Poco después de reprimir a los trabajadores en la Panamericana en el gran paro nacional del 6 de Abril, el gobierno de Macri avanzó con un nuevo ataque. Se trata de la presentación de un proyecto para reformar el Código Penal, agravando las penas a quienes se manifiesten en la vía pública. Dicho proyecto arrancaría por la Cámara de Senadores, donde el gobierno espera que Miguel Pichetto, jefe de la bancada del PJ - Frente para la Victoria, le dé su aval.  

Esta iniciativa vino acompañada por la posterior represión a los docentes que intentaron instalar la Escuela Itinerante en la plaza del Congreso, así como el gravísimo ingreso de la policía en la Universidad en Jujuy y el colegio Mariano Acosta en CABA. Por si esto fuera poco, trascendió también que el gobierno está realizando una compra masiva de material "antidisturbios" para facilitar la represión, armando hasta los dientes a sus fuerzas "de seguridad".

La reforma del código penal es un ataque frontal al derecho a la protesta. Intenta englobar en los artículos que legislan sobre la "extorsión" y las "amenazas" a cualquier tipo de manifestación, lo que llevaría a penas de hasta 10 años de prisión. Eso significa que exigir aumento de salarios, reclamar contra despidos o peticionar por puestos de trabajo sería equivalente a una actividad criminal ejercida contra un individuo. El Estado, incluyendo a los funcionarios o cualquiera de sus instituciones, es puesto como víctima cuando en realidad es el responsable de que la situación esté cada vez peor.

Macri intenta recurrir a la salida represiva porque crece cada vez más la protesta social. En los últimos dos meses, el paro general, las movilizaciones docentes, del movimiento de  mujeres y de trabajadores desocupados movilizaron cientos de miles de personas. Esto es producto del agravamiento de la crisis económica y social hay un millón y medio de nuevos pobres desde que asumió este gobierno. El empleo se reduce cada vez debido a despidos y cierre de empresas. Los precios y tarifas suben libremente pero los salarios tienen un techo así cae cada vez más el poder adquisitivo de los que vivimos de nuestro sueldo. Es cada vez más difícil llegar a fin de mes y por eso amplios sectores salen a la calle cada vez más. El gobierno de 'Cambiemos' se ve masivamente cuestionado y empieza a quedar en minoría ante la sociedad de ahí que su respuesta sean los palos.

La reforma del código penal propuesta por el macrismo busca atacar especialmente a los que llevan "caras tapadas". Pero los manifestantes deben cubrir su rostro precisamente porque son víctimas de la persecución en los lugares de trabajo, en los barrios, siempre los poderosos intentan tomar represalias contra los que protestan. Taparse la cara es para muchas personas la única manera de poder ejercer sus derechos democráticos contra el intento de silenciamiento de patrones, punteros, patotas.

Se busca penar también a quien utilice en movilizaciones "objetos contundentes", pintando a los manifestantes como violentos. La policía y el gobierno quedarían habilitados a considerar como "contundente" cualquier cosa desde las pancartas de los docentes hasta hasta banderines.

El derecho a la protesta, a la crítica, a rebelarse ante los poderosos, especialmente ante el estado y el gobierno, es elemental para cualquier sociadad que se diga democrática. La tarea será entonces defenderlo en el lugar más democrático de todos las plazas, las calles.