La disparada del riesgo país, que superó los mil puntos por primera vez en el gobierno de Cambiemos y duplica los niveles de finales de 2015, hace inviable cualquier proyecto de inversión en la Argentina. Frente a esa realidad, que ya lleva un año desde que comenzó la corrida cambiaria, los denominados programas de Participación Público-Privada (PPP) están frenados en los hechos. Y desde diciembre su congelamiento fue confirmado oficialmente por el Gobierno. Entre las jurisdicciones que más perjudica la decisión de pausar este esquema de negocios se encuentra el territorio bonaerense. Sólo en materia de vialidad, en enero deberían haber comenzado obras importantes en el marco de los 2500 kilómetros que se construirían en los corredores A, B, C, D, E y Autopista Sur.

Estos planes, en materia de infraestructura, fueron la única apuesta de Cambiemos para reactivar una economía deteriorada por sus políticas de desindustrialización, apertura comercial y desregulación financiera. La otra apuesta es la cosecha, aunque una temporada exitosa para las corporaciones agropecuarias tampoco asegure una buena liquidación de divisas al país. Para los municipios los PPP generan un costo y la pérdida de una fuente de recaudación. La Defensoría del Pueblo bonaerense alertó días atrás sobre este efecto negativo.

Mala experiencia

En el caso argentino los contratos son por 35 años hasta que el Estado recupera el control del bien público. El esquema PPP que se aprobó el año pasado exime al sector privado casi por completo de cualquier riesgo y les asegura márgenes de rentabilidad, algo impensado en la actividad corporativa. En tanto, el Estado actúa de garante y las empresas pueden elevar sus quejas a tribunales extranjeros. Lejos de generar puestos de trabajo e impulsar la producción local, como prometió el Gobierno, sólo es un mecanismo más de privatización.  

Un informe realizado por David Hall, director fundador de la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos en la Universidad de Greenwich, analiza este tipo de acuerdos y detalla los principales escándalos que se conocieron en torno al manejo de estos fondos por parte de distintos gobiernos. El hilo conductor de este tipo de programas relevados por Hall termina en presupuestos inflados, la dilación constante de su finalización, el Estado termina aportando de manera indirecta los fondos, casos de corrupción, mayores costos para los usuarios, entre otros que se recogen de este estudio.

“Los informes recientemente publicados sobre las experiencias del Régimen de PPP en dos de los países (Reino Unido y España) que han sido tomados como supuestos modelos a seguir en el resto del mundo, que han arrojado fuertes críticas y sacado a la luz preocupantes problemas en la ejecución de Contratos de PPP, en particular en relación a su ecuación económico-financiera y a los costos para el Estado y para la población”, destaca un documento realizado por la Universidad Nacional de José C Paz. En la Argentina fue la reforma del Estado en los 90, el ingreso del capital privado con garantías y márgenes de ganancia y tasas de retorno inéditos en cualquier contrato público o privado.

La Provincia

En el caso concreto de Buenos Aires, la denuncia provino de la Defensoría bonaerense. La letra chica de los contratos de los corredores viales contiene una cláusula que establece que los municipios se tendrán que hacer cargo de los servicios de primeros auxilios sanitarios y de extinción de incendios en caso de accidentes, cuando ocurren sobre el asfalto en sus jurisdicciones. La presentación alerta que los nuevos concesionarios que se hicieron cargo de los proyectos de obra pública a partir de octubre del año pasado, dieron de baja los acuerdos que tenían con empresas de ambulancias y otras emergencias y esos costos corren por cuenta de los intendentes.

Esto sucede mientras se entrega por 35 años la explotación del tráfico en los corredores con el crobo de peajes. El corredor Sur presenta cuatro peajes en autopista Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas, Ruta Nacional 205 y RN 3. El proyecto destaca además que se trata de una traza con alto nivel de tránsito en las rutas. Esto les asegura un rápido retorno de la inversión. El corredor A, con empalme con RP 2, tiene tres peajes en Estación Dorado, km 32; Estación Vasconia, km 153 y Estación Hinojo, km 276. Está concesionada por Vía Cruz del Sur. En corredor B, con empalme a RN 35 Santa Rosa (La Pampa), la  empresa contratista es CCA – GREEN,) y comunica en su sitio web que ofrece servicio de “móviles para la atención de incidentes y/o accidentes” y que disponen del sistema GPS. Los otros corredores incluyen a administraciones de otras provincias, como C (Córdoba, Santa Fe y Mendoza) y E (Santa Fe).

La Defensoría del Pueblo presentará un recurso judicial para frenar esa disposición. “Los municipios enfrentan estos gastos, por lo que estamos ante una transferencia indirecta a los bonaerenses. Muestra la decisión del gobierno nacional de no proteger a la gente y garantizarle los negocios a las empresas”, explicó Lorenzino. La modificación de la cláusula sobre obligaciones en casos de emergencia alcanza a los corredores viales A; B; C; E; 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur. La compañía que tiene a su cargo el corredor B informó que desde noviembre rescindió el contrato con la empresa de emergencias.

Estos cambios suceden pese al congelamiento de la obras, derivado de la crisis cambiaria e inflacionaria, que obligó a revisar los contratos, y del aumento del componente de riesgo de la deuda argentina. El acuerdo con el Fondo Monetario también implicó un paréntesis en los programas de PPP, al considerarlos una forma de endeudamiento que abulta el déficit fiscal; es decir que reconoce un impacto negativo en los recursos. El propio Banco Mundial, artífice y tutor de la instalación mundial de la figura del PPP, ha reconocido los vacíos en la literatura académica sobre el impacto empírico de esta modalidad en el aumento de la eficiencia en la prestación de servicios, el empleo, la distribución del ingreso y la pobreza en los países en desarrollo.