Luego del crimen del empresario Andrés Blaquier, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, salió a criticar a la Justicia. Un día y medio después del homicidio, el funcionario de Kicillof brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que la Policía Bonaerense había capturado a ‘Lucianito’, un joven de 18 años, como el supuesto autor material del asesinato y cuestionó a la Justicia por haberlo dejado libre. Sin embargo, doce días después de supo que el chico era inocente y los jueces de la provincia de Buenos Aires salieron al cruce del ministro. 

"La práctica de echar culpas a otros por los propios fracasos, se vuelve aún más peligrosa cuando viene acompañada de una puesta en escena que se desvanece rápidamente por el carácter burdo de una maniobra tan inexplicable como lastimosa", escribieron los integrantes de la Red de Jueces Penales Bonaerenses. 

Cuando Berni presentó a Lucianito como el autor del disparo que terminó con la vida de Blaquier, responsabilizó directamente al titular del “juzgado de Garantías N° 6 de Escobar de haber rechazado el pedido de captura" en contra del joven. "En dos oportunidades se pidió la detención de Lucianito, pero el juez se negó a firmar la orden. La policía hizo su trabajo, pero la Justicia falló”, lanzó entonces el ministro. 

Pero la información aportada por Berni era errónea. No sólo porque al momento del crimen Lucianito estaba a 15 km de donde ocurrió el hecho, sino porque ni siquiera existe el juzgado de Garantías N° 6 de Escobar. En realidad, se trataba del juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial Zárate-Campana. Además, días después, a través de un testigo que presentó la fiscalía se pudo dar con el verdadero autor del crimen. 

Por eso los magistrados bonaerenses le respondieron al titular del Ministerio de Seguridad. “La queja contra la actuación de jueces y juezas, al punto de montar un escenario fraguado para denostar su trabajo, remite a discursos autoritarios y facilistas que, bajo el pretexto de combatir el delito, solo derivan en más dolor y más injusticias para quienes habitan la provincia”, cuestionaron.

“Poco favor hace la mentira a la memoria de quienes mueren por causa del delito”, recriminaron. “La política criminal no sólo es una construcción colectiva, es también una construcción democrática consistente en políticas activas para prevenir y neutralizar la criminalidad en el ámbito de un estado constitucional de derecho. Ello importa de parte de jueces y juezas, un compromiso constante para que la seguridad de la población no se sostenga al precio de renunciar a los derechos de los habitantes, de cuya protección es también responsable el poder judicial", sentenciaron.