A raíz de la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) a una marcha el próximo 7 de marzo y la posibilidad de un posterior paro general, se generaron discusiones acerca del diagnóstico y del rumbo sobre la política económica adoptada por el Gobierno. 

El informe presentado el pasado 18 de enero por el INDEC, llamado "Estadísticas de registros Laborales", estima que desde que asumió el gobierno de Cambiemos, hasta el tercer trimestre de 2016, se perdieron alrededor de 128 mil puestos de trabajo y más de 5100 empresas cerraron sus puertas. 

A esto hay que agregarle el incumplimiento de los empresarios frente a los acuerdos de la mesa de "Diálogo por la producción y el trabajo", de fines del año pasado, que establecieron el cese de despidos hasta marzo de 2017. El panorama para este año no parece ser muy alentador. 

Apenas un día antes de la publicación del informe del INDEC el Presidente dijo que "en la Argentina está creciendo el empleo y esto es coherente con que hemos empezado a crecer". Estas declaraciones no sorprenden si recordamos que durante su primer año de gestión apenas reconoció el problema de desempleo. 

De hecho, cuando desde el Frente Renovador en  el Congreso presentamos proyectos para fortalecer a las PYMES, las principales dadoras de trabajo del país, e intentamos facilitar instrumentos que logren mantener los niveles de empleo, el Presidente nos respondió vetando la ley de Emergencia Ocupacional, una ley que buscaba la protección de las fuentes de trabajo y de cada familia de cada trabajador argentino.  

Todo el año pasado advertimos que debíamos interceder para evitar las suspensiones, la caída en el sector privado, la falta de incentivos para las Pymes, pero lo cierto es que tuvimos poco eco. 

Cuando los índices de desempleo aumentan a causa de los despidos, las acciones para revertir esa realidad se convierten en una prioridad por encima de otras cuestiones. Pues sin empleo digno no es posible el desarrollo ni el crecimiento del país.

El Gobierno debe ejecutar acciones dirigidas a sostener y a fomentar la creación de empleo y reinsertar laboralmente a los trabajadores que fueron despedidos, que precisan de soluciones inmediatas y que no pueden esperar tan pacientemente el crecimiento y la reactivación del país. 

Coincidimos con el diagnóstico de la CGT, la política económica del gobierno continúa debilitando al mercado interno, pilar esencial para la generación de nuevos puestos de trabajo. Este 7 de marzo vamos a acompañar la movilización en rechazo a los despidos y suspensiones, en defensa de las paritarias libres y los convenios colectivos y exigiendo el freno al aumento indiscriminado de tarifas. 

Durante el 2017 seguiremos defendiendo a los trabajadores, a las PYMES y construyendo y aportando herramientas para crear más y mejor empleo. 

En tanto, si el Gobierno toma nota de los reclamos de los ciudadanos y desarrolla políticas públicas en consecuencia, puede que en algún momento llegue la "revolución de trabajo", pero por ahora parece estar bastante lejos.