El 2018 estuvo marcado por los continuos cierres de PyMEs y el crecimiento de la desocupación producto de la crisis económica. El 2019 no comenzó mucho mejor, luego de pasar un enero signado por el cierre de La Boston en Mar del Plata; la aceitera Cofco en Lanús, y Rabe en Moreno; ahora, "por la desaceleración del consumo", Coca-Cola-Femsa presentó un procedimiento preventivo de crisis (PPC) para la planta Alcorta, ubicada en el barrio de Pompeya.

Según los datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, en 2018 hubo 108 pedidos de PPC, 25 más que en 2017 y 53 más que en 2016.  La tendencia parece no revertirse ya que Coca-Cola-Femsa presentó la propia.

Desde el Ministerio de la Producción y Trabajo a cargo de Dante Sica, informaron que "la empresa realizó un pedido de PPC". En ese sentido, tuvo lugar hoy "una primera audiencia en la que los representantes de Femsa expusieron la situación de la empresa". Además, adelantaron que el viernes habrá una nueva reunión "para analizar el camino a seguir".

Desde la la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME) señalaron que desde diciembre de 2015 hasta agosto de este año cerraron 9.500 PyMEs y, en consecuencia el índice de desempleo aumentó radicalmente. Entre enero y febrero, además de La Boston, Cofco y Rabe, también prendieron las luces de alerta los trabajadores de Fate de San Fernando; de la textil “Sport Tech” en San Martín; de la autopartista del vidrio Pilkington que pertenece a NSG Group en Vicente López; los de la cadena de supermercados Toledo radicadas en la ciudad que conduce Carlos Arroyo; y en esta oportunidad los 2500 trabajadores de la planta Alcorta de la empresa internacional y reconocida mundialmente.

A través de un comunicado, la empresa anunció que "Coca Cola Femsa Argentina está atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo".

Cabe señalar que el PPC es una normativa presente en el artículos 98 y subsiguientes de la ley 24.013, sancionada en la década de los 90 con la intención de que hubiera un ámbito donde se pudiera conversar entre las partes alguna forma de continuar con la empresa. Sin embargo, en la materialidad ese recurso únicamente ha servido para que las empresas puedan disponer cambios de horarios de sus empleados, suspensiones y hasta un 50% menos en el pago de indemnizaciones por despido. En el caso de Coca-Cola,  los gremio de Aguas y Gaseosas, que lidera Raúl Álvarez, serán los que intervendrán en la discusión.