Más de 1500 familias, más de 3 mil niños y niñas, miles y miles de carpas y pilas de chapa y cartón repartidas en 100 hectáreas de extensión: la toma de Guernica, con sus números, sus imágenes y su magnitud, alerta sobre la dimensión de la crisis social del país y persiste para darle cuerpo al índice de pobreza anunciado esta semana por el INDEC, superior al 40 por ciento. Para colmo, llovió sobre mojado: la desolación del lodazal que dejó la tormenta del último fin de semana arrojó aún más drama porque quedó claro que hay grupos de familias que no tienen donde ir y se quedaron defendiendo su parcela bajo el agua. Pero también hubo otro grupo, el mayoritario, que demostró que sí tiene un techo fuera del predio donde refugiarse y que el problema no es tanto su desamparo sino qué puede ofrecerles la Provincia para mejorar su situación previa a la ocupación. Ése es sobre todo un problema político y el gobierno bonaerense pidió postergar quince días más el desalojo, porque pese a que sigue negociando, no logró un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Y entre las partes que negocian tienen peso algunas organizaciones sociales de extenso compromiso y organización popular pero de escasa trascendencia institucional. Puede decirse que son “marginales” casi siempre, salvo cuando suceden este tipo de situaciones como el drama de Presidente Perón.

Casi todas tienen su origen a fines de los 90s, cuando nace el movimiento piquetero, cuyo pico de movilización e incidencia en la política fue durante la crisis del 2001 y los meses posteriores, en una parábola que nace en los cortes de ruta de Cutral Có y Mosconi por el desguace de YPF y entra en una etapa distinta, de consolidación y dispersión, luego de la masacre del Puente Pueyrredón del 26 de junio del 2002. El entonces presidente Eduardo Duhalde debió bajarse de la elección tras el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, sin los cuales Néstor Kirchner jamás hubiera aspirado a llegar a la Rosada catapultado por su antecesor.

En aquél entonces prácticamente todas las organizaciones sociales se nucleaban bajo el ala del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), cuna de dirigentes como Emilio Pérsico y Luis D´Elía. También había otras tendencias, como Patria Libre, de Humberto Tumini, que hoy se quedó con una fracción muy pequeña de lo que fue el Movimiento Libres del Sur y que hoy, a diferencia de Pérsico o D´Elía, no acompaña al peronismo. Su organización es una de las que negocia en nombres de algunas de las familias de Guernica. Las otras son el Polo Obrero (rama piquetera del Partido Obrero, integrante del FIT que volvió a escindirse el año pasado y que expulsó nada menos que a su creador y eterno candidato a presidente, Jorge Altamira) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), un sector de los movimientos que no se referencia ni con el peronismo ni con el Papa Francisco ni mucho menos con Cristina Kirchner y que diferencia de muchas de sus organizaciones hermanas jamás presento candidatos a ninguna elección.

Salvando los abismos entre un conflicto y otro, el Gobierno provincial afronta una negociación en la que del otro lado del mostrador no hay un referente ni un interlocutor claro, tal como sucedió con el levantamiento antidemocrático de la Bonaerense el mes pasado. Cada organización, como casi siempre sucede, sigue su juego y defiende lo suyo y tiene una propuesta alternativa propia para salir del conflicto.

Queda clara esa dispersión cada vez que asistentes sociales, funcionarios y militantes de organizaciones sociales o de los propios gobiernos nacional o provincial se acercan para brindar algo de ayuda y establecer un diálogo con la gente. El domingo, después de la lluvia, el ministro de Desarrollo, Andrés “Cuervo” Larroque, difundió un comunicado durísimo acusando a las organizaciones de actuar como “grupos violentos” que “obstruyen la labor y presionan a las familias para impedir una salida pacífica al conflicto”. Se refería al sector que responde a Tumini, al Fol y al Polo Obrero. También sucedió algo parecido con las enviadas del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y del Ministerio de Justicia de Nación, que también fueron repelidas con violencia.

En ese marco, era imposible llevar adelante un desalojo este jueves desde las 0 horas como lo había establecido el juez de Garantías de La Plata con asiento la ciudad de Cañuelas, Martín Rizzo. Las imágenes de los palos en el lodazal habrían recorrido todos los medios de comunicación, con el agravante de la difusión de los índices de pobreza del INDEC, en un momento por lo menos tenso en la relación entre el Gobierno y el poder económico. Un combo peligroso. La Provincia tiene ahora quince días más para desanudar el entramado de familias con necesidad, gente que especula, punteros establecidos con dudosos fines y las organizaciones sociales.

Otro condimento: según el censo realizado por la provincia por orden del juez, el 70 por ciento de las familias no vive en el lugar de la toma, y sólo 30 de las mas de 1500 familias está en situación de calle efectiva. La gobernación dice que muchas de las organizaciones presentes allí operan y presionan para que las familias no abandonen la toma. 

Empezando por Tumini, su organización sufrió el año pasado una fractura letal. Victoria Donda y Daniel Menéndez, la primera ligada a lo institucional y el segundo al territorio, rompieron con él y se incorporaron al Frente de Todos. Y se llevaron consigo a casi toda la agrupación. Menéndez hoy es funcionario de Desarrollo Social de la Nación, Donda está al frente del INADI. El pedazo de Barrios de Pie que le quedó a Tumini, en cambio, apostó por aliarse a las organizaciones de izquierda como el FOL y el Polo Obrero. Desde hace años negocia sus planes sociales por fuera del sector mayoritario y hoy oficialista, nucleado en la UTEP y nacido en 2016 al calor de la primera marcha por San Cayetano, de ahí su apodo de “Cayetanos”.

No es fácil negociar con él. Hace rato que perdió la brújula política: comenzó militando en las filas del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de ideas marxistas-leninistas, conducido en los 70s por Mario Santucho, y terminó, por caso, integrando la boleta de Alfonso Prat Gay y Elisa Carrió en el Frente UNEN de 2013, el prototipo de la alianza que fortaleció al PRO en 2015 y llevó a Mauricio Macri al gobierno. Toda una parábola.

El FOL, que negoció por fuera del grupo de “Cayetano”, consiguió muchos recursos de la administración de María Eugenia Vidal, lo que le permitió sobrevivir los últimos cuatro años. Es una organización de izquierda enfrentada a los partidos troskistas (PO, PTS, etc) con presencia en 13 provincias del país y fuerte en el conurbano, otro resabio del 2001. Su propuesta para salir del conflicto es la construcción dentro del predio tomado de un complejo de viviendas populares, para lo cual ya diseñó un proyecto.

El Polo Obrero, disidente desde siempre, es otra de las organizaciones que negocian desde la toma. Es la fracción que rompió con Altamira y que perdió mucho peso desde entonces dentro del FIT, hoy direccionado por el PTS de Myriam Bregman y  Nicolás Del Caño.

Lejos de ese grupo está el Movimiento Evita, que a la zazón conduce a los “Cayetanos”. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, los relacionó con las tomas, en una de las tantas bombas que lanzó al interior del Frente de Todos. Del otro lado le contestaron “payaso de feria” y le recordaron que en Moreno, donde conduce la intendenta Mariel Fernández, del Evita, se lograron disuadir cientos de tomas sin usar la violencia ni estigmatizar a los que menos tienen.

Lejos del cuco que los medios generan sobre el espacio, lo cierto es que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), emprendió hace años un camino de institucionalización: tiene a gran parte de sus dirigentes en cargos importantes. Fernanda Miño a cargo de ubranización; Federico Fagilo y Carlos Alderete como diputados; Mariel Fernández, intendenta, y Pérsico y Menéndez, entre otros, encabezando secretarías y subsecretarías de Desarrollo Social. Además, busca ingresar a la CGT como gremio confederado.