Mientras que el Gobierno nacional asegura que no hay plata para jubilaciones ni aumentos salariales, parece que sí lo hay para contratos millonarios con organizaciones internacionales. El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a la actual conducción de ANSES por presunta defraudación a la administración pública por un contrato de $800 millones con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) tras detectar diversas irregularidades. 

Uno de los elementos que primero llamó la atención es que el monto del convenio de asesoramiento es 26 veces mayor al asignado por la gestión anterior para realizar exactamente la misma tarea: “promover los mecanismos e instrumentos que permitan optimizar el sistema integrado de información y conocimientos que reúna, analice, investigue, estudie, produzca y sistematice distintas dimensiones, tendencias, diagnósticos y dinámicas de los diferentes subsistemas de la Seguridad Social para utilizar como base en el diseño y la implementación de políticas y la toma de decisiones”. 

No es la primera vez que ANSES firma un contrato de este tipo, incluso el convenio mencionado se firmó también los cinco años anteriores. Sin embargo, en esta edición el salto del monto otorgado a la organización fue astronómico. 

“Debe advertirse el aumento de los fondos acordados en favor de la OISS en este último pacto que asciende a la suma de $800.000.000, es decir, 26 veces más que los montos fijados originariamente en el acuerdo marco predecesor”, resaltó Marijuán en su denuncia.

Y añadió: “Lo expuesto cobra mayor relevancia en el actual contexto de escasez de recursos estatales y en virtud del preponderante rol de cobertura ante contingencias sociales que compete el organismo previsional a través de dichos recursos”. 

"Sin ir más lejos, los $800.000.000 establecidos en el convenio de mención equivalen a casi 4.000 jubilaciones mínimas”, lanzó el funcionario del Ministerio Público. 

En la denuncia, el fiscal federal apuntó al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, para que se investigue su actuación en la firma de acuerdo. “A priori, considero que las conductas desplegadas pueden encuadrarse en el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública previsto en el artículo 174, inc. 5° del Código Penal, en función del artículo 173, inc. 7° del mismo cuerpo legal”, señaló.

Por otro lado, describió que en el convenio firmado se dispuso que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social “reciba un 5% -de los 800 millones de pesos- para cubrir gastos operativos y/o administrativos y que finalizadas las acciones y de no mediar modificaciones o prórrogas al presente Convenio, los montos remanentes o no utilizados por la OISS serán reintegrados a la ANSES al momento de presentar la rendición final de los gastos”.

Ante ello, Marijuán calificó como “llamativa” la decisión de “delegar en un organismo externo, cuya intervención se encuentra arancelada -5% del convenio-, la realización de tareas que por su especialidad puede perfectamente cumplimentar el organismo previsional”. 

"De hecho, dentro del organigrama de la ANSeS publicado en su sitio web, se encuentra la Dirección General de Planeamiento, Estudios y Estadísticas, siendo sus áreas dependientes las de ‘Estudios de la Seguridad Social’ e ‘Integración y Análisis de Datos’ entre otras”, agregó. 

Y cerró: “Todo lo expuesto podrían implicar un desvío de la adecuada administración de los fondos públicos destinados al ente previsional, por lo que considero que resulta pertinente profundizar la investigación en sede judicial”.