Recientemente el FMI concluyó la revisión anual del Artículo IV de la economía argentina. La evaluación preliminar pondera vigorosamente las reformas económicas implementadas desde la asunción de Cambiemos, observa que el déficit de cuenta corriente, el creciente endeudamiento y la apreciación real del tipo de cambio son fuente de vulnerabilidades, y reclama acelerar la agenda de transformaciones a través de la baja de déficit fiscal a nivel nacional y provincial, la reforma impositiva, la flexibilización laboral y la eliminación de las trabas burocráticas que desalientan el comercio.

Este ejercicio de monitoreo macroeconómico había estado suspendido entre 2007 y 2015 debido a que el gobierno kirchnerista rechazaba la orientación política de las recomendaciones del Fondo. Desde la vereda opuesta, se advertía el interés por evitar un peritaje que podría encontrar inconsistencias metodológicas en el índice de precios al consumidor.

A partir del triunfo de la coalición Cambiemos se retomaron las evaluaciones macroeconómicas del FMI como parte de un programa económico que pone al endeudamiento como eje del crecimiento. No obstante, la reaparición del FMI se da en el marco de un retorno más amplio del organismo a la región, que, parafraseando a Aníbal Troilo, aunque parece haberse ido, siempre está volviendo.

En 2007 la deuda de América Latina y el Caribe con el FMI se había desplomado a 804 millones de dólares, un valor exiguo y el menor desde 1970 en términos reales. La bonanza económica derivada del boom de las materias primas y el interés de los gobiernos progresistas por ganar márgenes de autonomía financiera habían permitido cancelar rápidamente la deuda con el FMI. Pero a cuatro años del estallido de la crisis financiera los créditos pendientes con el Fondo se habían triplicado (para luego disminuir un poco), y se habían aprobado líneas de crédito precautorias por 80 mil millones de dólares.

A partir de la crisis financiera internacional el G20 reposicionó al FMI como el supervisor de la estabilidad financiera internacional, para lo cual se incrementaron sus recursos a más de 1.100 millones de dólares a través del aumento de las cuotas y acuerdos multilaterales y bilaterales con varios países, entre los cuales se encuentran varios emergentes. Asimismo, el Fondo introdujo modificaciones en su política de condicionalidad que, aunque moderaron algunas de las medidas más intrusivas, no eliminaron el sesgo ortodoxo.

Si bien el Fondo concentró el grueso de su intervención en la periferia de Europa, también incrementó su participación en la región, que hasta el momento se ha dado en dos carriles: el rol tradicional de prestamista junto a la situación novedosa de ser deudor. Comencemos por esto último. La necesidad de incrementar sus recursos y la demanda de los países en desarrollo por aumentar su poder en la gobernanza financiera global, confluyeron en el hecho inédito de que Brasil, México y Chile sean prestamistas del FMI. No obstante, se trata de un aporte limitado en términos relativos y las proyecciones para estas economías no hacen prever un dinamismo exagerado.

En relación con su rol de prestamista, su intervención financiera privilegió la aprobación de créditos precautorios (similares a un “descubierto” que no necesariamente incluye desembolsos), que se concentraron en México y Colombia, con quienes acordó cuantiosos programas bajo la nueva Línea de Crédito Flexible, y en Centroamérica y el Caribe, donde aprobó acuerdos Stand-by y también realizó desembolsos respectivamente. Se trata de naciones que sufrieron en mayor medida el impacto de la crisis dada la vinculación estrecha de su ciclo económico con el de los EE.UU. Por último, el Fondo limitó sus desembolsos a naciones caribeñas de ingreso bajo, en especial República Dominicana y Jamaica.

La ausencia de una red financiera regional robusta y la probable suba de las tasas internacionales podrían favorecer el retorno del financiamiento del FMI a América del Sur. Es probable que una mayor intervención del organismo refuerce el giro político conservador que se abrió desde la retracción de los gobiernos progresistas que caracterizaron a la década de 2000. Con contadas excepciones (Venezuela, Bolivia), Latinoamérica relegó al sector público mientras vigorizó la seducción al sector privado. Un aumento de los préstamos a la región implicaría la aprobación de acuerdos que conducirían a un mayor condicionamiento de las políticas económicas regionales hacia la ortodoxia, con el consiguiente aumento de la desigualdad de ingresos y la profundización de la retracción del sector manufacturero.

*Sociólogo. (CONICET / IDAES-UNSAM / FLACSO)