Hacia 1925, cuatro años antes del derrumbe económico iniciado con el crack de la bolsa de Nueva York, el famoso economista inglés y hombre de estado John Maynard Keynes, afirmaba que no podía “permanecer insensible a lo que creo que es la justicia y el sentido común; pero la lucha de clases me hallará del lado de la burguesía ilustrada (…) En el terreno económico esto equivale a buscar una nueva política y unos nuevos instrumentos capaces de controlar y adaptar el juego de las fuerzas económicas”. Ponerse del lado de la burguesía “ilustrada” significaba no sólo no estar del lado de la clase trabajadora, sino también no ponerse del lado de la burguesía no ilustrada (una contradicción bastante actual en los grupos dominantes) y comprender los acontecimientos de su época para elaborar una respuesta política desde los intereses estratégicos que representaba.

En el centro del capitalismo mundial y aun antes de su estallido, se estaba forjando el Estado de “Bienestar” o el Estado “Plan”, al calor del creciente poder de la clase trabajadora y su capacidad de lucha por derechos básicos, por la redistribución de la riqueza y por otras formas de sociedad. También se estaba en pleno desarrollo de las corporaciones multinacionales y la consolidación de los monopolios financieros-industriales. Ello iba de la mano de una importante transformación en la organización del proceso de trabajo, conocido como el paradigma del “fordismo”. Los pilares materiales del capitalismo de libre concurrencia habían desaparecido y se requería un nuevo estado.

Fue un período de grandes guerras, caracterizado por el desmoronamiento de la hegemonía británica, junto con la emergencia de nuevas potencias. Las economías de guerra, la necesidad de fortalecer el mercado interno y asegurar la independencia económica, así como el nuevo proteccionismo vinculado al desarrollo de los complejos industriales militares reconfiguraban los estados (centrales). Además, el estado empresario se volvía un elemento central para el desarrollo acelerado de las fuerzas productivas, especialmente en las potencias emergentes, pero también en las centrales.

La crisis actual, las tendencias y el estado 

Desde hace algunos años, nos encontramos en una etapa similar. La pandemia aceleró un conjunto de tendencias fundamentales de la crisis del orden mundial, de la transición histórica-espacial contemporánea. Entre esas tendencias se destacan:

  • El ascenso de Asia Pacífico y de China en particular y, por otro lado, el declive relativo del Occidente geopolítico y de Estados Unidos en particular.
  • Las crecientes contradicciones político-estratégicas, donde predomina un patrón de conflicto entre las fuerzas y potencias dominantes del anterior orden unipolar contra las fuerzas y potencias emergentes que apuntan a un orden multipolar, presionando para re-distribuir el poder y la riqueza mundial. Este es el trasfondo de la mundialización y generalización de la guerra híbrida: guerra comercial, guerra financiera a través de sanciones y bloqueos, guerra de información, guerras en distintos escenarios combinando formas regulares con irregulares, etc. 
  • Una crisis económica estructural que se observa con claridad desde 2008 y que está en relación a la crisis del capitalismo financiero neoliberal y de la globalización impulsada bajo ese proyecto, experimentada en las últimas décadas.
  • Una transformación en las formas dominantes de organizar la producción en relación a un nuevo paradigma tecnológico, que se conoce como “cuarta revolución industrial”. 

En este escenario y como en los años de entreguerras del siglo pasado, la Argentina y América Latina se enfrentan crudamente al siguiente dilema: declive periférico bajo un proyecto financiero primario exportador y total subordinación geopolítica a Occidente o, por otro lado, un proyecto nacional de desarrollo productivo soberano y de democratización política y material, con sólidas bases populares e integración regional (lo que expresaron con distintos alcances y contradicciones el Yrigoyenismo y el Peronismo en la etapa anterior, durante el siglo XX).

Desde la crisis de 2008, pero sobre todo a partir de la pandemia, las potencias tradicionales y las emergentes pusieron en marcha una enorme inyección de fondos públicos para sostener la economía, rescatar la actividad privada, avanzar con nacionalizaciones de ser necesarias, sostener con ingresos a los desempleados, proteger crecientemente su mercado interno, reforzar los complejos científicos-tecnológicos y la salud pública.

En el norte global y particularmente en el mundo anglosajón, prima una forma financiarizada de neokeynesianismo: por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, además de rescatar a los bancos, emitió desde 2008 hasta antes de la pandemia 3,5 billones de dólares para paliar la crisis (creando a la vez una nueva burbuja) y ahora en sólo tres meses de pandemia emitió 3 billones más. Estos fondos se dirigen sobre todo a activos financieros y un porcentaje pequeño a consumo popular.

Por otro lado, la potencia emergente por excelencia, China, es de hecho una economía con centralidad en el Estado empresario. Y la emergencia de Asia Pacífico es inexplicable sin comprender como funcionan esos estados “hiper-desarrollistas”, con una fuerte presencia pública para fortalecer las capacidades tecnológico-científicas e industriales, las capacidades de defensa, el control soberano de los recursos naturales, las capacidades financieras nacionales, las plataformas estratégicas de información y comunicación, la identidad y cultura nacional. Es decir, las seis dimensiones fundamentales en las que se construye una soberanía integral dentro de un mundo completamente interdependiente, en necesaria cooperación y creciente conflicto.  

En los países centrales y emergentes (y en aquellos que buscan no declinar aún más), toda gran crisis contiene como tendencia, un fortalecimiento del estado en tanto conjunto de instituciones públicas que organizan ese territorio social, como maquinaria burocrática pública civil y militar, como herramienta para fortalecer capacidades nacionales. La cuestión es el para qué, es decir, bajo qué proyecto y con qué dirección y, por lo tanto, con qué prioridades (salvar el empleo o evitar que se piche la burbuja financiera) y expresando a qué sujeto. El estado es, en este sentido, la expresión de una relación de fuerzas político-sociales.

Utilizando la metáfora de Immanuel Wallerstein, podemos decir que existe una gran bifurcación entre el Espíritu de Davos y el Espíritu de Porto Alegre. Es decir, por un lado, las fuerzas dominantes del capitalismo financiero neoliberal, ahora en crisis total, cuyo proyecto implica un mundo post-crisis más polarizado, desigual y antidemocrático. Aunque al interior de esta opción hay fuertes luchas internas por la estrategia a seguir y crecen las disputas entre la burguesía ilustrada y la no ilustrada, en palabras de Keynes, donde la primera observa la necesidad de hacer concesiones y transformaciones. Y, por otro lado, las fuerzas de los pueblos, que buscan construir otro mundo posible, más democrático, igualitario, pluripolar y evitar las realidades distópicas de la pos transición.    

Qué emerge en Argentina

En diciembre de 2019 se inicia un nuevo gobierno el cual expresa políticamente la articulación de un conjunto de sectores, grupos y clases sociales que rechazaron el programa neoliberal periférico puesto en marcha por el gobierno de Cambiemos y sus consecuencias económico-sociales: aumento de casi un 100% del desempleo, aumento de la pobreza en 80%, disminución de 50% del salario en dólares, aumento de 90% del endeudamiento con respecto al PBI, desindustrialización, destrucción del sistema científico tecnológico nacional, aumento de la desigualdad, agudización de la dependencia, etc.

En esta situación nacional y en el contexto de las tendencias mundiales que atravesamos, el golpe que produce la pandemia agudiza el dilema entre declive periférico y proyecto nacional, y obliga a dar respuesta a un conjunto de situaciones y problemas.  Sobre el giro político que se produjo en diciembre y ante un mundo que se derrumba (como todo taller de forja), se están produciendo importantes transformaciones sociales y estatales que por supuesto también generan grandes resistencias.

En este sentido, frente a la extrema agudización de las tendencias hacia la exclusión y la desigualdad –se estima que este año en América Latina va a haber 83 millones de personas en la pobreza extrema— se demanda mecanismos universales para garantizar ingresos, derechos y pisos mínimos de bienestar o avanzar hacia la catástrofe social. A su vez, ello obliga a pensar sistemas tributarios más progresivos, que grabe la riqueza y redistribuir rentas extraordinarias de los recursos naturales. Es una discusión nacional y también global, pero es insoslayable el hecho de que nuestra región es la más desigual del mundo en términos de distribución del ingreso.

La aceleración de la crisis obliga a intervenir para evitar un quiebre masivo del aparato productivo y un desempleo de más del 25% (hacia donde parecieran apuntar la tesis “liquidacionistas”), que terminaría de destruir el entramado productivo industrial y completaría la total extranjerización de lo que quede de matriz productiva argentina, profundizando el declive periférico (esto se discute con Vicentin entre otras cosas). Los créditos a tasa cero o por debajo de la inflación, el pago de un porcentaje del salario, el IFE y el fortalecimiento de la AUH son herramientas paliativas para sostener la coyuntura.

Pero como sucedió a partir de la crisis del 30’, la recesión global y las luchas económicas mundiales que trae aparejada, obliga a mirar al mercado interno y el regional, la sustitución inteligente de importaciones y el fortalecimiento del MERCOSUR como unión aduanera. Además, para romper la inercia declinante, la crisis obliga a convertir al estado en un vector fundamental de impulso económico y social, a través de la constitución y fortalecimiento de núcleos estratégicos de desarrollo productivos-tecnológicos y sociales, dinamizando al conjunto el entramado productivo de pymes, cooperativas, empresas recuperadas por los trabajadores y sindicatos (un ejemplo de ese dilema es el que antecedió a la nacionalización de YPF).

Si hay algo que puso en evidencia la crisis es la importancia de tener capacidades industriales –por ejemplo, ser uno de los pocos países que producen respiradores o producir medicamentos— y tener capacidades científico tecnológicas, como el hecho de producir rápidamente un kit de testeo rápido y económico del covid-19 realizado por científicas/os del CONICET.

En este sentido, una tendencia fundamental de la transición –que se observa en países de Europa y de Asia Pacífico—es hacia la constitución de economías de mercado planificadas, con protagonismo público, que hibridan modos de producción y tienen el acento fundamental en el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas, con centralidad en la producción y el empleo. Por ello vuelve sobre la agenda la necesidad de invertir en este sector, que en el corto plazo debemos aspirar a destinar fondos por el 1% del PBI para llegar en el mediano plazo al 2% del PBI, que es el piso de los países con “desarrollo”.

La tendencia de la llamada “cuarta revolución industrial”, presiona a actuar para romper la brecha digital, las crecientes desigualdades y procesos de extensión de la “sobreexplotación” del trabajo, a la vez que se vuelve fundamental garantizar como derecho básico la formación de nuevas capacidades a fuerza de trabajo y la universalización de la educación superior (en sus distintas modalidades).

La combinación de cambio climático y creciente riesgo ambiental, el crecimiento poblacional y la densidad poblacional, la constitución de mundo predominantemente urbano y profundamente interconectado genera, entre otros desafíos civilizatorios, el caldo de cultivo de nuevas pandemias, desafiando nuestra forma de vida cada cinco años. Ello demanda la construcción de una nueva “ingeniería” social acorde con cosmovisiones culturales con centralidad en el ser humano –como naturaleza histórica—y la justicia social. Se requieren nuevas capacidades socio-estatales opuestas al paradigma neoliberal basado en la privatización y mercantilización del acceso a la salud y otros derechos o la sacralización de la acumulación a cualquier costo humano-natural.

Esto implica, por ejemplo, tener más camas de cuidados intensivos (UCI) que las requeridas por el “mercado”: no es casual que Argentina se destaque, por el momento, en el bajo número de fallecidos ya que posee 28,5 UCI cada 100 mil habitantes –con un aumento del 50% a partir de la pandemia e indica más capacidad que los países del sur de Europa y Estados Unidos—, mientras muy pocos países de América Latina llegan a las 10 UCI recomendadas como mínimo. También implica, tener la capacidad como sociedad de cuidar la salud y el bienestar social al mismo tiempo que se hace funcionar el aparato productivo, desafío que sólo afrontaron con éxito algunos países de Asia Pacífico, mientras que en la mayor parte de Occidente y en América Latina se osciló entre cuidar la vida o, en nombre de la “economía”, producir el peor de los escenarios: una profunda recesión económica combinada con un desastre sanitario y cientos de miles de muertes.

La crisis también acelera la necesidad del generar un involucramiento y compromiso de los actores fundamentales en la planificación estratégica y la implementación de políticas públicas, siendo fundamental avanzar con el Consejo Económico y Social y mayores mecanismos de democratización estatal desde una visión federal y de soberanía integral. En este sentido también se vuele urgente avanzar hacia otros niveles de planificación urbana y territorial, con una enorme inversión en viviendas, así como repensar la exagerada macrocefalia de nuestro país: la pandemia pone en evidencia una vez más lo que implica tener la monstruosidad del AMBA, con un 37% de la población en un país de 2,7 millones de kilómetros cuadrados. La propuesta de capital ambulante es positiva, pero lo estratégico es planificar el traslado de la capital federal hacia el “interior” en el mediano plazo y planificar la ocupación descentralizada de nuestro territorio.  

De fondo y frente a la crisis civilizatoria que transitamos, aparecen otras cosmovisiones ligadas a la idea de justicia social y se fortalece un paradigma de derechos sociales fundamentales que deben ser garantizados por la comunidad a cada uno de sus integrantes: trabajo digno, vivienda, alimentación, salud y educación. De lo contrario, está el riesgo de sucumbir como sociedad a la completa fractura social y el declive periférico, sumidos en una suerte de guerra social permanente y crecientes salidas conservadoras autoritarias, como lamentablemente se está viendo en algunos países de la región y en muchos países del mundo.

*Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Sociología, Investigador del CONICET y profesor de la UNLP.

Director del proyecto de investigación de la UNLP "Geopolítica del Atlántico Sur" y Coordinador del proyecto "China y el mapa del poder mundial" de CLACSO.