Roberto Daoud: “Trabajamos para que haya un control social del servicio eléctrico”

Roberto Daoud es abogado y cuenta con una extensa trayectoria en materia del derecho de los consumidores. En su recorrido trabajó en organizaciones de usuarios como Observatorio de Servicios Públicos Provincial, Sindicatura de Usuarios y el Consejo Consultivo de los Consumidores en la Defensoría del Pueblo. Desde la defensa de quienes no podían pagar tarifas o los deudores hipotecarios en la crisis del 2001, a quienes asistió desde DEUCO, la ONG de la cual hoy es Secretario, hasta las resistencias a los tarifazos del macrismo o su  ayuda a los afectados por los créditos UVA, Daoud cuenta con una amplia experiencia en defensa al consumidor desde afuera de la gestión estatal.

Pero también desarrolló, a lo largo de los años, un importante recorrido gestión. En La Plata y bajo el gobierno de Pablo Bruera, se desempeñó como director de Defensa del Consumidor, director general de Comercio e Industria y Defensa del Consumidor, y Subsecretario de Servicios Públicos y Defensa del Consumidor. En 2015 Florencio Randazzo lo designó como director de la empresa de Ferrocarriles Argentinos, y en 2020 Axel Kicillof lo nombró en su cargo actual de Vicepresidente del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires.

Justamente este jueves, el OCEBA realiza una jornada en el marco del día internacional de defensa del consumidor titulada “Regulación social de los servicios públicos y derechos de las personas usuarias”. La misma se llevará a cabo en la Cámara de Diputados provincial, y contará con presencias relevantes de la función pública como también de varias asociaciones de usuarios y consumidores.

¿Cuál el objetivo de la jornada?

-La jornada está enmarcada en el día internacional de los y las consumidoras. Nuestro país tiene una tradición muy importante en lo que tiene que ver con el derecho del consumidor. A principios del siglo pasado ya tuvieron lugar los primeros reclamos de pequeños comerciantes nucleados en asociaciones de usuarios para reclamar contra los aumentos de las distribuidoras de aquel momento, que eran extranjeras. La jornada del 17 nos parece muy importante porque la Provincia de Buenos Aires también tiene todo un recorrido con el derecho de los consumidores, que se ve reflejado en la identidad de la prestación del servicio en la PBA con las cooperativas eléctricas, que no son ni más ni menos que los propios usuarios que se nuclean y tratan de brindar el servicio en aquellas localidades donde el Estado o los privados más grandes no llegan.  El objetivo de la actividad es hablar de la regulación social de los servicios públicos y los derechos de las personas usuarias. Al hablar de regulación social consideramos que hay que ir caminando hacia un lugar donde el centro sea la persona, las viviendas, los tratados internacionales que exigen a los estados la universalidad de los servicios esenciales para que vivan dignamente. Por otro lado, el encuentro también tiene que ver con darle visibilidad al organismo de control. Creemos que en su recorrido el organismo no ha sido tan conocido por los bonaerenses y creemos fundamental que todos y todas sepan dónde recurrir cuando tienen un inconveniente con un prestador de energía eléctrica.

"Durante la pandemia tuvimos que relevar para hacer un mapa propio del estado de las distribuidoras en la Provincia". 

¿Cuál es el estado actual de las distribuidoras en la provincia?

-El servicio público en la provincia no es uniforme en cuanto la prestación, hay situaciones mejores que otras y eso es una realidad que durante la pandemia tuvimos que relevar para hacer un mapa propio. El modelo cooperativo, con lo que puede tener para corregir, es un modelo que tiene que poder convivir con los otros, porque es parte de la identidad del sistema energético de la provincia. Hay 200 cooperativas, muchas de localidades muy chicas de 250 o 350 usuarios que por las características del territorio, si no estuvieran ahí, no habría servicio.

También la importancia que tienen esas cooperativas en la economía, que además de prestar el servicio de energía eléctrica ofrecen otros y existe casi una democracia directa cuando son tan chicas. Después tenés otras más grandes, que tienen otras realidades y se manejan con otra organización más próxima a una lógica empresaria. Y después están las cuatro distribuidoras grandes, EDEA, EDEN, EDES y EDELAP.

¿Y qué se está haciendo en materia de control a esas prestadoras?

-Nosotros hemos comenzado a trabajar fuertemente en lo que es el control y en recuperar algo que no digo que estaba ausente pero sí faltaba, que es la parte punitiva. Cuando las distribuidoras no cumplen con los contratos de concesión ni el marco regulatorio, lo que tiene que haber en consecuencia es una sanción. Estamos apuntando fuertemente  a eso, frente a un incumplimiento generar un proceso de sanción. Nosotros no somos un ente regulador, somos estrictamente un organismo de control.

"Estamos trabajando muy fuerte en las sanciones cuando las empresas distribuidoras no cumplen con los contratos de concesión ni el marco regulatorio".

También estamos trabajando muy fuerte en lo territorial, para que se conozca el organismo. Tenemos reuniones mensuales con todos los municipios que tienen oficinas de defensa al consumidor, tenemos trabajo con una sindicatura de usuarios y asociaciones de consumidores, creamos una mesa de usuarios de la producción, que son los representantes de los sectores productivos como la industria, el comercio, el agro, parea que abordar sus distintas realidades. Tenemos también trabajo con la sociedad argentina de electrodependientes.  Para todo eso generamos un formulario único de reclamos para facilitar el proceso, poner la tecnología a disposición del usuario para agilizar los reclamos y que las personas no recurran solamente al municipio, como suele pasar, sino que lleguen directamente al organismo de control. Trabajamos también en fortalecer las tres delegaciones que tenemos en Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás. En definitiva, buscamos darle volumen al organismo de cara al usuario, para que lo identifique y recurra a nosotros.

En relación a lo que decís sobre los punitivos, ¿las empresas se hacen cargo de las sanciones que les sentencian?

-Hay dos formas de sancionar. Hay multas a favor de los usuarios y otras que son complementarias, que tienen que ver con las correcciones de conductas que se salgan del contrato de concesión por parte de las empresas. Las primeras son automáticas, cuando hay cortes que superan determinada cantidad de horas en un semestre el usuario tiene una compensación que paga la distribuidora. En las sanciones complementarias, que es donde estamos trabajando fuerte porque no era una rutina del organismo, hay bastante cumplimiento de las distribuidoras, que obviamente las cuestionan, apelan, pero una vez que se sanciona las van pagando. Eso nos da una legitimidad como organismo de control, porque el usuario lo que está esperando es que las empresas corrijan esas deficiencias y brinden un mejor servicio, y a eso apuntan estas medidas.

¿Están invirtiendo lo suficiente las distribuidoras, sobre todo las más grandes, para mejorar un servicio que siempre es cuestionado por alguna deficiencia?

-Para tomar un caso y no hablar en abstracto, en los primeros días del año hubo un gran corte endistintos lugares de la provincia, nosotros obviamente intimamos a las distribuidoras a la inmediata restitución del servicio y eso generó la apertura de cuatro sumarios, uno para cada distribuidora, principalmente para saber motivos del corte y si se hicieron las inversiones que se tenían que hacer, y si no se hicieron poder aplicar las sanciones correspondientes e intimarlas para que las realicen. Se busca tener mayor celeridad en los procesos y culminarlos con las herramientas que el marco regulatorio prevee.

Hubo mucha polémica con las distribuidoras bonaerenses durante el Gobierno de Vidal. ¿Existía esta misma voluntad de control en ese momento desde el organismo?

-Yo hace 20 años que estoy en el tema de la defensa del consumidor y conocí etapas mejores que la del organismo durante el gobierno anterior de la provincia. Creo que hay muchos trabajadores de carrera que vienen hace muchos años, con conocimiento y experticia, que saben dónde están los inconvenientes de los prestadores y conocen realmente la provincia. Creo que con todo ese potencial se podría haber hecho un mucho mejor control sobre las prestadoras eléctricas en ese momento. Obviamente que ahora ese desafío es nuestro. Mejorarlo día a día y que ese cuestionamiento que nosotros teníamos redunde en un beneficio para los usuarios a partir de una mejora del servicio por parte de las empresas. Cuando llegamos teníamos una sentencia por un juicio de desalojo, nos teníamos que ir del organismo, así asumimos. No fue responsabilidad de los directores anteriores seguramente porque esto pasa por arriba, pero esa era la realidad de este organismo de control. Por otro lado, la gestión anterior también dejó sin efecto al organismo de control del agua, por ejemplo.

"Cuando llegamos teníamos una sentencia por un juicio de desalojo, nos teníamos que ir del organismo, así asumimos".

Nosotros buscamos algo distinto para ejercer el control, algo más cercano a los usuarios, escuchar, conversar, entender las complejidades de una provincia tan grande y diversa. En definitiva, poner a OCEBA al servicio de ciudadanos y ciudadanas de la provincia. En los cuatro años del gobierno anterior el organismo no estuvo al servicio de los ciudadanos, esa es la diferencia importante que tenemos que ir logrando día a día.

¿Y qué está haciendo el Gobierno actual de la provincia para mejorar el servicio?

-Hay dos cuestiones. Una a favor de los usuarios, que fue dejar sin efecto los aumentos de la revisión tarifaria integral que se tendrían que haber aplicado a partir del año pasado, que eran aumentos muy importantes. Se frenó porque significaban más de 150% de aumento de lo que terminaron siendo las facturas del año pasado. Y lo segundo, que hace a la sustentabilidad del servicio tiene que ver con el apoyo con recursos a cooperativas conformadas por usuarios y ciudadanos, a las que el Gobierno de la provincia considera fundamentales para el sostenimiento del servicio de energía eléctrica. Me parece que son dos definiciones del Gobierno bonaerense que no solo dan una muestra sino también un horizonte hacia donde estamos caminando. Tener un servicio sustentable y que sea universal.

Hay una importante discusión por el tema de los aumentos tarifarios, que viene desde el año pasado incluso con posturas encontradas dentro del oficialismo, y que hoy se ve potenciada por el acuerdo con el FMI. ¿Cómo ves la estrategia del Gobierno para definir esos aumentos?

-Hablando desde el organismo de control, el interés de los usuarios y la necesidad de sostener el servicio, hay una línea muy delgada que es que los contratos de concesión te marcan que el servicio debe ser universal. Esa universalidad es por la definición misma de servicio público, que cada ciudadano bonaerense pueda acceder a la energía eléctrica. Para eso necesitamos tener una tarifa justa y razonable. Para los sectores que por distintos motivos no puedan acceder económicamente, existe la posibilidad de la tarifa social. La universalidad hay que garantizarla y fortalecerla. Y el otro punto también es la sustentabilidad del servicio. Creo que hay señales del Ejecutivo provincial de sostener a aquellos sectores que puedan estar más afectados por la falta de una tarifa y acompañarlos con políticas públicas, como la mencionada sobre las cooperativas. Dentro de esos parámetros, los acuerdos internacionales deberá trabajarlos el Gobierno nacional, es algo que a nosotros desde el OCEBA nos excede, pero hay bases muy sólidas desde lo que es el derecho de las personas usuarias que tienen que ser respetadas más allá de las necesidades que pueda tener el Estado nacional.

¿Hay alguna línea definida para la implementación de los aumentos en la PBA?

-Lo que haya siempre va a estar en correlación con lo que surja de Nación. Hay una idea de trabajar en conjunto esas pautas porque en definitiva el usuario es único, hay que tender a unificar las diferencias jurisdiccionales respecto a las las cuestiones tarifarias.

"El costo de las tarifas deben ser justas y razonables. Lo central es  que las tarifas estén acordes a las posibilidades de cada usuario y cada hogar".

¿Cuánto deberían subir entonces las tarifas?

-El costo de la tarifa tiene que estar observado desde la idea  que las tarifas deben ser justas y razonables, que cada usuario pueda acceder al servicio y que el servicio sea sustentable, ni más ni menos que avanzar hacia la equidad. Después, lo central es  que las tarifas estén acordes a las posibilidades de cada usuario y cada hogar.

¿Cómo ves el impacto del contexto internacional en este sentido?

-Hablando como un organismo que pretende representar los intereses de los usuarios, me parece que aún no ha llegado el impacto concreto en lo que es la prestación del servicio. Más que un impacto hay una gran expectativa de ver cómo, cuánto y las consecuencias de todo esto. Tenemos un estado de expectativa, observación y mucha atención para poder atender cualquier consecuencia que esto traiga aparejada. Esa es nuestra función.

Al principio me hablaste de caminar hacia un control social de la prestación del servicio. ¿Cómo sería eso en términos de horizonte, y qué se puede hacer para ir en esa dirección?

-Tenemos una figura legal creada por la legislación que se llama organismo de control. Desde lo administrativo y jurídico eso es una parte. Y después está el desarrollo de todas las virtudes que puede tener la acción de control, y el verdadero control social arranca cuando el organismo es conocido. Para que eso pase hay que difundir al organismo a través de organizaciones intermedias, los gremios de la actividad, las instituciones municipales, etc. Si El organismo de control no se contacta con las oficinas de defensa al consumidor de los municipios, la defensoría del pueblo, etc. perdés gran capacidad de control, porque ellos son los que reciben los reclamos. Hay que ir hacia el lugar donde están los reclamos. El control social pasa por el conocimiento del organismo y la legitimidad que tiene que tener a partir de dar respuestas concretas, que sea un caminar en conjunto con todos los sectores de la comunicad. Tiene que haber un diálogo permanente y en eso es en lo que trabajamos todos los días.