“Descomprime el tránsito y mejora el medio ambiente. Es un golazo”, se autologió el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta a fines de este mes durante una suerte de pre inauguración del tramo que conectará la Autopista 25 de Mayo con el futuro Paseo del Bajo. La obra no está terminada (recién se podrá circular en mayo), pero ese día lo acompañaron para la foto, vestidos con los cascos amarillos de los obreros de la construcción, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. El Presidente festejó por partida doble: además de mostrar un avance concreto en medio de una campaña minada por la crisis económica, su familia y parte de su círculo cercano de empresarios también mordían una tajada del negocio. 

Es que IECSA, la constructora insignia durante décadas del Grupo Macri, resultó la ganadora a inicios de 2017 de la licitación para el tramo más jugoso del Paseo del Bajo, la “trinchera norte” de la obra, por el equivalente en dólares por aquel entonces a 3.100 millones de pesos. La adjudicación se hizo dos meses antes de que el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, le vendiera las acciones de IECSA a Marcelo Mindlin, dueño de Edenor, CEO de Pampa Energía y uno de los empresarios más beneficiados por los tarifazos. 

Calcaterra, como se sabe primo del presidente, tuvo que venderle la empresa a Mindlin cuando el agua de la causa Odebrecht -cuya investigación en el país abarca el bochorno del soterramiento del Sarmiento- ya le llegaba hasta el cuello. IECSA, ya en manos de Mindlin, siguió adelante con las obras pese a que a otra de las empresas que en un principio había resultado ganadora, en este caso del tramo sur, “Corsán-Corviam Construcción S.A.”, se le anularon los contratos por estar implicada en investigaciones relacionadas con los sobornos de la gigante brasileña en otros países de la región. Para Rodríguez Larreta, se ve, hay coimeros malos y coimeros buenos, sobre todo si estos últimos tienen que ver con su jefe político.

Pero los negocios con el Paseo del Bajo no terminan ahí. Hay todo un capítulo que afecta directamente a uno de los barrios más postergados de la Ciudad: los vecinos que habitan la Villa 31 y 31-Bis, rebautizada barrio Padre Mugica. En la oposición porteña no se cansan de señalar que el (apurado y desprolijo) proceso de urbanización que el Ejecutivo porteño vende como su costado progresista forma parte de un entramado de negocios inmobiliarios, un clásico de las tres gestiones Pro en la Ciudad. Parte de esos negocios tienen que ver con el tramo norte del Paseo, en el barrio de Retiro, cuyas tierras en poder del Estado, se descuenta, aumentarán considerablemente una vez que concluyan las obras. 

Las alarmas volvieron a prenderse esta semana, cuando el Jefe de Gobierno envió a la legislatura porteña un nuevo proyecto de ley que busca “enajenar” un total de 12 terrenos públicos transferidos desde la Nación a la Ciudad. Seis de ellos forman parte de la Villa 31, y el proyecto viene a cerrar el círculo de la urbanización, porque abre la puerta a que los vecinos de la villa puedan finalmente comprar las casas que construyeron generación tras generación. 

La lupa está puesta en dos de esos terrenos, que el Gobierno dejó afuera del polígono de urbanización del barrio y que, si se mira el mapa de la zonificación, lindan directamente con el extremo norte del Paseo. Se trata de las tierras en la intersección de las Avenida Gendarmería Nacional y Antártida Argentina, de 15 mil metros cuadrados y tasado en 898 millones de pesos; y del terreno entre las calles Presidente Ramón Castillo y N° 10, de 26 mil metros cuadrados y de más de 1200 millones. Ambos terrenos, dentro del paquete de 12 del proyecto de ley, serán vendidos para financiar parte del crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) de más de 400 millones de dólares para construcción del Paseo del Bajo, uno de cuyos tramos, como ya contamos, fue adjudicado a la constructora histórica de los Macri. Lo que se dice, un negocio redondo, en el que todos ganan. 

El hecho de que ambos terrenos queden por fuera del polígono de la urbanización de la villa no es menor: en principio, pese a la oposición de un sector del barrio, las tierras que quedan dentro podrán ser adquiridos como vivienda por quienes las han construido, a un costo que según el Ejecutivo porteño será accesible y podrá ser financiado a 30 años. En el proyecto, quedaron tasadas a 3 mil pesos el metro cuadrado, aunque no se sabe por ahora cuánto deberán pagar por ellas sus dueños históricos. Pero las que quedan por fuera, como en este caso, no. “La preocupación es que, como esas tierras van a quedar en manos de privados para negocios inmobiliarios, la villa quede en medio de dos barrios caros y de altos ingresos y se genere un proceso de gentrificación, de expulsión de los que menos tienen, como el que ya se vio durante años en la zona sur de la Ciudad”, dijeron a Diagonales desde el despacho de la legisladora porteña de Unidad Ciudadana, Paula Penacca. 

Para la mesa de urbanización, compuesta por delegados electos por el barrio, la nueva ley que envió Larreta busca echar a los vecinos del barrio. Es que ambos terrenos a la venta formaban antes parte del polígono de la villa de acuerdo a la ley 3343, sancionada en 2009, que fue el puntapié inicial de la urbanización y que tuvo en su momento el consenso de los delegados, porque entre otras cosas prohibía taxativamente los desalojos compulsivos. “Esta nueva ley de Larreta es la confirmación de que nos quieren echar de acá. Quieren vender todas las tierras de alrededor para que no nos tengamos que ir", dijo el delegado Héctor Huanco.

El círculo se completa con la nueva traza de la Autopista Illia, cuya licitación, por 1700 millones de pesos, ganó nada menos que Supercemento SA, constructora fundada por Tonino Macri, tío de Mauricio y hermano de Franco y padre del intendente de Vicente López, Jorge Macri. La obra también está siendo financiada con deuda, a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Como se sabe, la autopista parte en dos la Villa 31. La traza actual será desviada y, a cambio del favor, el BID tendrá sus oficinas para América Latina en un puente que se construirá sobre las casillas de la villa. 

El conflicto está sobre la nueva traza (uno de cuyos extremos servirá de empalme con el Paseo del Bajo) porque implica la reubicación de muchas familias. Algunas de ellas, a la fuerza, como el caso de Valeria Ibarra, a quien las topadoras del Gobiernos la arrancaron literalmente de su casa hace ya un año. “Fue lo peor que me pasó en la vida”, dijo en ocasión del debate por la urbanización en septiembre pasado en la legislatura porteña. 

Las “containeras” y el “Barrio YPF”, otros negocios

La casi mayoría de los vecinos de la 31 cuyas viviendas se encontraban sobre la nueva traza de la Autopista Illia debieron mudarse. Muchas de esas familias, por su propia voluntad; otras, a la fuerza. El destino mayoritario fue un complejo de viviendas dentro del barrio, construidas a nuevo, que adoptó un nombre curioso: “Containeras”. El apodo se lo deben al método de construcción, de moda en algunos países de Europa porque abarata muchísimo los costos y los tiempos de construcción. 

Dos de las empresas que participaron de la construcción de esas viviendas también tiene vínculos con el macrismo. Una es Cunumí SA, que ganó una licitación por 136 millones de pesos para obras en la Containeras. Según reveló en su momento el diario Perfil, el contador de la constructora es Angel Guidoccio, hombre ligado a Daniel Angelici. Guidoccio es “secretario de presupuesto” del club Boca Juniors y “Revisor de cuentas” de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, que Angelici integra.


La otra es Bricons SA. Su titular, Mario Ángel Raspagliesi, figura como aportante de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta en 2015 con medio millón de pesos. 

Los vecinos, en tanto, siguen cuestionando el método de construcción de esas viviendas. Durante una recorrida de legisladores de la oposición a fines del año pasado, varios de los vecinos que ya están habitándolas abrieron sus puertas para mostrar la precariedad de la construcción. Una curiosidad no menor que revelaron en su momento, es que tienen prohibido baldear los pisos porque hay riesgo de quedar electrocutados (las viviendas no tienen conexión de gas, todo es eléctrico). 

Un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que vio la luz cuando la obra estaba a mitad de camino, reveló que el método, conocido como “steel framing” y lo describe así: “es considerablemente más económico y rápido que el sistema de construcción tradicional (...) e implicará un aumento progresivo de inversión en mantenimiento a lo largo del tiempo, con lo cual, no puede dejar de percibirla como una arquitectura de poca vida útil que se asocia a precariedad”. 

En el “barrio YPF”, el Gobierno también está trabajando. Por 1177 millones de pesos, se construirá un complejo de 812 viviendas sociales, sobre las tierras que pertenecían a la petrolera estatal. La ganadora fue Sudamericana SA, la misma que, por ejemplo, participó de las obras de la Villa Olímpica, que albergó a los y las deportistas de los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

Pero esas obras van lento, porque, como todo en el proceso, su concreción está atada a un negocio mayor: allí, se supone, pasarán a vivir un primer grupo de 50 familias que hoy viven bajo la actual traza de la Illia, y hasta tanto no esté concluída, la gente sigue esperando.