Luego de las recientes declaraciones del Presidente, donde ponía en duda el número de desaparecidos y hablaba de una guerra sucia en un intento de reinstaurar la llamada teoría de los dos demonios , el Gobierno decidió ahora no apelar las concesiones de prisión domiciliaria a represores de la última dictadura cívico-militar.

Esta desición establece que los abogados del Estado no apelarán el otorgamiento de este beneficio a culpables de Delitos de Lesa Humanidad, que podrán cumplir la condena en sus casas. "Es el tiempo que nos toca vivir" aludieron desde la Secretaría de DD.HH. en relación a la edad de los genocidas condenados y por condenar.

Desde dicho organismo creen que el número de peticiones del beneficio de prisión domiciliaría se incrementará por la cantidad de condenados que se hallan cerca de los 70 años de edad.

Es necesario entender esta decisión en el marco de la política de Derechos Humanos que viene implementando el macrismo en relación a los juicios a militares de la última dictadura. Desde las demoras que vienen sufriendo los juicios de lesa humanidad en estos meses (advertidos por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad), hasta la presencia de represores en los desfiles militares del 9 de julio, se hace evidente un guiño del Gobierno para dejar atrás todo el "curro" de los derechos humanos, como dijo Mauricio Macri.