Sin peaje en las rutas hacia la costa bonaerense por una protesta sindical
El primer lunes del año arrancó con un paro sorpresivo de SUTPA. Es por tiempo indeterminado
A partir de esta madriugada, los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y de las rutas que conducen hacia la costa atlántica bonaerense (Ruta 2, Ruta 11 y Ruta 74) no están funcionando debido a una protesta sindical.
De manera sorpresiva y por tiempo indeterminado, el Sindicato Único de Trabaajdores de Peajes y Afines (SUTPA) levantó las barreras desde temprano para denunciar supuestos incumplimientos por parte de AUBASA, la empresa concesionaria de las rutas.
"Es la empresa peor gestionada de la Argentina", señalaron desde SUTPA y aseguraron que la firma aún no cumplió con más de 100 efectivizaciones y 40 recategorizaciones. A su vez, denuncian que adeuda más móviles de seguridad vial y exigen la reincorporación de un gerente de sistemas que había sido despedido.
"Supuestamente hay un proyecto que contemplaría nuevos trabajos en sistemas para 20 compañeros. Queremos que se tenga en cuenta a los trabajadores de planta permanente para que tengan la posibilidad de ocupar estos lugares mediante capacitaciones", agregaron desde el gremio que conduce Facundo Moyano.
La medida afecta a todos los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA) y AUBASA cuestiona la medida por considerarla “totalmente injustificada”. "Se encuentra vigente el acuerdo paritario; estamos entregando la indumentaria y materiales en tiempo y forma para la temporada estival; los aportes sindicales están al día; los sueldos y el aguinaldo fueron abonados normalmente", argumentaron.
Y agregaron: “Estamos pagando el bono que recientemente indico el estado nacional; a pedido del sindicato, hemos preparado un plan de reconversión laboral que mejoraría las condiciones de trabajo de los colaboradores, pero el SUTPA aún no ha querido tomar conocimiento del mismo en las mesas bipartitas”.
AUBASA calcula que, hasta el momento, la medida de fuerza adoptada por el sindicato le costará a la Provincia alrededor de 60 millones de pesos y recurrió a los Ministerios de Trabajo bonaerense y nacional para pedir que se dicte la conciliación obligatoria.