Los principales desafíos que el 2020 le planteó a Kicillof

"Es un año que parecieron 100", expresó ayer Axel Kicillof en una entrevista y no es para menos. El gobernador tuvo que enfrentarse a varios conflictos, como fueron las protestas policiales o la toma de Guernica, que expusieron problemas estructurales de la Provincia, en un contexto de pandemia, con un sistema sanitario que no estaba preparado y un Estado en quiebra.

Hoy se cumple exactamente un año de la asunción de Kicillof como gobernador de la Provincia de Buenos Aires y lo cierto es que le tocó atravesar varios desafíos que generaron disputas y hasta cuestionamientos internos, en un contexto muy difícil a nivel mundial donde la cuestión sanitaria fue de suma importancia.

Varias veces durante este año se escuchó al gobernador contar que, cuando asumió su gobierno, la Provincia contaba con 884 camas de terapia intensiva. Esa cantidad de plazas fue multiplicada y hoy llega a casi 6.328. En materia sanitaria, la gestión bonaerense pareciera haber estado a la altura de las circunstancias dado que en el territorio más poblado del país, ningún habitante se quedó sin atención médica.

Incluso en aquellos distritos donde el sistema sanitario se vio saturado, como sucedió en el caso de Azul por ejemplo, se puso un marcha un sistema de derivaciones diagramado desde el Ministerio de Salud de la Provincia que monitorea en tiempo real la ocupación de camas en los centros de salud bonaerenses, públicos y privados.

Sin embargo, dentro del área de salud el gobernador Kicillof se encontró con los reclamos de los trabajadores del sector con salarios atrasados y bajo situaciones de estrés nunca antes vividas hasta la llegada de la pandemia. A partir de la llegada del coronavirus al país, las vacaciones y las licencias fueron suspendidas -salvo para los grupos de riesgo-, por lo que el cansancio y exigencia del personal de salud fue creciendo a medida que pasaba el tiempo.

Los reclamos y las movilizaciones de los trabajadores de la salud a Casa de Gobierno fueron una de las imágenes repetidas durante este 2020. Si bien el gobierno pudo cerrar las paritarias con los estatales luego de tres reuniones técnicas, el sector sanitario fue uno de los más complicados.

Ahora, entrado diciembre parece que ese frente podría alcanzar una solución. El gobierno bonaerense reanudó las licencias y reabrió la negociación paritaria, luego de que los profesionales de la salud realizaran el primer paro que enfrentó la gestión de Axel Kicillof.

La nueva oferta ronda el 17% de aumento y acumula un promedio de 35,6% respecto a diciembre de 2019. Por su parte, Cicop informó que analizará la propuesta y todo indica que podrían aceptarla. Incluso, la titular del gremio, Marta Márquez, dijo que esta mejora es "el resultado de largas caravanas y medidas de fuerza".

Lo cierto es que más allá de las protestas de los trabajadores de salud, este 2020 fue un año que se caracterizó por una buena relación, al menos en líneas generales, entre los gremios estatales y el gobierno de Axel Kicillof. Con los trabajadores enrolados bajo la Ley 10.430 y los docentes se llegó a prontos acuerdos salariales y no hubo mayores conflictos.

Es que además de las cercanías políticas e ideológicas entre los gremios mayoritarios y la administración bonaerense actual, también los líderes sindicales contemplaron la situación de pandemia que atravesaba la Provincia. Sin embargo, el punto más crítico de esta relación se dio durante la protesta de la Policía Bonarense.

En septiembre, los efectivos de seguridad de la Provincia llevaron a cabo una serie de medidas de fuerza durante varios días para reclamar un aumento salarial. Las protestas comenzaron con una concentración en la Residencia del Gobernador y fueron escalando hasta llegar días después a una marcha con policías armados y de uniforme que rodeaba la Quinta de Olivos, donde se encontraba el presidente Alberto Fernández.

Este punto fue tal vez uno de los desafíos más complicados para el gobernador Kicillof. Además de generar cuestionamientos internos por parte de algunos intendentes del Frente de Todos del Conurbano bonaerense, especialmente por el rol del ministro de Seguridad Sergio Berni que desapareció durante todo el conflicto, el gobernador tuvo que acudir al presidente Alberto Fernández para que lo asista y solucionar el problema.

Luego de la protesta policial en Olivos, el Presidente convocó al gobernador Axel Kicillof y a los intendentes del AMBA para anunciar el traspaso de un punto de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia, entre otras cosas, para financiar el presupuesto de seguridad y el aumento a las fuerzas de seguridad.

Tras el anuncio del incremento a la Policía Bonaerense, la figura de Kicillof se había visto debilitada y todos los ojos estaban puestos en la figura de Berni, cuestionado además por los sectores progresistas del Frente de Todos, especialmente en el marco de la desaparición de Facundo Astudillo Castro y la posterior investigación de su muerte.

En ese momento, los gremios docentes, estatales, judiciales y de la salud también comenzaron a exigir la reapertura de las paritarias que se había visto retrasada en el contexto de la pandemia. Hasta ese momento, la Provincia había alegado que en medio de la crisis económica no había fondos para afrontar aumentos salariales. Sin embargo, luego del incremento a los efectivos policiales, el resto de los sindicatos estatales puso el grito en el cielo y reanudaron sus reclamos. Finalmente, el gobierno accedió al pedido y retomó las negociaciones. Entre ellas, las más difíciles fueron tal vez con el sector judicial que realizó al menos dos paros durante la segunda parte del año. Aunque, finalmente, también llegaron a un acuerdo.

Pero los conflictos salariales no fueron los únicos problemas que le tocó enfrentar a Kicillof en su primer año de gestión. La toma de terrenos en Guernica dejó al descubierto una de las crisis estructurales más profundas de la Provincia de Buenos Aires: la falta de vivienda digna.

Miles de familias se instalaron en el predio ubicado en el distrito de Presidente Perón para pedir un pedazo de tierra y si bien la toma fue desalojada, hasta el día de hoy persiste el conflicto pues muchas de ellas todavía no tienen un lugar donde vivir. Es cierto que el gobierno intervino para evitar el operativo policial e intentó llegar a un acuerdo con los habitantes del predio, pero no alcanzó a todos.

En una toma intervienen varios elementos: la necesidad de la gente que busca un lugar donde vivir, la posibilidad de negocio para unos vivos que juegan con la desesperación de otros, las agrupaciones políticas que acompañan el reclamo y el Estado que tiene que identificar a los diferentes actores, negociar con ellos y, lo más importante, garantizar derechos.

En Guernica el gobierno de la provincia de Buenos Aires intervino tarde, cuando en el asentamiento había miles de personas y ya tramitaba en la Justicia un pedido de desalojo. Sin embargo, a través del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque y un trabajo interministerial con otras carteras del Ejecutivo, se trabajó diariamente en el lugar y se firmó un acuerdo con 732 familias. 

Sin embargo, otras cientos se quedaron en la toma y el 29 de octubre fueron desalojadas con gases lacrimógenos, en un operativo dirigido por Sergio Berni que desplegó a 4.000 efectivos de la Policía Bonaerense. Las imágenes de familias enteras con sus pertenencias tiradas en la calle y casillas en llamas marcaron ese día. “Se hizo lo que se tenía que hacer, fue tal cual lo planificado”, dijo, conforme, el ministro Berni.

Una vez más, sectores progresistas del kirchnerismo criticaron el desenlace del conflicto que supuso la toma en Guernica. Sin embargo, la crisis habitacional es mucho más amplia y el gobierno bonaerense busca alejarse de lo que sucedió en el predio de Presidente Perón, impulsando un plan de viviendas para toda la Provincia. Por ello, el gobernador Kicillof anunció la construcción de 10.000 viviendas por año y ya comenzó con la entrega de viviendas cuyas construcciones habían quedado paralizadas como sucedió hace una semana en Moreno.

Lo cierto es que Axel Kicillof asumió la gestión de una provincia en quiebra y fuertemente endeudada. Incluso, a diferencia de lo que sucedió a nivel nacional, su administración todavía no logró alcanzar un acuerdo con los bonistas.

Hace tres días, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense prorrogó hasta el 4 de enero la fecha límite para renegociar un total de 7.148 millones de dólares. Hasta el momento, las negociaciones no han tenido éxito y se trata de la décima extensión de plazos para redefinir el pago de casi el 70% de la deuda bruta provincial.

Por otro lado, aún continúan las negociaciones para que la Legislatura apruebe el Presupuesto 2021; el primer plan económico elaborado por la gestión de Kicillof. El gobernador sabe que en Diputados no tendrá ningún obstáculo para aprobar la iniciativa, dado que allí el Frente de Todos tiene mayoría pero la situación en el Senado, es otro cantar.

En la Cámara Alta, el oficialismo necesita de los votos de Juntos por el Cambio aprobar el proyecto y conseguirlos no ha sido una tarea fácil hasta el momento. Tras bambalinas, el Frente de Todos lleva adelante reuniones y tratativas con legisladores de la oposición, pero especialmente con intendentes. Los jefes comunales de Juntos por el Cambio tienen un rol esencial en la discusión del presupuesto dado que piden fondos para sus municipios y otros reclamos que llevan a la mesa de negociación como, por ejemplo, la autonomía municipal.

Cabe señalar que la relación con los intendentes de la oposición tuvo diferentes momentos, pero no fue -ni es- nada fácil. En un primer momento, cuando recién desembarcaba la pandemia en el territorio bonaerense, oficialismo y oposición se mostraban unidos en un mismo frente. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo esa imagen fue quedando atrás y comenzaron a aflorar las diferencias. 

A los pocos meses del inicio del ASPO, los jefes comunales de localidades como Mar del Plata (Guillermo Montenegro), Olavarría (Ezequiel Galli), Tandil ( Miguel Lunghi), entre otras, empezaron a reclamar una mayor flexibilización de la cuarentena. Incluso en algunos casos, habilitaron actividades aún sin la autorización de la Provincia o directamente, como decidió Lunghi, el municipio se retiró del sistema de fases que implementó la administración bonaerense. 

En ese contexto, el inicio de las clases presenciales fue otro de los ejes de disputa con los intendentes de Juntos por el Cambio.  En noviembre más del 20 distritos permitieron el regreso a las aulas de forma controlada y bajo estrictos protocolos, pero muchos municipios en especial los que se encuentran en el AMBA deberán esperar al año que viene a pesar de la insistencia de varios jefes comunales. 

A principios de 2020, el gobernador Axel Kicillof había anunciado el programa "Escuelas a la Obra", junto a la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila. El plan pretendía realizar obras de mantenimiento, ampliación y mejoras estructurales en los establecimientos educativos de la Provincia. Sin embargo, la llegada de la pandemia atrasó esos planes y muchos de los trabajos tuvieron que ser pospuestos. 

En los últimos meses, tras la reactivación de la obra pública y aprovechando que los estudiantes no están en las instituciones educativas, ese programa provincial volvió a ponerse en marcha. Actualmente, se están ejecutando 1.726 obras en diferentes escuelas dentro del territorio bonaerense y se espera que los edificios estén listos para recibir a docentes, alumnos y auxiliares el año que viene. 

De esta manera, mientras que la esperanza de la vacuna contra el coronavirus promete un 2021 mejor, el gobernador Kicillof todavía deberá enfrentar varios desafíos, muchos arrastrados desde este año. Con una fuerte impronta en la obra pública, el Frente de Todos busca reactivar la economía de la Provincia y generar puestos de trabajo pero no será un trabajo fácil.