El Gobierno nacional decretó la designación del 1 por ciento del cupo laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público nacional. La medida fue publicada en el boletín oficial bajo el decreto 721/20 y lleva la firma del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

La normativa establece un porcentaje de asignación de cargos en la administración pública nacional para personas de esta población, pero también, la reserva de puestos de trabajos para ser ocupados exclusivamente por ellas. A su vez, se crea un Registro de Anotación Voluntaria de Personas travestis, transexuales y/o transgéneras aspirantes a trabajar en el sector público nacional. La implementación de este Registro inaugura la creación de un área específica en la cartera nacional de géneros y diversidad y establece la Unidad de Coordinación Interministerial.

Entre sus considerandos, el decreto enfatiza en la protección de los derechos humanos del colectivo travesti y trans y recupera la urgencia en la implementación de instrumentos que permitan “transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población”. En este sentido, establece “el acceso al trabajo digno y productivo de las personas travestis, transexuales o transgénero, sin discriminación por motivos de identidad de género o su expresión”.

Desde hace meses, las organizaciones, instituciones y movimientos sociales se reúnen para discutir los proyectos de ley presentados para la reglamentación del cupo laboral travesti-trans, en la Comisión de Mujeres y Diversidad, a cargo de Mónica Macha, en la cámara de diputados. El decreto del ejecutivo retoma gran parte de los acuerdos de los proyectos en tratamiento legislativo.

Para la directora de políticas contra la Discriminación del INADI y militante trans del Movimiento Evita, Ornella Infante, esta medida “viene a continuar con el pago de la histórica deuda que tuvo el Estado argentino con esta población cuya perspectiva de vida es de 35 o 40 años”.

La normativa dictada por el Ejecutivo Nacional reconoce la deuda a la que se refiere la directora del INADI. La privación en el acceso a los derechos básicos como la Educación, por ejemplo, fue un gran impedimento para la ocupación de puestos de trabajo registrados para este colectivo. Es por eso, que el decreto del PEN establece que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo” y agrega que en caso de no contar con estudios afines “se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos”.

Si bien todos los movimientos políticos travestis y trans reconocen que la Ley de Identidad de género, en Argentina, significó un avance histórico en la calidad de vida de las personas de esta población en materia de derechos, los accesos siguen siendo deficitarios.

Infante reconoce que con el 721/20 y las diversas políticas en materia de salud, educación, el cupo laboral trans provincial implementado en distintos municipios y la ley de Identidad de género “estamos en condiciones de decir que se está llevando diversas políticas de reparación para esta población”.

Cupo laboral travesti-trans: el DNU de Alberto Fernández repara otra deuda histórica

Sacayán: un faro en la lucha por el cupo laboral trans

Hasta este momento, en Argentina, sólo cinco provincias habían aprobado legislaciones para garantizar cupo laboral trans: Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Rio Negro y Chaco. Sin embargo, en casi ninguna se habían generado las condiciones para implementarlo.

Desde hace varios meses, en la Provincia de Buenos Aires, numerosos colectivos y organizaciones políticas vienen trabajando junto a algunos municipios en la implementación de la Ley “Diana Sacayán” de 2015. La reglamentación de esta normativa, en diciembre de 2019, establece el cupo laboral travesti-trans a nivel provincial. La mismo había sido frenada por María Eugenia Vidal por más de cuatro años.

El nombre de la Ley recuerda a la activista asesinada por travesticidio en 2015, pionera en la lucha por el respeto a los derechos humanos del colectivo trans y travesti y la ley de cupo. Ivanna Gutiérrez, directora de Políticas de Diversidad del Municipio de Morón y militante travesti de la organización “Conurbanes por la Diversidad”, afirma que este cupo laboral tiene que ver con una “reivindicación de derechos y justicia social” y que esta normativa viene a contrarrestar a “la prostitución como único destino para las travestis y trans”.

En esta línea, Ivanna, enfatiza en que la tardanza en la reglamentación de la ley de cupo trans provincial por parte de la ex gobernadora “podría haber evitado la muerte de muchas compañeras que no llegaron a conseguir accesos a los derechos básicos: educación, salud y trabajo formal”.

Con relación al decreto del Ejecutivo Nacional, Gutiérrez también asegura que “este derecho no tiene que ver con nuestras identidades, sino con nuestras capacidades e idoneidad que nosotras tenemos pero que, lamentablemente, en una sociedad netamente patriarcal, machista y sexista, nunca pudimos ser partícipes de esos espacios”.

Incluir y acompañar como política de Estado

La Subsecretaria de Igualdad y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual de la PBA, Lucía Portos, afirma que “la ampliación de derechos necesita de un Estado y un compromiso para llevarse adelante” y enfatiza en “la importancia de generar políticas específicas que acompañen la formación de las compañeras”. 

La posibilidad de conseguir un trabajo registrado para las personas travestis, transexuales y transgénero significa no sólo mejorar sus condiciones de acceso, sino su calidad de vida. De acuerdo con el último informe disponible sobre la situación de las personas trans en Argentina, realizado por la Fundación huésped en articulación Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA) de 2014, sólo el 18% del colectivo ha tenido acceso a trabajos formales.

En relación a las demandas más urgentes, por ejemplo, en julio de este año, en el marco de la implementación de la Ley 1.4783, la cartera a cargo de Estela Diaz, con el aval de la gobernación de Axel Kicillof, firmó un convenio con el Banco Provincia para que las personas travestis y trans que se desempeñen laboralmente en la gobernación de Buenos Aires puedan acceder a un seguro de caución destinado a garantizar el alquiler de viviendas.

“Comenzar por los últimos, para poder llegar a todos”

El decreto dispuesto por el Presidente, Alberto Fernández, también contempla la capacitación del personal de la Administración Pública Nacional y otorga la tarea al Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad para que en articulación con el INAP “aseguren que la inclusión en los puestos de trabajo del Sector Público Nacional se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas”.

“Comenzar por los últimos, para poder llegar a todos”, decretó Fernández en marzo apenas asumió el mando presidencial. La iniciativa política del gobierno nacional empieza a despuntar los primeros instrumentos de la gestión más allá de la pandemia. La construcción de ciudadanía y la ampliación de derechos a las poblaciones más vulnerabilizadas por la falta de acceso a derechos que permitan el desarrollo, dignidad e integridad de todas las personas, comienza a asomarse en el horizonte. El nuevo decreto, como algunas de las nuevas políticas implementadas por la coalición de gobierno actual, procuran imaginar nuevos sujetos de derechos haciéndose cargo y visibilizando la necesaria y urgente reparación para los grupos históricamente marginados.