En el mundo neoliberal soñado y prometido por los funcionarios de Cambiemos, reinaría la paz y el consenso. Los conflictos sociales casi no existirían y, llegado el caso, se resolverían por caminos institucionales, de manera civilizada. Nada más lejos que la realidad actual. Ante la creciente conflictividad social, que producen sus propias medidas económicas quita de retenciones, devaluación, tarifazos-, el Gobierno opta por la confrontación y radicaliza sus posturas en vez de trazar puentes, acude a la represión.

Según el Observatorio de la Conflictividad Socio-Laboral del CEPA, la cantidad de conflictos que encontraron como respuesta la acción violenta de las fuerzas de seguridad en el país aumentaron un 133% en el primer semestre de 2017, respecto a igual período del año pasado. Si en los primeros meses del 2016 hubo en promedio 3 episodios de represión por mes, la suma ascendió a 7 en enero, febrero y marzo últimos.

El informe titulado "El lado B del modelo" señala que desde principios de marzo a la fecha los conflictos han ido incrementándose y que "el eje del abordaje planteado por el Gobierno Nacional no se ha centrado en resolver las problemáticas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas no lleguen a las calles. Uno de esos mecanismos ha sido la represión recurriendo a las fuerzas de seguridad".

Entre los motivos que originan los conflictos, se encuentran reclamos por despidos, readecuación salarial, cumplimiento de acuerdos, condiciones de trabajo, y quejas por atrasos en los pagos.

El caso paradigmático de esta profundización en la faceta represiva y "ejemplificadora" del Gobierno con los trabajadores fue la represión a los docentes el pasado 9 de abril, cuando intentaban instalar una Escuela Itinerante en la Plaza de los Dos Congresos para visibilizar el conflicto salarial y por la Paritaria Nacional Docente, proponiendo un método alternativo de protesta, aunque no fue la única.

Desde la llegada de Cambiemos al poder en diciembre de 2015 hasta marzo 2017, se registraron 83 conflictos con represión en todo el país. La Provincia de Buenos Aires lideró el triste ranking, con 22 casos (26,5%), de los cuales más de un tercio ocurrieron en la ciudad de La Plata.

En la capital de la Provincia gobernada por María Eugenia Vidal fueron 8 los episodios de represión mas sobresalientes. El primero ocurrió a poco de asumir el macrismo, en enero 2016, cuando efectivos de infantería reprimieron y desalojaron con balas de goma y gases lacrimógenos a la manifestación realizada frente a la Municipalidad, contra los despidos masivos. Sin dudas, significó un preludio de lo que vendría después, tanto a nivel local como a nivel nacional. Le siguieron otros cinco en 2016 y dos más este año en febrero, tras una protesta por falta de luz de los vecinos de Olmos, y en marzo, cuando vecinos cortaron la esquina de 179 y 531 en Abasto por el mismo motivo fallas del servicio eléctrico. En ambos casos hubo disparos y heridos.

Las múltiples, pacíficas y multitudinarias movilizaciones del mes de marzo contra la política económica de ajuste del Gobierno expresaron un profundo malestar de distintos sectores populares, y pusieron en cuestión el "modelo" del macrismo. Sin embargo, ante este nivel inédito de participación popular y democrática, el Gobierno no esbozó autocrítica alguna y eligió confrontar, agitando el fantasma de la "desestabilización".

Es que no hay plan B, ni posibilidad de enderezar el rumbo alguno. El Gobierno cumple a rajatablas con su plan social, político y económico, que es el mismo que fuera implementado a sangre y fuego en el 76 y en la década del 90, tras la hiperinflación que derribó el gobierno de Alfonsín, y consiste en disciplinar a la clase trabajadora, con bajos salarios y desocupación creciente, mientras otros incrementan, y fugan, sus ganancias.

El modelo de valorización financiera propuesto por la Ceocracia, capaz de sostenerse únicamente por una fenomenal toma de deuda externa, es insustentable e insostenible en el tiempo. No cierra sin represión.