El reciente anuncio de la suba de la tasas de interés por parte del Banco Central (BCRA) implica, sobre todas las cuestiones, la continuidad de la recesión en la economía nacional. Dicha política ha sido explicada en la intención de frenar la escalada inflacionaria en los primeros tres meses del corriente año, utilizando lo que en materia de política económica se llama estrategia de metas de inflación. La tasa fue ubicada en niveles del 26,3% aumentando un punto y medio la tasa de interés de referencia.

La decisión fue tomada luego del anuncio de la inflación del 2,4% en el mes de marzo por parte del INDEC. Este número se suma a lo ocurrido en enero (1,3%) y febrero (2,5%), sumando un 6,2% en sólo un trimestre. Cuando se observan los rubros principales estuvieron por encima del promedio mensual se ve que alimentos y bebidas (+3%), indumentaria (+4,8%) y educación (+5,6%) afectan de sobremanera a sectores medios y a aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad.

El resultado instantáneo que genera este tipo de estrategia de control de precios es el freno a la actividad económica, pues se encarece el crédito y se hacen más rentables los negocios especulativos que poco tienen que ver con la llamada economía real. En otras palabras, cierran fábricas y comercios y, en contraposición, se favorece la timba financiera.

El poder adquisitivo general ha mermado en los primeros meses de este año, viniendo ya de la pérdida de entre el 10% y el 15% en 2016, según sector y ramas productivas. A esta situación de pérdida de poder adquisitivo se le suma el conflicto docente y la presión gubernamental a los diferentes sindicatos para negociar paritarias por debajo del 20%, anclado en el discurso oficial que planteó que los aumentos de precios rondaran el 17%  o 18%.

Dicha cifra resultaba difícil de creer en un comienzo, cuando se pactaron incrementos a lo largo de todo 2017 para combustibles, obras sociales, servicios públicos como el agua, la luz y el gas, etcétera. La realidad de los primeros meses marca que esa cifra se alcanzará, si uno hace el ejercicio de anualizar los resultados de este primer trimestre, en nueve meses se alcanza el 19%, dos puntos por encima de la pauta establecida.

Hace algunos días, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó su habitual informe sobre las ventas minoristas que, en el mes de marzo, registró -4,4%, consolidando la caída del -3,7% en el primer trimestre del 2017 en comparación con el mismo período del año anterior. Los comercios entonces están experimentando un problema de difícil solución cae la demanda de los productos que comercializan, por un deterioro evidente en los salarios, y le suben los costos fijos como los alquileres, la electricidad, el agua y el gas.

El sector que, sin dudas, es el más perjudicado por este tipo de políticas es la industria manufacturera local. Desde ya, también experimenta este proceso de caída en las ventas y suba de costos -sobre todo de la electricidad y el gas, claves para cualquier proceso productivo industrial-, pero a esos problemas se le suma la apertura comercial ya iniciada y el planteo, por parte del gobierno, de impulsar las importaciones -aún más- con el objetivo de bajar los precios de los productos industriales. Este conjunto de medidas han generado que la industria, según datos oficiales del propio INDEC, experimente una caída en febrero del -6%, sumando un -3,5% en el primer bimestre del año.

El correlato de esta situación tiene que ver con la problemática laboral en el sector industrial, que al 28/02 de este año ya acumula 93.704 despidos y suspensiones, es decir un 54% de todos los despidos en el ámbito privado. Los sectores más golpeados han sido el sector metalúrgico, textil, automotriz, petrolero y electrónica de consumo.

La respuesta a todos los problemas productivos se encuentra, en términos del propio gobierno, a través de las inversiones extranjeras. Pero el problema básico reside en que no es rentable una inversión productiva hoy en Argentina.

Cualquier inversión que se enfoque en la economía real presenta los riesgos lógicos de todo emprendimiento productivo. En principio los costos de producir -tarifas de luz y gas- están siendo cada vez mayores. A su vez, cualquier inversor requiere de una demanda interna con dinamismo para poder tener a quien venderle lo que se produce. O, en algún caso, un mercado internacional atractivo para recibir producción nacional. En ninguno de los dos casos esto es así el mercado interno está muy debilitado con perspectivas por demás negativas y el mundo está experimentando un doble proceso que consta de mayores iniciativas proteccionistas por parte de los principales países del mundo y de un exceso de productos ofertados a bajo precio, con los cuales resulta muy difícil competir.

Ahora bien, si el BCRA asegura que el inversor puede ganar 26,5% anual en herramientas financieras sin los riesgos de la producción, no hay que poder ver el futuro ni ser un letrado para entender hacia dónde van los capitales que ingresan al país. El problema, encima, no es solamente que ingresan a sectores que no generan trabajo o valor agregado, sino que las ganancias conseguidas se van del país.

El mecanismo es el siguiente. Las inversiones llegan desde el exterior en dólares. Se pasan a pesos -en un tipo de cambio que está planchado generando un atraso cambiario que ya se ha hecho notar por algunos sectores agroexportadores-. Una vez en pesos se colocan en las herramientas financieras que fomenta el BCRA y se valorizan -en Lebacs, por ejemplo-. Una vez que ese dinero está valorizado, se cambian a dólares (es importante recordar que ya no hay reglamentaciones para la compra de dólares por persona) y una vez en dólares vuelven a sus lugares de destino. Si el lector se pregunta cómo se consiguen los dólares para esta bicicleta, basta con ver el balance financiero del gobierno que en sólo tres meses tomó deuda por más de 20.000 millones de dólares. Este mecanismo se lo conoce como valorización financiera.

Estas medidas, entonces, favorecen a sectores que muestran enormes rentabilidades en detrimento del conjunto de otras actividades. El problema reside en que los sectores que salen perjudicados son aquellos que mayor empleo generan, como ser la industria o el comercio. Este proceso de aumento de las problemáticas en términos laborales, productivos y de ingresos han generado un aumento en la desigualdad en nuestro país.

Por poner sólo un ejemplo, la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires midió los ingresos para el año 2016 y comparó lo ocurrió el año anterior. Cuando analizan el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad entre 1 y 0, siendo 1 la mayor desigualdad y 0 la mayor igualdad), en la CABA el Gini aumentó del 0,416 en 2015 al 0,424 en 2016, lo que implica un aumento de la desigualdad en el distrito de mejores ingresos del país.