El caso del carnicero Daniel "Billy" Oyarzún, quien tras sufrir un robo en su comercio persiguió a los asaltantes y atropelló y dio muerto a uno de ellos, ha pasado a dirimirse en los medios de comunicación, redes sociales e irrumpido, de la mano del presidente, en el debate sobre política criminal.

En relación al hecho en sí, a priori no constituye un caso de legítima defensa , dado que no cumple los supuestos legales para que se encuadre como tal.

Para que exista legítima defensa como causal de justificación de una conducta encuadrada como delito (en este caso, el homicidio), el Código Penal requiere que la agresión sufrida sea actual e inminente . En el caso de Oyurzún, el robo y el peligro contra su persona habían cesado cuando salió a perseguir a los ladrones, provocando con esa acción riesgos para sí y para terceros. Fue en ese segundo momento que dio muerte a quien lo había asaltado. Por este motivo, el fiscal actuante calificó el hecho de homicidio simple .

Dicho esto que a su turno será objeto de un debate en el ámbito de la justicia penal ordinaria , que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, haya declarado públicamente que Oyarzún debería estar libre constituye un esbozo de política de Estado muy alarmante.

El presidente les señala a los jueces su pretensión de cómo deben aplicar e interpretar las leyes, en el marco de una seguidilla de manifestaciones algunas muy numerosas, como las que tuvieron lugar en Rosario en reclamo de seguridad. El mensaje presidencial a la sociedad ofrece un aval a los linchamientos, desviando el eje de la responsabilidad del Estado.

El aliento de Macri al carnicero Oyarzún es funcional a la pretensión del gobierno de desviar la discusión social sobre la inseguridad ciudadana hacia el tema de la legitimidad o no de la aplicación de justicia por mano propia .

La llamada inseguridad que castiga a las familias trabajadoras está estrechamente vinculada a la descomposición de las fuerzas de seguridad, que se han criminalizado al punto de convertirse en el principal factor de articulación del delito organizado narcotráfico, contrabando, desarmaderos de autos, zonas liberadas, trata de personas y un largo etcétera en todo el país. Ya no se trata de robos al voleo sino de actividades criminales de porte, que involucran a grupos capitalistas, desde bancos hasta casinos. La purga de la policía bonaerense iniciada por María Eugenia Vidal no es tal, ya que apenas fueron exonerados 150 de los 1650 policías sumariados y todos los días aparecen sobres con dinero en las comisarías y otras pruebas de la connivencia policial con la delincuencia.