimestre (negativo del orden de 5 por ciento). “La política de altas tasas reinaugurada el 1 de octubre luego del segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene fuertes vínculos con este proceso de retracción en la actividad, afectando las ventas de las empresas y la propia viabilidad del sector productivo por el alto costo de financiamiento”, señala el CEPA.

Frente a esta situación, cada vez más empresas se acogen a algún programa para paliar la crisis. El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) es una solicitud ante la Secretaría de Trabajo realizada en los términos del Artículo 98 de la legislación en vigor por las personas jurídicas o entidades gremiales cuando se afecte a más del 15 por ciento de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 por ciento en empresas de entre 400 y 1000 trabajadores; y a más del 5 por ciento en empresas de más de 1000 trabajadores ya sea por razones de suspensiones o despidos y cuya finalidad es encuadrar una solución que evite o disminuya estos efectos.

Según el informe del CEPA, en las tres jurisdicciones se ha presentado entre el primer trimestre del 2019 y el mismo período de 2018 un considerable incremento de los concursos de acreedores, siendo Córdoba quien experimenta la mayor suba con un 200 por ciento. Le sigue la Provincia de Buenos Aires con el 65 por ciento y la Ciudad, con el 25 por ciento. A nivel total, el aumento de casos representa un 71 por ciento de Concursos más que en el primer trimestre de 2018 y 155 por ciento respecto al mismo período de 2016. 

Si se lo analiza por sector, en el primer trimestre de este año respecto de 2016 se exhiben aumentos en los concursos preventivos de 130 por ciento en servicios, 800 por ciento en la construcción, 300 por ciento en industria, 175 por ciento de actividad primaria y 114 por ciento en servicios. En cuanto al incremento de las quiebras, hubo una caída de 24 por ciento en comercio. La única excepción. Luego se registran en el cotejo aumentos de 100 por ciento en construcción, 200 por ciento en industria, 225 por ciento, sector primario y 30 por ciento en el rubro de los servicios.

“Resulta interesante destacar, la relevancia de los concursos y quiebras del sector industrial en términos relativos, ya que el tamaño del sector es más pequeño en cantidad de empresas que comercio, el cual tiene 55 concursos y 130 quiebras. Los 47 eventos de concursos y las 107 quiebras muestran una crisis mayor del sector. El grado de endeudamiento y las dificultades financieras afectan especialmente a las empresas industriales pequeñas, que llegan a situaciones”, explica el documento. En el sector comercios, con menores necesidades de financiamiento y capital hundido, el cierre de los locales comerciales se produce de manera más ordenada financieramente. Los procesos preventivos de crisis se están convirtiendo, además, en formas de avanzar en la flexibilización laboral de facto. Esta herramienta es una forma de avance en “reconversiones” y ajustes que las grandes empresas buscan aplicar, ante la imposibilidad que el ejecutivo encuentra en el tratamiento parlamentario de una legislación reducida en derechos laborales, la reforma laboral.