Si hay una variable a la que Javier Milei presta atención es a la evolución del mundo financiero. Al presidente poco parece importarle que la actividad económica se desplome, los despidos se multipliquen y su gabinete muestre una ineficacia suprema para llevar adelante la gestión. Pero cuando las variables del mercado empiezan a marcar desconfianza con el rumbo del Gobierno, las alertas pasan a otro carril.

La inestabilidad del oficialismo en estas últimas semanas dejó múltiples episodios, que finalmente tuvieron su rebote en lo financiero. La salida de un jugador central del esquema del presidente como Nicolás Posse, la crisis del gas producto de la falta de previsión, el escándalo de los alimentos retenidos que destapó el mecanismo para el cobro de sobresueldos, se llevó puesto a Pablo De la Torre y decenas de funcionarios que le respondían, dejando el Ministerio de Capital Humano semi vacío y a Sandra Pettovello caminando por la cuerda floja, son egranajes que componen un cuadro crítico para el oficialismo. Si a eso se le suman las presiones devaluatorias que hicieron saltar los tipos de cambio y frenan las liquidaciones del agro, el estado de situación marca un alerta verde que el Gobierno no debería desatender.

Este martes se consolidó la tendencia alcista de los tipos de cambio paralelos y el riesgo país, junto a una fuerte caída de los bonos argentinos. El dólar blue volvió a los $1.265, unos $40 más que la cotización con la que cerró la semana pasada y un 20% arriba de los $1.040 que marcó hace menos de un mes, el 10 de mayo pasado. El dólar MEP subió un 1% en las últimas 24 horas y llegó a los $1.281,17, mientras que el Contado con Liquidación trepó casi un 1%, alcanzando los $1.311,35.

Sumando a ese cuadro de tensión financiera, el riesgo país pegó un salto de 5,35% en sólo un día hasta ubicarse en los 1.494 puntos, el valor más alto registrado desde el 20 de marzo, cuando el indicador perforó el piso de los 1.500 puntos bajo la nueva administración.

En paralelo a esto, los bonos argentinos tuvieron una jornada para el olvido. El S&P Merval de Buenos Aires cayó más de 3%, y grandes empresas argentinas que cotizan en Wall Street, como YPF, Loma Negra, el Grupo Financiero Galicia o el Banco Macro tuvieron retracciones en sus cotizaciones de entre el 6% y el 8%.

El contexto de inestabilidad financiera está signado por el desorden político del Gobierno. La extensión y la incertidumbre en el proceso de sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal siembra interrogantes entre los inversores, a la par del marco de tensión social creciente por el proceso de ajuste, los despidos y el aumento de la pobreza. A su vez, con la economía cayendo en picada, crecen las preguntas por cuán sostenible será finalmente el ajuste fiscal encarado por el oficialismo.

El ejemplo más latente es el de la energía. La motosierra de Milei cortó con toda la obra pública e impidió finalizar las fases finales del gasoducto Néstor Kirchner, que habrían permitido transportar el doble de gas natural que lo que puede transportar hoy por hoy. A raíz de ello, el Gobierno deberá destinar un presupuesto 10 veces mayor en la importación de gas licuado, como sucedió recientemente con Brasil. En paralelo a esto, la propia inestabilidad política le impidió al Gobierno implementar todo el ajuste proyectado sobre las tarifas energéticas, poniendo en jaque hacia adelante las cuentas fiscales.

A esto se suma otra impericia del oficialismo, que tiene que ver con su política exterior. Así como las faltas de respeto al Brasil de Lula Da Silva complicaron las gestiones recientes por el gas licuado, en estos meses vence un tramo del swap con China que fue utilizado para realizar importaciones el año pasado. El Gobierno argentino deberá o refinanciar esa deuda, o pagarla. Son unos 5.000 millones de dólares que, en caso de tener que pagarse al país oriental, dejarían en rojo las reservas del Banco Central. Las permanentes ofensas de Milei y Diana Mondino para con China, y forzado alineamiento con los EE.UU. e Israel complican el panorama para una renegociación.

El tan mencionado superávit comercial también aparece como un factor de riesgo más que una certeza para los inversores. Y es que, así como fronteras adentro del país el Gobierno nacional logró números fiscales positivos a partir del no pago de obligaciones, lo mismo sucede en materia de comercio exterior. La deuda con importadores ascendía a unos USD 17.777 millones en el primer cuatrimestre del año, de los cuales sólo se abonaron unos USD 8.509 millones. Más de la mitad de esa deuda continúa impaga y se sigue acumulando con el paso de los meses, volviendo una ficción la acumulación de reservas que el Gobierno intenta mostrar.

En última instancia y como sucede estructuralmente en el país, el problema medular es el acceso a dólares. Y aquí está el otro gran problema del oficialismo en estos días. El Gobierno esperaba una lluvia de dólares del campo, producto de la cosecha gruesa, que por ahora está lejos de suceder. La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que las empresas del sector aportaron U$S 2.612 millones en mayo, mes que estacionalmente marca el inicio de la liquidación principal. El año pasado, en mayo y con la peor sequía en 100 años, la lquidacón el sector fue de U$S 4.212.

En otras palabras, la caída de la liquidación mayo contra mayo es de U$S 1.600 millones, un 38%. De esta manera, el mes pasado fue el peor mayo desde el 2020, cuando en plena pandemia se liquidaron U$S 1.945 millones. En la misma línea, en lo que va del año las liquidaciones del sector acumularon U$S 9.046 millones, 400 millones de dólares menos que el año pasado, lo cual se constituyó también en la peor marca para los primeros cinco meses del año desde el 2020.

Estos números preocupan a un Gobierno sediento y necesitado de dólares, ya no para su ambicioso objetivo de levantar el cepo y atraer inversiones, sino para mínimamente hacer frente a las obligaciones de deuda que jaquean las reservas y mantienen paralizada la economía ante la imposibilidad de importar insumos. El riesgo de una nueva devaluación y su consecuente traslado a precios amenaza el relato oficialista de la desaceleración inflacionaria, y el Gobierno comienza a transitar una delgada línea en la que la inestabilidad política y el conflicto social pueden empezar a impactar en las variables financieras y los mercados, poniendo todo su plan económico al borde de la cornisa.

En este contexto, la sanción de la Ley Bases aparece como la gran zanahoria mostrar una victoria política e intentar recuperar la ofensiva en una agenda que en las últimas semanas estuvo marcada por un fracaso tras otro del Gobierno. Pero, más allá de los acuerdos de palacio, entre los cuales hay que resaltar los recientes aumentos de las dietas tanto de diputados como de senadores, lo cierto es que en la calle las cosas tampoco resultarán tan fáciles para el oficialismo en su avanzada por sancionar la ley.

El movimiento obrero ya anunció a través de la CGT y de la CTA una movilización para el día en el que el Senado trate el proyecto. Desde la oposición política, particularmente el peronismo, se trabaja para acompañar esa medida de lucha, con el impulso del propio Gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof. Movimientos sociales y sectores productivos de la industria también se sumarán a protestar en la calle, intentando generar una presión que lleve a los senadores a pensar dos veces su posición.

A pocos días de cumplir 6 meses de gestión, el Gobierno tiene frentes de conflicto abiertos por todos lados y la inestabilidad política y la falta de respuestas son las marcas de su gestión. Para el dolor de cabeza de Javier Milei, el propio mercado que lo celebra en sus conferencias internacionales también empieza a pasarle esas facturas.