La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció al ex presidente, Mauricio Macri, y a las antiguas autoridades del organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular de armamento a funcionarios y agentes en actividad.

La denuncia es por supuesto abuso de autoridad, violación de deberes y defraudación por administración fraudulenta. La misma se tramitará en el juzgado federal de Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Federico Delgado.

Al ex mandatario presidencial se lo denunció "en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional (art 12, Ley N 25520) como máxima autoridad nacional del Sistema de Inteligencia".

En texto presentado por Caamaño, se hizo mención particularmente a dos resoluciones dictadas por el propio Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, que permitieron la venta a precio "irrisorio" a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas "aptas para el disparo y utilización".

Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían "el 20 por ciento del valor real de un arma usada en el mercado formal", según consta en la denuncia, donde se subraya que se vendieron revólveres Ruger y Colt Trooper, “armas de colección que no se consiguen en el mercado”.

El Ruger “tenía la leyenda que decía ‘200 años de la libertad de América’” y “no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca MOSSBERG, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento” a un ex funcionario, se agregó

“La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso”, sostienen actualmente desde el organismo.

Por otro lado la interventora de la AFI denunció que “permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad".