La discusión sobre la ley de ART propuesta por Cambiemos hace eje en los costos empresariales debido a litigios que emergen de los accidentes de trabajo. La idea central es suturar la litigiosidad, los costos de las empresas, en vez de prevenir los accidentes de trabajo.

No es ninguna novedad que Macri haya intentado imponerla por decreto. Tampoco es una novedad el espíritu que motiva la votación de esta ley. Las decisiones del Presidente son consecuentes desde que asumió el gobierno, pero pareciera que en 2017 busca pisar el acelerador.

En pocos días de este nuevo año, vemos la confirmación y duplicación de los tarifazos energéticos. Vemos el aumento de los alquileres, el aumento de los peajes, oscilando entre 120% y 250%, la profundización gradual de la apertura de importaciones reflejada en los cierres de las fábricas en distintas provincias Santa Fe, Tierra del Fuego, Buenos Aires (por citar algunas). La abrupta caída de la siderurgia rozando el 12% en lo que va del año, la represión a los trabajadores de la vía pública, la ley de emergencia social estancada luego de casi dos meses de su sanción, lo que no vemos es salida ni luz alguna al final del túnel.

Entonces esta Ley, que pareciera tema distinto, no hace más que correr en el mismo sentido. Entre la ineptitud y la obscenidad, Cambiemos lleva adelante su programa el de destruir el trabajo y los derechos, haciéndonos priorizar como dicen los especialistas- la litigiosidad en vez de estar discutiendo la siniestralidad. Es decir en vez de preguntarnos por qué -al menos- dos-trabajadores mueren por día en accidentes laborales, estamos discutiendo cómo hacer para que las empresas paguen menos en caso de accidentes.

Podríamos estar discutiendo cómo velar por las condiciones de trabajo, de seguridad, ambientales, multas a las patronales para reducir la posibilidad de accidentes. Pero no, estamos discutiendo la ganancia de las empresas en detrimento de los y las trabajadoras.

Como si fuera poco, otro dato contextual en la misma línea mientras todo aumenta, mientras los puestos de empleo se pierden formales o informales-, mientras se pisan los salarios, el gobierno decide también coronar su accionar desviando 70mil millones de pesos del Estado hacia el bolsillo de unos pocos. Es decir, los recursos con que el trabajo argentino alimenta las arcas del Estado se van a usar para pagar los negociados de los ricos que nos gobiernan los Macri.

Igual que con las mineras, las exportadoras de alimentos, igual que con las empresas de energía, todas medidas son a favor de empresas multimillonarias. Tiene sentido, porque un gobierno de empresarios ricos obviamente gobierna solamente para ricos.