No es ninguna novedad hablar de hacinamiento en los lugares de detención dentro de la provincia de Buenos Aires, sin embargo los números actuales exponen que la situación de los calabozos en las comisarías es la más grave de los últimos 15 años. La capacidad actual es de 1.199 plazas, pero los detenidos son alrededor de 5.480.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria aseguran que “los índices de sobrepoblación y hacinamiento extremo, sumadas a las atroces condiciones de detención, se constituyen torturas y malos tratos que se agravan frente a la falta de mecanismos de control y cuidado para atender situaciones ocasionadas por la pandemia del COVID-19”.

La CPM realizó inspecciones en la Comisaría Tercera de Quilmes y en la Segunda de Virrey del Pino. Ambas están alcanzadas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la realidad es que siguen alojando personas en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, hecho más grave aún en el marco de la pandemia.

Según los datos difundidos por el organismo provincial, el mes de agosto registró un récord de sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías de la Provincia que ascendió al 357 %.  En ese marco, en el caso de la comisaría de Quilmes, la CIDH prohibió su funcionamiento en 2019 y se encuentra clausurada por una orden judicial de junio de 2020. Sin embargo, varios detenidos siguen siendo alojados allí. Antes de esta clausura el cupo disponible era de 12 plazas, pero en la inspección realizada, se constató que había 52 personas detenidas.

“Las 52 personas detenidas conviven en dos celdas colectivas y cuatro individuales”, describieron desde la CPM. “Comparten un sector común que es un espacio cerrado, sin ingreso de luz natural ni ventilación. El encierro y la humedad densa dificultan la respiración. Todos comparten un único inodoro. Para dormir se reparten entre camastros de cemento y el piso”. Además, en la sede policial sólo hay 10 colchones, por lo que la mayoría de los detenidos duerme sobre mantas en el piso o se turnan para descansar.

En el caso de la comisaría de Virrey del Pino, no hay una clausura judicial,  pero sí se encuentra alcanzada por una medida cautelar que la CIDH emitió en 2016. A través de ella el organismo internacional prohibió el alojamiento de personas en dicha sede policial. No obstante, durante la inspección se constató que había 33 personas detenidas, en un lugar que tiene cupo para 8.

“Además de la sobrepoblación, hacinamiento y condiciones inhumanas de detención, se comprobó particularmente la evidente ausencia de mecanismo de control y cuidado respecto de situaciones de riesgo vinculadas con la pandemia de COVID-19”, denunciaron desde la CPM y agregaron que “las personas que ingresan detenidas son alojadas en celdas donde ya hay otras personas sin que se les aplique ningún protocolo preventivo”.

“Cabe señalar que en ambas comisarías, la mayoría de las personas se encuentran allí por delitos menores y han permanecido detenidas más tiempo del que se establece por ley; varias de ellas durante muchos meses llegando a casos que superan el año de detención en comisarías”, describieron.

“Es imperioso y urgente que el Estado provincial tome definiciones políticas que contribuyan a revertir estas graves violaciones de derechos humanos” sentenció el organismo provincial.