A pesar de las desmentidas oficiales, el gobierno macrista ha construido su propio muro contra la inmigración. Nos referimos al decreto que modifica la ley de migraciones; y que fue apoyado por casi toda la "oposición". 

Entre otras cuestiones  

- Reduce de 180 a 90 días la vigencia de las residencias precarias, cuya prórroga, añade, no "resulta residencia válida a los efectos del arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente".   Establece, por lo tanto, un sistema de prórrogas indefinidas, sujetas a la arbitrariedad de una omnipotente dirección de Migraciones. A su turno, el Estado podrá conceder una  "permanencia transitoria", que se extinguirá cuando  "se desnaturalicen (sic) los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento".  ¿Puede haber algo más discrecional que el término 'desnaturalizar'?

- Impide "el ingreso al país de aquellos que tengan  antecedentes o condena no firme en la  Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad". En la ley original, ese impedimento se reducía a las condenas -en firme- con tráfico de armas, de personas, narcotráfico o lavado de dinero. Por los mismos motivos - antecedentes, condena no firme "o desnaturalización" de las razones del ingreso-, el Estado podrá disponer la salida del extranjero que ya ingresó al país.   Basta, por lo tanto, un simple procesamiento,  para que el Estado disponga una expulsión.

-La dirección de Migraciones, sin embargo, podrá otorgar perdones "excepcionales", por caso,  "a los que brinden en sede judicial información (sobre) alguno de los delitos contra el orden migratorio". Estamos ante una variante de la "ley del (migrante) arrepentido", donde la permanencia en el país será condicionada al aporte de "informaciones", que, por esa misma razón extorsiva, serán de dudosa validez.   

Según se informa, esta norma será complementada, por la creación de una policía y de un fuero judicial migratorios, a la medida de la disposición oficial.

El decreto le otorga superpoderes a un Estado y a unas fuerzas de represión surcadas, precisamente, por sus vínculos estructurales con el delito organizado.  Ese Estado tendrá amplias facultades para extorsionar a los inmigrantes con sus recursos conocidos "plantar" pruebas, fabricar evidencias, promover falsas delaciones- y, sobre esta base, extorsionar al inmigrante con "legajos limpios" a cambio de participar en las redes delictivas que cuentan con protección estatal. Nos referimos, por un lado, al tráfico de drogas. Y por el otro, a la trata de personas y el sometimiento al trabajo semiesclavo, en los sórdidos talleres clandestinos que pululan a la vista de los "inspectores" de trabajo

El control migratorio no alcanzará a los "Mi Sangre" y otros jefes narco que han vivido en el Delta del Tigre y otros paraísos de la especulación inmobiliaria.

Por otra parte, el mismo gobierno que ha establecido este estatuto persecutorio viene de premiar a los zares del lavado con un generoso blanqueo de capitales.  La escalada antimigratoria, por lo tanto,  sólo ataca a los migrantes trabajadores, para facilitar su sobreexplotación en todos los planos.  Es necesario desarrollar una denuncia enérgica del decreto antimigratorio, que no es sólo una lucha democrática sino también por la unidad de todos los trabajadores nativos y extranjeros- en defensa de sus conquistas y condiciones laborales. La persecución al extranjero sólo apunta a deprimir, todavía más, el piso de la condición de vida y de trabajo de toda la clase obrera.