Amnistía Internacional le pidió al Gobierno Nacional acceder a información respecto al operativo de desalojo de los manifestantes de la CNCT y CTD Anibal Verón el pasado miércoles que terminó con represión policial y enfrentamientos.

Los manifestantes que protestaban contra "las políticas de ajuste del gobierno de Macri" y pedían por la continuidad del programa Argentina Trabaja, fueron reprimidos por la gendarmería con gases lacrimógenos y balas de goma cuando la fuerza de seguridad avanzó con la intención de desalojar la Autopista Buenos Aires-La Plata. Se registraron enfrentamientos y la ministra de Seguridad de la Nación utilizó su cuenta de Twitter para decir que "lo advertimos y lo hicimos. Liberamos la autopista con @gendarmeria. Denunciaremos penalmente a todos los que cometieron delitos".

Según comunicaron, el planteo apunta a determinar la norma o marco jurídico invocado sobre el que se sustenta el operativo realizado; las fuerzas de seguridad que fueron designadas al operativo; la cantidad de efectivos que participaron; los equipos utilizados para reprimir la protesta social (balas de goma, tanques hidrantes, vehículos afectados); y las medidas de protección implementadas .

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski señaló que  la herramienta represiva o penal no puede nunca ser el mecanismo de respuesta estatal para resolver problemáticas sociales ni para silenciar reclamos de organizaciones. Esperamos que el Gobierno sea respetuoso de estos derechos y que difunda la información solicitada

La ONG había criticado la implementación del polémico Protocolo Antipiquete, denominado  Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas y había advertido que la intención del mismo era reprimir y criminalizar la protesta social.