El Gobierno bonaerense promulgó la Ley de Financiamiento impulsada por el Poder Ejecutivo provincial para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus, que contempla una autorización para tomar deuda por 500 millones de dólares y 28.000 millones de pesos.

La iniciativa fue sancionada hace una semana por la Legislatura, tras haber sido consensuada entre el oficialismo y la oposición luego de intensas negociaciones de las que participaron también intendentes de Juntos por el Cambio y funcionarios provinciales.

La norma autoriza a la Provincia a tomar deuda por 500 millones de dólares y 28.000 millones de pesos con organismos multilaterales de crédito para atender la crisis sanitaria, realizar obra pública y afrontar pagos con los proveedores estatales de la gestión anterior.

De los 500 millones, 200 millones serán destinados a financiar proyectos de seguridad vial, como obras de ampliación, ensanche y/o duplicación de calzada, de rehabilitación y puesta en valor de la infraestructura existente; otros 100 millones estarán destinados a mejorar los programas educativos y de salud y los 200 millones restantes a mejoras habitacionales y de acceso a la vivienda y a la ampliación de las redes de agua potable, cloacas y saneamiento.

El acuerdo contempló, además, el pedido de los intendentes de diferir el pago de la ayuda que el Gobierno provincial les envió para hacer frente a la pandemia y que debían comenzar a hacer desde este mes.

Por ello, se consensuó que los 4.500 millones de pesos que debían empezar a devolver las comunas lo harán en 18 cuotas desde enero próximo y además el Gobierno otorgará otros 3.000 millones en dos cuotas.

También, se acordó conformar dos mesas de trabajo que se realizarán la semana próxima, una de las cuales será por el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) 2020, donde el compromiso es comenzar a otorgar el financiamiento del anticipo del 30 % de las obras solicitadas por los municipios formalmente en condiciones.

El proyecto contempla también la emisión de un bono para proveedores por un total de 20 mil millones de pesos, que permita la cancelación de la abultada deuda que heredó la actual gestión con los proveedores de la Provincia.

Además, prevé una autorización de ampliación por hasta 8 mil millones de pesos para la emisión de Letras del Tesoro, un instrumento de financiamiento en pesos en el mercado local que utiliza la provincia de Buenos Aires.