La declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud del estado de pandemia provocado por la COVID-19 el pasado 11 de marzo generó una gran preocupación en todos los sistemas de salud. Los casos de Italia y España fueron experiencias que alertaron al gobierno argentino sobre la necesidad de tomar medidas preventivas que, hasta el día de hoy, siguen siendo el distanciamiento y el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Cuesta pensar en un escenario de pospandemia a la luz de los nuevos brotes de COVID-19 en países que habían logrado controlar la curva de los contagios y las muertes. Mientras tanto, en la vorágine de lo que trajo esta crisis sanitaria sin precedente podemos permitirnos hacer algunas reflexiones sobre las políticas de salud ante un horizonte de pandemia prolongada. 

Empezaría por destacar las diferentes maneras de encarar la emergencia sanitaria que podemos observar en el mundo y en la región. La actitud responsable del presidente Alberto Fernández contrasta con la negación y el laissez faire del gobierno de Jair Bolsonaro. Los resultados en cantidad de contagiados y pérdidas de vidas están a la vista y revelan los condicionantes políticos de la salud. Las medidas tomadas por el ejecutivo nacional van en la línea de una participación activa del Estado como garante del bienestar y de la salud de lxs cuidadanxs. Quedó en evidencia con la inmediata restitución del Ministerio de Salud de la Nación que había sido rebajado al rango de Secretaría durante el gobierno de Mauricio Macri, en un claro acto de desjeraquización de la salud pública en su programa de gobierno.

Desde el 20 de marzo, cuando se estableció el ASPO cada una de las acciones del ejecutivo superaron ampliamente los temas sanitarios y reflejaron una concepción integral de la salud, entendida como calidad de vida y también, pero no solo, como atención médica. El Estado argentino recuperó la inversión en infraestructura sanitaria construyendo y habilitando hospitales, lugares de aislamiento, suministrando equipamiento y elementos de protección personal para quienes trabajan en los servicios de salud.

Sin embargo, la mayoría de estos esfuerzos refieren a una concepción aparatosa de la atención sanitaria, basada en tecnologías duras. En menor medida, se ha hecho mención a las tecnologías leves, los cuidados humanizados y el papel de lxs trabajadores esenciales de la salud en la promoción y prevención de las enfermedades.

Los recursos humanos en salud son una pieza clave en esta emergencia. Sin embargo, en Argentina, prácticamente la mitad de quienes trabajan en el sector salud están en situación de pluriempleo y cumplen con largas jornadas de trabajo. Los más de cuatro meses de circulación del virus suponen una exposición sostenida a situaciones que provocan desgaste, cansancio y estrés; afectan la salud psicofísica, aumentan el riesgo de cometer errores y contagiarse ellos y los familiares con los que conviven. En el plano emocional lxs trabajadores de la salud expresan sentir miedo, incertidumbre, ansiedad e inseguridad asociados al temor y a los riesgos de contagio. En algunas jurisdicciones del país el personal de salud es escaso, pertenecen a los grupos considerados de riesgo (por edad o por morbilidades preexistentes) y se sabe también que no se cuenta con reemplazos. Formar recursos humanos en salud lleva tiempo y hay quienes se arriesgan a pensar que la crisis sanitaria vendrá por el déficit de personal calificado y no por la falta de camas.

En mi barrio, durante las primeras semanas del ASPO, la gente se asomaba a las ventanas para aplaudir al personal sanitario como forma de reconocer la tarea invalorable que llevan adelante. Desde hace meses ya nadie los aplaude, sin embargo continúan con su tarea, algunxs se han contagiado, otrxs han sufrido agresiones y casi todxs han perdido colegas.

El sistema de salud necesita contar con recursos humanos calificados, adecuados y distribuidos de acuerdo a las necesidades de cada jurisdicción del país, motivados y contenidos por las instituciones donde se desempeñan. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo ha advertido a los países sobre la necesidad de invertir en el personal de salud así como garantizar condiciones decentes de trabajo para el sector. Según la Organización Panamericana de la Salud, en 2018, Argentina contaba con 4,24 enfermerxs por cada 10 mil habitantes, cantidad que contrasta con los 7,10 de Brasil, 18 de Uruguay o 22 de Chile. Además, del total del personal de enfermería prácticamente la mitad son auxiliares (48%), el 41% son enfermerxs profesionales y sólo el 11% son licenciadxs.

La  falta de personal de enfermería forma parte de una deuda estructural e histórica del sistema de salud argentino. Desde hace unos años se observan iniciativas que fomentan la profesionalización de la enfermería como la creación de nuevas carreras universitarias y el Programa Nacional de Formación de Enfermería. Sin embargo, las condiciones ambientales y de trabajo de este colectivo siguen siendo un factor desalentador para la elección de esta profesión. Trabajar para saldar esta deuda debería ser una tarea a encarar en lo inmediato, o a más tardar, en la tan esperada pospandemia.

*Doctora en Ciencias Sociales.  Investigadora y Docente Universitaria. UBA - UNMDP - UNPAZ