Por decisión del Gobierno, la Argentina se sumó esta semana al selecto grupo de países receptores de la basura que exportan Estados Unidos y la Unión Europea. El decreto 591/2019, que lleva la firma de Mauricio Macri, Marcos Peña y el ministro de Producción, Dante Sica, flexibiliza el ingreso de residuos sin control de toxicidad de origen, lo que pone a la argentina en el mismo pelotón que Ghana, Camboya, Senegal o Turquía, por citar algunos casos de naciones importadoras sin controles de la basura que desechan las principales potencias.

“El decreto es un escándalo ambiental, una vergüenza”, describe en diálogo con Diagonales Lionel Mingo, integrante del área de Campañas de Greenpeace Andino. El especialista recuerda que la normativa vigente en relación al tema, que data de la década del 90, fue una conquista de los ambientalistas que lograron frenar el intento del menemismo de importar desechos radiactivos de plantas nucleares provenientes de Australia, endureciendo las restricciones legales para todo tipo de “importaciones” del estilo. El decreto de Macri, de un día para el otro, echó por tierra esas barreras.

Según contaron a este medio, desde el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), que agrupa a miles de cartoneros que pelean por sus derechos laborales básicos, junto a Greenpeace y otras ONGs, impulsarán esta semana un bloqueo administrativo de la norma como primer paso. En caso de prosperar, presentarán un amparo para declarar su inconstitucionalidad.

“Es que no podemos permitir esto –explicó Mingo–. Nuestra principal preocupación tiene que ver con que este decreto modifica las condiciones de la importación de basura: antes, el país que la enviaba debía hacerlo con un certificado de inocuidad desde el país de origen; ahora, la basura va a llegar sin ese certificado, que se va a hacer acá. El problema es qué pasa si, una vez en el país, nos enteramos que esa basura es insalubre: entonces sonamos”.

Lo que desde Greenpeace y otras organizaciones señalan con especial preocupación es el contenido del artículo 2 del decreto, que flexibiliza los controles bajo el argumento de “deviene innecesaria la presentación de un certificado de origen que acredite la no peligrosidad de los mismos y solo permitir la importación de mercaderías obtenidas a partir de la valorización de residuos y que ingresen a nuestro país, como insumos, materias o productos, que cumplan las condiciones técnicas para ser considerados como tales”, de acuerdo a los considerandos del texto.

Precisamente, el argumento del Gobierno para tomar semejante medida es que muchos residuos pueden considerarse “recursos”, tal como lo expresó el subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente, Juan Trebino. Se refería, sobre todo, al caucho, el plástico o el aluminio, que podrían ser útiles para industrias de distinto tipo y tamaño. Esa basura que podría reutilizarse, justificó el funcionario, “encontraban un escollo muy grande para poder ingresar” con la normativa previa al decreto.

Mingo, de Greenpeace, lo discute. “Es cierto que la industria recicladora está trabajando por debajo de su capacidad operativa.  Hay margen para producir más, y para ampliar la mano de obra. Pero los residuos que se necesitan para eso están acá, en el país, no era necesario traerlos de afuera. Están en los basureros a cielo abierto, en los contenedores, en los rellenos sanitarios y hasta en la calle. Basta caminar por cualquier ciudad para darse cuenta todo el plástico que se podría utilizar”, explicó.

Los trabajadores y las trabajadoras que se dedican al reciclaje también pusieron el grito en el cielo. “Importar material reciclable de otros países significa que los demás países se lo quieren sacar de encima y la realidad es que nuestra situación es bastante peligrosa porque no hay ningún control sobre lo que se pretende hacer y evidentemente todo es un negocio. Nosotros no queremos que Argentina sea el basural del mundo”, dijo la referente de la Federación de Cartoneros y Cartoneras enrolada en la CTEP, Jacquelina Flores, en una entrevista con la revista Cítrica.

Según la dirigente, en el país se producen “40 mil toneladas de basura por día”. De ese total, los 150 mil los cartoneros y cartoneras que trabajan en todo el país podrían reciclar el 20 por ciento, “aún sin la infraestructura” con la que cuentan las grandes empresas. Ese 20 por ciento, explica, constituye la mitad del total de la basura que se recicla en el país. Si se importaran residuos, su participación (y el valor de su trabajo) se reducirían notablemente.

Pero, ¿por qué el Gobierno termina por tomar esta decisión? Hay quienes sospechan de razones geopolíticas. A fines de 2018, China decidió dejar de importar la basura norteamericana que ahora importaría la argentina. “Es un proceso que los países centrales fueron encontrando para sacarle un doble rédito al problema de la basura: al tiempo que la desechaban en el exterior, comenzaron a cobrarla como un bien. Por ejemplo, el plástico o el cuero, que puede reutilizarse. Es un proceso que lleva varias décadas pero, salvo en el caso Chino, por lo general los que importan son países subdesarrollados y con escasos o nulos controles ambientales. Lamentablemente el Gobierno nos metió en ese lote de países”, sostuvo Mingo.

Según datos de la ONU, en 2017 China importó 7,3 millones de toneladas métricas de desechos plásticos desde la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, el equivalente al 70 por ciento del plástico del mundo. Dejó de hacerlo porque, pese al negocio que representaba (unos 17 mil millones de dólares) ya no había forma de no seguir produciendo un daño ambiental de proporciones groseras.

Un artículo de principios de este año de El Diario de España, relata la situación de Chester, una ciudad del estado de Filadelfia, en EEUU, donde los vecinos comenzaron a padecer, desde la medida adoptada por China, las consecuencias de comerse su propia basura: la planta incineradora local, “Covanta”, recibe todos los días 200 toneladas de material de reciclaje.

Los vecinos de Chester, dice la nota, "están desesperados, lo único que quieren es que sus hijos salgan, escapen de aquí". Es esperable que el decreto caiga antes que no sólo la crisis sea motivo de emigrar de la argentina.