El aumento anunciado para las tarifas de la energía eléctrica representa, una vez más, un certero ataque al bolsillo de los argentinos, que se suma a los siderales incrementos sufridos el año pasado, en ocasión del primer tarifazo, y a los que ya se aplicaron en enero de 2017 en distintos rubros de la economía, como por ejemplo el del combustible.

Medidas como éstas no sólo repercuten de manera dramática en vastos sectores de la población, disminuyendo su calidad de vida y su poder adquisitivo, sino que también profundizan el proceso de estancamiento que sufren los sectores productivos y la economía en general, ya que al encarecerse los gastos de distribución y de insumos, se genera un efecto dominó que provoca nuevos aumentos de precios en los productos y servicios. Cabe recordar, que el índice inflacionario de 2016 fue el más alto de los últimos 25 años, a pesar de las mentadas promesas del presidente Macri y el expulsado ministro Prat Gay. 
   
Debo reconocer, lamentablemente, que este tipo de decisiones que toma el gobierno nacional ya no me sorprenden. Todos sabíamos que en la Argentina se venía un cambio que poco tenía que ver con la revolución de la alegría publicitada en la campaña electoral, sino más bien con un cambio en la matriz política y económica del país. Se trata de la confirmación de un rumbo que este gobierno adoptó desde su inicio y cuyo objetivo central es facilitar una brutal transferencia de recursos desde los sectores medios y populares hacia los grupos más concentrados de la economía. Incluso, poniendo en riesgo el acceso de los ciudadanos a los derechos más básicos como la luz y el resto de los servicios públicos.     
 
Asistimos a un proceso de achicamiento y desmantelamiento del Estado, con la desarticulación de programas sociales, con la disminución de las prestaciones sanitarias en los hospitales públicos, con menor inversión en educación, con la impericia demostrada durante los incendios en La Pampa, las inundaciones en el interior de la provincia de Buenos Aires y gran parte del Litoral, y con una extensa lista de medidas irresponsables, cargadas de insensibilidad, que ya provocaron daños irreparables en la sociedad y sin duda afectarán gravemente a mediano y largo plazo.
 
De manera que, la decisión del gobierno nacional de no regular los precios de los servicios, o lo que es peor, habilitar un marco legal para que las empresas prestadoras apliquen aumentos abusivos, es un capítulo más de esta política de ausencia del Estado, que renuncia a su función primaria de proteger los derechos de los trabajadores, y en especial, de aquellos sectores de la población en situación de vulnerabilidad. Porque cuando el Estado se corre y deja la economía librada a los designios del mercado, los más perjudicados son los que menos tienen.
 
Pese a que en política uno nunca debe perder la paciencia, no se observa un panorama alentador. Ya se anuncian para los próximos meses nuevos aumentos en las tarifas de gas, agua, transporte, medicina prepaga, telefonía móvil, colegios privados y la lista parece no tener fin. Hay una puntualidad llamativa a la hora de recomponer la rentabilidad de las empresas aunque siempre a costa de la destrucción de la economía del pueblo trabajador.
 
Frente a este oscuro escenario, sólo nos queda seguir colaborando desde los municipios para gestionarles la tarifa social a los vecinos con mayores necesidades, además de apoyar, dentro de nuestras posibilidades, a las entidades de bien público, clubes barriales, centros culturales y otros espacios comunitarios que por el aumento desmedido de las tarifas ven amenazada su continuidad. Y por supuesto, seguiremos trabajando dentro de nuestro espacio político para generar un proyecto nacional que atienda verdaderamente las necesidades del pueblo, cumpliendo con las premisas fundamentales del peronismo de promover la inclusión y la justicia social.