La política argentina se unificó en un tema trascendental como es el del encarcelamiento para los genocidas de la última dictadura cívico-militar. A pesar de que desde la oposición señalaron al gobierno de Mauricio Macri como responsable de la decisión de los jueces de la Corte Suprema de beneficiar con el 2x1 a los represores, a los pocos días -un tanto lentos de reflejos- salieron a repudiar el fallo y a manifestarse en contra al ver la reacción de la mayoría de la sociedad argentina. 

En este contexto es que en la Cámara de Diputados se dio media sanción a un proyecto que busca excluir a los delitos de lesa humanidad del beneficio del 2x1, luego de la polémica desatada a partir del fallo de la Corte Suprema que otorgó ese beneficio a un represor condenado. Ahora será el Senado el responsable de la decisión final. 

Lo cierto es que esta abrumadora mayoría que votó a favor en Diputados de ese proyecto de Ley contra el 2x1 para represores (211 votos a favor y solo uno en contra) hace que baje un poco la tensión en torno a la marcha que se realizará hoy en Plaza de Mayo en repudio al fallo de los tres jueces de la Corte Suprema.

El único legislador que votó en contra fue el polémico Alfredo Olmedo, quien argumentó que "la solución para que termine todo esto es que como los juzgaron a los militares, también tienen que juzgar a los terroristas. Ahí va a haber una igualdad". 

Cabe señalar que el texto de la normativa plantea que el artículo 7 de la derogada ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal para otorgar el cómputo del 2x1 al represor Luis Muiña, "no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".