El intendente Jorge Macri fue uno de los intendentes de Juntos por el Cambio que presentó un amparo ante la Justicia bonaerense para reanudar las clases presenciales en su distrito. En las últimas horas, una jueza de San Isidro pidió informes a la Municipalidad de Vicente López antes de resolver si otorga la medida cautelar.

La jueza en lo Civil y Comercial 12 de San Isidro, Estela Robles, solicitó que el Municipio brinde precisiones sobre la capacidad hospitalaria, de testeo y de transporte para los docentes y temperamento a tomar ante la negativa de un docente.

También consultó si la comuna cuenta con transporte propio para los docentes y capacidad de atención hospitalaria de los trabajadores de la educación ante eventuales contagios.

En la respuesta, la Municipalidad aludió al fallo de este martes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició a la ciudad de Buenos Aires en su amparo para continuar con la presencialidad en las escuelas, pese al DNU nacional que ordenó el dictador de clases virtualidad ante la suba de contagios de coronavirus. Además, explicaron que puede realizar 150 test diarios y que hay un "protocolo" en caso de negativa de docentes a testearse.

Asimismo, Jorge Macri puso a disposición el llamado transporte del "Bicentenario", una línea de colectivos municipal que transita de manera gratuita por todo el Municipio, bajo protocolo y "con una frecuencia ininterrumpida".

También afirmó que el 87 por ciento de los docentes y no docentes viven en Vicente López, San Isidro y ciudad de Buenos Aires, "lugares que declararon esencial la educación", por lo que estaría permitido viajar en transporte público, y que el 65 por ciento tiene "movilidad propia", según precisaron las fuentes.

Sobre la capacidad de atención del sistema de salud local, le aseguraron a la jueza que "es robusto", "abierto y solidario a todos los vecinos de la región y provincia de Buenos Aires".

La Intendencia de Macri insistió con la vuelta a clases presenciales para todos los "educandos del municipio" pero planteó que, en todo caso, la magistrada considere la posibilidad de otorgar la cautelar al menos para los establecimientos municipales.

Por su parte, Robles se había declarado incompetente y derivó la demanda a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Pero la semana pasada este Tribunal rechazó su competencia originaria y devolvió las actuaciones al juzgado con orden de resolver.