Entre sus tantas revelaciones, la causa por la red de espionaje y extorsión que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla significó un gran “fin de la metáfora” para algunas de las corporaciones que operan en el Poder Judicial. Ante los episodios ventilados en esa investigación, sectores que históricamente mantuvieron un doble estándar, con un discurso de superficie y otro bajo cuerda, se vieron forzados a pasar a la defensiva y a mostrarse en su naturaleza más cruda.

El expediente que –al menos por ahora– tramita en la justicia federal de Dolores, primero puso en pie de guerra a la propia familia judicial, es decir, a la corporación que juega de local. No hay mejor muestra que la rebeldía crónica del fiscal Carlos Stornelli, que hoy batió su propio récord y alcanzó los seis llamados a indagatoria desoídos, sin mayores argumentos y sin que ninguna de las instancias superiores, incluido su jefe directo, el procurador general interino Eduardo Casal, hiciera algo en concreto para sacarlo de esta tesitura.

Aunque la rebeldía de Stornelli fue dictada por el juez y ratificada por las cámaras de Apelaciones y de Casación, el fiscal sigue sin comparecer. Para sostener esta resistencia a la autoridad, cuenta con el respaldo explícito del gobierno nacional, que incluso lo ha invitado a actos oficiales, donde le acercan una silla entre los miembros del gabinete y bien ubicada respecto del presidente Mauricio Macri.

En lo que es su único argumento para no ajustarse a derecho, Stornelli insiste en que Ramos Padilla no tiene competencia y que el caso debe tramitar en Comodoro Py, es decir, en su zona de confort judicial. Para eso, el 16 de julio apeló la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó al juez de Dolores, solicitando un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema. Un día después, el fiscal general subrogante ante Casación, Raúl Pleé, también pidió que el máximo tribunal revoque la competencia de Ramos Padilla y que todo el caso se mude a los tribunales porteños. Si la Sala II le da curso a esta estrategia, significaría más oxígeno para la rebeldía de Stornelli, pero si opta por rechazar los pedidos, ratificaría la obligación de que se presente a indagatoria.

La otra corporación que se sintió directamente afectada en su buen nombre y en su propio régimen de inmunidades fue un sector encumbrado de los medios de comunicación, el mismo que en tiempos de kirchnerismo participó activamente de eso que Julio Blanck llamó “periodismo de guerra”. Lo que hizo reaccionar a este grupo es que en la causa de Dolores uno de sus integrantes más encumbrados aparece salpicado con nombre y apellido.

Referente del periodismo de investigación en el país, miembro de Fopea y jefe de la sección Judiciales del diario Clarín, la citación de Daniel Santoro a indagatoria gatilló un amplio operativo de defensa. Para Ramos Padilla, hay serios indicios de que el periodista no sólo trataba asiduamente con al abogado trucho Marcelo D’Alessio, sino que era parte de sus maniobras, aprovechando un lugar de privilegio en la prensa, al igual que el fiscal Stornelli podía hacerlo desde el plano judicial. “Se ha corroborado prima facie no sólo el vínculo de conocimiento y confianza que mantenía con D’Alessio, sino su participación y su aporte en las actividades ilegales que llevaba adelante”, consideró el magistrado.

Santoro había dicho que su citación era “un paso hacia la criminalización del ejercicio del periodismo por una maniobra de ex funcionarios y empresarios K”. Tuvo el respaldo de una solicitada firmada por 400 colegas y docentes de periodismo, que alertaron sobre “el intento deliberado de criminalizar la labor de informar a la sociedad sobre temas de interés público”. También hubo una serie de tuits publicados por empresarios bajo el lema “defendemos la libertad de prensa”, y una encendida diatriba contra el juez por parte del conductor ultramacrista Luis Majul, que desde América TV, la misma señal donde el imputado y D’Alessio compartieron pantalla, aseguró que “todo el kirchnerismo está esperando que metan preso a Santoro”.

El miércoles, en su paso por Dolores, el periodista ejerció el derecho a la defensa. Ante el juez, buscó despegarse de D’Alessio, de quien dijo que sin su consentimiento había usado su nombre para extorsionar a terceros, y a la salida, se mostró confiado en su absolución. Sin embargo, ese mismo día sufrió un contrapunto con su colega de Clarín Virginia Messi, quien, en un texto que comienza diciendo “No aclares que oscurece, Daniel”, explicó que no fue ella quien lo contacto con D’Alessio, como Santoro había dado a entender. Incluso, Messi sostuvo que, según le contó un abogado, el vínculo fue propiciado por el exfiscal Juan Ignacio Bidone. La mención es comprometedora, ya que Bidone fue suspendido de su puesto en la fiscalía de Mercedes y procesado a raíz de sus vínculos con esta banda.

Además, hay otro expediente paralelo que podría requerir la presencia de Santoro. Es el que instruye en Comodoro Py el juez Luis Rodríguez, donde se investiga la denuncia por extorsión del empresario Gabriel Traficante contra D’Alessio, un relato que incluye una nota aparecida en Clarín en noviembre de 2016 y con la firma del periodista.