Finanzas públicas en pandemia

Para abordar el tema, es necesario previamente esbozar una definición clásica de las finanzas públicas, siendo la que tiene por objeto el estudio valorativo de cómo y para qué el Estado obtiene sus ingresos y hace sus erogaciones. Esta materia, además, se sustenta en dos conceptos fundamentales, el de necesidad pública, en referencia a las necesidades del colectivo social y el de servicio público como actividades del Estado para procurar la satisfacción de esas necesidades. Sin dichos conceptos, no existiría razón de ser de la actividad financiera del Estado. Cuando hablamos de Estado y el campo de las finanzas públicas, nos referimos a la existencia de tres niveles de gobierno, Nación, Provincia y Municipios, siendo que la Argentina está constituida como un país federal, según lo estipula la Constitución Nacional.  

Dicho esto y en estas épocas que corren, es una verdad de perogrullo que los recursos tributarios y no tributarios a nivel nacional, mermaron y mermarán significativamente, lo propio pasa y pasará en cuanto a los recursos provinciales y municipales. Por otra parte, los gastos e inversión social indefectiblemente se incrementarán o se redefinirán para atender esta situación excepcional pandémica. Esto es la consecuencia directa del primer objetivo trazado y ejecutado por el Gobierno Nacional, el de la valoración de la vida por sobre cualquier otro aspecto, anticipándose a una catástrofe sanitaria. La estrategia seguida fue en acuerdo con las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires,  unificando criterios en todo el territorio argentino.  

En virtud a ello, el gobierno nacional con el objetivo de proteger la salud pública, decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del día 20/03 hasta el 31/03, siendo posteriormente prorrogado en tres oportunidades, una segunda fase hasta el 12/04, una tercera hasta el día 26/04 y una cuarta hasta el 10/05. Con esa medida sanitaria excepcional se buscaron dos objetivos, el de minimizar el riesgo de vida de los argentinos y que el sistema de salud pudiese prestar un servicio adecuado a quien lo requiera procurando que no colapse.

Estas medidas de confinamiento impactaron de forma directa y abrupta en la actividad económica en general y por consiguiente se produjo un efecto no deseado en la economía como consecuencia de la caída del nivel de actividad, por ende un menor ingreso de recursos tanto a nivel nacional, provincial, como municipal. En otro sentido, desde el origen de la medida del aislamiento existieron actividades que se exceptuaron, las llamadas esenciales, como supermercados, farmacias, veterinarias, provisión de garrafas, la industria de la alimentación, las actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y pesca, servicios de seguridad, de limpieza, de recolección de residuos, entre otras. La novedad de la tercera fase fue que se posibilitó exceptuar del aislamiento social a nuevas actividades y servicios, a partir de la solicitud por escrito ante el Jefe de Gabinete de Ministros por parte de las distintas gobernaciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conjuntamente con un protocolo que cumplimente con las recomendaciones sanitarias y su seguimiento de forma permanente. Por otra parte, el sábado pasado, en el anuncio de la cuarte fase del aislamiento, entre otras cuestiones sanitarias, el presidente manifestó que también se organizó un plan desde el punto de vista de la economía una vez terminada la cuarentena.

También, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires hace lo propio respecto de la flexibilización de 9 actividades a partir de la solicitud de los municipios y su aprobación a saber, cobranzas de servicios e impuestos, rentas municipales, actividad registral nacional y provincial con sistema de turno y guardia mínima, venta de mercadería ya elaborada en comercios minoristas vía telefónica y on line con modalidad de entrega a domicilio, la atención médica y odontológica programada, preventiva y seguimiento de enfermedades crónicas con turno previo, laboratorios de análisis clínicos y de diagnóstico por imágenes todo con turno previo, ópticas con sistema de turno previo, la actividad de peritos y liquidadores de siniestros de las aseguradoras y los establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de genero. Sobre un pedido de 72 municipios, 28 fueron los autorizados y sólo en 13 por la totalidad de las actividades.

Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista nacional, para el mes de marzo, los recursos coparticipables (como el impuesto al valor agregado) o no coparticipables (como los derechos de exportación) cayeron en términos reales, por ende, disminuyeron también los giros automáticos que hace la Nación a las diferentes jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento de la coparticipación federal de recursos fiscales, ley convenio Nº 23548. Esta situación implica específicamente para la provincia de Buenos Aires una merma significativa por dichos recursos coparticipables. No sólo tenemos que contemplar esa baja en los mencionados ingresos, sino que hay que adicionar la merma por recaudación propia, como es el impuesto sobre los ingresos brutos, teniendo en cuenta que depende del nivel de actividad y que de cada 10 pesos que recauda, 7 pesos (o sea el 70 por ciento) se corresponden con este tributo.

Por supuesto que, el mes de abril avizora un panorama aún más difícil en lo que respecta al ingreso de recursos a las arcas de los fiscos, ya que la actividad económica habrá caído drásticamente. Igualmente, esperaremos los números oficiales. Más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que antes de afectarnos la pandemia, las cuentas públicas de la Argentina seguían siendo estructuralmente frágiles, haciendo el paralelismo con lo sanitario, era un paciente en terapia intensiva.

Hay que resaltar varios aspectos en la salud de la economía, lo que hace imprescindible el estudio de las finanzas públicas. El producto bruto interno (PBI) no ha crecido por años y, peor aún, ha disminuido el PBI per cápita; en la anterior gestión dicho proceso se acentuó y no sólo en ese aspecto, sino que además, se contrajo una deuda pública externa fenomenal, a corto plazo e impagable tanto en su capital como intereses. La actual gestión ha producido recientemente una propuesta a los acreedores de deuda emitida en moneda extranjera bajo ley extranjera, con período de gracia, canje de deuda y disminución del 62% en intereses, sobre lo cual esperaremos su desenlace, siendo este tópico relevante para el crecimiento y desarrollo futuro del país. También, y en un mismo sentido, la Provincia de Buenos Aires hizo su oferta respecto de la deuda pública provincial, siguiendo así una estrategia compartida con la Nación.

Por otra parte, la deuda pública emitida en pesos y la deuda emitida en moneda extranjera bajo ley local ha sido reperfilada en su gran mayoría. El acceso al crédito externo se encuentra vedado y la única forma de financiarnos ha sido la emisión monetaria, lo que podría provocar mayor inflación o hiperinflación. Estructuralmente los ingresos no alcanzan para atender las erogaciones corrientes y de capital. Sería una buena oportunidad para llevar a cabo un reordenamiento del gasto y la eficiencia del mismo, como así también proponernos una reingeniería en el sistema tributario argentino.

Todo esto descripto lleva a consecuencias no deseadas como son, las crisis sociales, económicas y financieras y uno de los peores flagelos sobre la población, de mayor impacto en los que menos tienen,  “La Inflación”.

Para paliar los efectos de la pandemia el gobierno nacional destinó a través del Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo 850.000 millones de pesos, lo que representa un 3% del PBI.

Por un lado creó el programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción, mediante el cual se otorgaron beneficios a los empleadores en cuanto a la postergación de 60 días para el pago de las contribuciones patronales del sistema integrado previsional (SIPA) devengadas en abril, una reducción del 95% de las contribuciones patronales (SIPA) para establecimientos e instituciones relacionados con actividades de la salud durante los períodos marzo, abril y mayo. También un salario complementario del 50% abonado por el Estado nacional para los trabajadores del sector privado, con un tope de dos salarios mínimos.  

Otro programa, fue el del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los pagos extraordinarios en la denominada Asignación Universal por Hijo (AUH) y el incremento de la jubilación mínima. Se elevaron los montos del seguro de desempleo, con un mínimo de 6000 y máximo de 10.000 pesos.

El Banco Central de la República Argentina viene trabajando desde que asumió el nuevo gobierno en la baja de las tasas de interés, para posibilitar fundamentalmente el acceso al crédito más barato para las Pymes, que son el motor del país. Últimamente, se había convenido con los bancos privados y públicos un crédito a tasa del 24% anual.

Se destaca también, el reciente lanzamiento de una línea de créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos bajo ciertos requisitos, el cual se va a comenzar a devolver a partir de diciembre 2020 y hasta en 12 cuotas fijas. El crédito será solventado por el Estado nacional a través del FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo).

A nivel provincial, las medidas tomadas desde ARBA fueron en torno a la prórroga de vencimientos de impuestos. Respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, el anticipo de marzo se prorrogó para mayo, y la presentación de la declaración jurada anual 2019 se prorrogó hasta junio 2020. También se prorrogó el vencimiento de la cuota 2 para mayo del impuesto inmobiliario urbano planta baldía y planta edificada. Los anticipos o cuotas de los planes de pago de emergencia Mipyme que vencían en abril se prorrogaron hasta el 10/06.

Otra medida fue la orden a las entidades bancarias para que excluyan de la retención bancaria por el impuesto sobre los ingresos brutos la acreditación en cuentas bancarias del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Por otra parte, se encuentra en estudio la creación de un impuesto excepcional y adicional a los bienes personales, seria para grandes fortunas, como así lo propio con un impuesto a las ganancias extraordinario para ciertos contribuyentes. Si bien se sabe que existen varios proyectos legislativos, no tenemos precisiones al respecto. Estaremos atentos al tratamiento o no de este tipo de proyectos por parte del Congreso Nacional.  

* Contador Público - Especialista en derecho tributario y finanzas públicas