La Justicia bonaerense habilita que jueces puedan donar el 20% de sus salarios
La Suprema Corte de la Provincia creó un sistema de “aporte solidario” para solventar insumos sanitarios. La medida llega a unos 2500 funcionarios
La Justicia bonaerense se suma al gesto de austeridad que ya asumieron varios intendentes que decidieron recortar su sueldo. En esa línea, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires creó hoy un sistema de “aporte solidario” para que jueces puedan donar entre el 15 y 20 por ciento de sus salarios para la adquisición de insumos sanitarios.
La medida fue efectuada a través de la resolución 14/20, firmada por el presidente Eduardo de Lázzari con el acuerdo de todos los ministros de la Suprema Corte y la adhesión de la Procuración General. Tendrá alcance a magistrados de la Suprema Corte; jueces del Tribunal de Casación; Cámaras de Apelación y de primera instancia; como así también de funcionarios de alto rango.
Según trascendió, aunque se trate de un aporte voluntario se espera que la mayoría de los más de 2500 funcionarios de la Justicia bonaerense que se ven alcanzados por esta medida, se sume a contribuir aporte solidario. A su vez, entre los fundamentos de la resolución, la Suprema Corte resaltó que es “consciente del esfuerzo que la generalidad de los magistrados ponen cotidianamente al servicio de la función judicial incluso durante esta grave emergencia”, como también lo es del “rezago que tienen sus remuneraciones comparadas con otras jurisdicciones del país”.
Al mismo tiempo, la Suprema Corte también impulsó medidas de “austeridad del gasto”, tendientes a generar el ahorro de partidas que pudieran complementar el Fondo Solidario como congelar la cobertura de cargos al 31 de marzo y suspender las puestas en funcionamiento de órganos jurisdiccionales y dependencias.
También se dejará de pagar las horas cátedras que se abonan en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, “con excepción de aquellas en concepto de cursos dictados mediante modalidad virtual, y de las ya programadas en el marco de la implementación de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género”.
Esos fondos serán destinados al Ministerio de Salud de la provincia y a instituciones de bien público provincial dedicadas a la atención sanitaria por la pandemia de Covid-19.