Tras la falta de acuerdo con docentes y estatales, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires cierra la semana de paritarias con la postergación de la mesa salarial prevista para hoy con los judiciales bonaerenses. El gobierno de Axel Kicillof decidió trasladar la reunión que se llevaría hoy para el próximo martes 5 de octubre y desde el gremio llamaron a un paro total.

En un clima que ya venía complicado de antemano, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) recibió la noticia en medio de “un clima de incertidumbre” sobre las condiciones de negociación de la administración bonaerense. Por esto, decidieron poner en marcha la medida fuerza hasta tanto se reanude la discusión salarial.

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“Llegamos a esta medida de fuerza por la falta de decisión del Ejecutivo provincial de abrir la negociación para la recomposición de nuestros salarios. Desde el mes de mayo venimos reclamando una oferta salarial concreta que garantice que no sigamos perdiendo la carrera contra la inflación, y esta nueva postergación exige reforzar el reclamo construyendo un paro masivo de actividades para que el gobierno entienda que la situación exige una respuesta urgente”, señaló Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.

Según expresaron en un comunicado, la AJB informó que en función de las modalidades de trabajo impuestas durante la pandemia, la medida de fuerza implica “la no concurrencia a los lugares de trabajo para quienes están realizando tareas de manera presencial y apagón informático durante toda la jornada del lunes para quienes están realizando trabajo remoto”.

Cabe recordar que en el acuerdo salarial del primer trimestre el Ejecutivo se comprometió a retomar las negociaciones salariales a principios del mes de mayo. Pese a ello, recién convocó a una primera reunión el 31 de julio, en la que manifestó no poder realizar ninguna oferta de aumento salarial. La AJB reclama que se garantice un “aumento salarial superior o igual a la inflación para 2020, avanzar en un proceso de recuperación del poder adquisitivo perdido durante los años 2018 y 2019 y la liquidación al 3% de los años de antigüedad que se pagan por debajo de ese porcentaje (1996-2005)”.

También el gremio judicial planteó al gobierno la incorporación a planta permanente de las y los trabajadores que actualmente realizan esa tarea contratados por las empresas tercerizadas de limpieza y la creación de una partida extraordinaria para el Poder Judicial que permita financiar gastos en medidas de prevención contra el COVID-19 (instalación de barreras fijas de protección en todos los espacios de atención al público, solución de los problemas en la provisión de equipamiento de protección personal y en el servicio de limpieza).