Bajo el liderazgo de la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, el Foro de Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina emitió un importante documento en defensa del federalismo. En este comunicado, titulado "El país es la suma de las provincias que lo componen", se destaca la firme convicción y responsabilidad democrática de no renunciar a la defensa del federalismo y al sostenimiento de las instituciones y mecanismos que garantizan los recursos que son propiedad de las provincias.

En el documento, se hace hincapié en que las autonomías provinciales son la base del sistema democrático argentino, y se denuncia que las políticas centralistas han perjudicado enormemente a las provincias y han sido discriminatorias para quienes viven en ellas.

Los vicegobernadores y vicegobernadoras también expresaron su compromiso de unirse, más allá de sus diferencias políticas, para evitar cualquier intento de limitar el financiamiento de la obra pública nacional en las provincias, así como la reducción de los ingresos coparticipables, ya que esto generaría grandes perjuicios para los habitantes de sus jurisdicciones.

El comunicado lleva la firma de las vicegobernadoras y vicegobernadores de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, La Pampa, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Salta, Jujuy y Río Negro.

Este pronunciamiento demuestra la unidad de los líderes provinciales en la defensa de los intereses de sus jurisdicciones y en la importancia de fortalecer el federalismo en Argentina.

Comunicado

Los Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina abajo firmantes manifestamos, con absoluta convicción y responsabilidad democrática, que jamás renunciaremos a la defensa del federalismo y al sostenimiento de las instituciones y de los mecanismos que determinan los recursos que son propiedad de las provincias, de acuerdo con lo que establecen la Constitución Nacional y las leyes.

Desde el nacimiento de nuestro país, las autonomías provinciales fueron, son y serán la base sobre la que se asienta nuestro sistema democrático, que establece igualdad de derechos para las y los argentinos independientemente del lugar en el que habiten.

Las políticas centralistas han sido siempre de enorme perjuicio para nuestras provincias y, lógicamente, absolutamente discriminatorias para quienes en ellas viven.

Es en ese sentido que afirmamos que, más allá de nuestras pertenencias políticas, estaremos unidos para evitar que cualquier intento de limitación del financiamiento de la obra pública nacional en las jurisdicciones provinciales, así también como sobre los ingresos coparticipables, genere enormes perjuicios para nuestros habitantes.

Es con la presencia del Estado nacional cumpliendo con lo establecido legalmente y sin instrumentar limitaciones, que los gobiernos provinciales mantienen la actividad económica, evitan el desempleo y los conflictos sociales, apuntalan a las Pymes, desarrollan proveedores locales y logran el sostenimiento de beneficios sociales colectivos.

La cooperación entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales debe ser fortalecida en vez de ser vulnerada con políticas que pretenden ignorar los desarrollos regionales y la imprescindible integración para afrontar problemas comunes que son de la Argentina toda, no de una u otra provincia.

Es por ello necesario impulsar con más fuerza, en lugar de recortarlas, las obras de infraestructura y de servicios a la población y sostener la continuidad de las inversiones públicas esenciales en nuestras provincias para acabar con históricas asimetrías.

La obra pública mejora la calidad de vida de la gente y potencia las posibilidades productivas de cada región.

Es una discusión ya saldada en nuestro país que es imprescindible el apoyo del Gobierno Federal para que nuevas infraestructuras locales se puedan desarrollar y para que sea posible sostener las ya concretadas.

Cualquier pretendido plan económico que vaya en sentido contrario a las inversiones públicas produce siempre gravísimos perjuicios en nuestras provincias. Y eso no lo vamos a avalar jamás.

Estamos en un momento de la historia en el que la República Argentina tiene la enorme posibilidad de proveer al mundo de alimentos, energías renovables y minerales estratégicos y de hacer fuertes aportes a la economía del conocimiento.

La obra pública y los derechos coparticipables son indispensables para dejar atrás asimetrías e injusticias históricas. Y son producto de leyes fundamentales para el desarrollo social y económico de nuestras comunidades.

Esas políticas representan una mejora significativa en las condiciones de vida de nuestros habitantes y se materializan en puestos de trabajo registrados y en un notorio fortalecimiento del arraigo territorial.

Al mismo tiempo, significan una mejora en la competitividad de los sectores productivos, promueve el desarrollo de proveedores locales, repercuten muy favorablemente en el imprescindible agregado de valor en origen y facilita la sustentabilidad de los medios de producción. Conllevan, también, un trascedente impulso para las exportaciones desde las economías regionales, lo que fortalece el ingreso de divisas en nuestro país.

La República Argentina es la suma de los Estados Provinciales que la componen. Las Argentinas y los Argentinos tienen los mismos derechos a lo largo y a lo ancho de toda la Patria.