El presidente Alberto Fernández firmó el decreto a través del que derogó la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un ente impulsado por la administración de Mauricio Macri 11 días antes de dejar el poder, y que había sido criticada por el entonces presidente electo del Frente de Todos. 

El ex mandatario argentino, Mauricio Macri creó  -a fines de noviembre de 2019- a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el ente autárquico que tendría a su cargo el resguardo de la seguridad de los llamados "arrepentidos" en las causas judiciales. 

Ahora, el Gobierno decidió anular ese decreto porque "no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y que, por lo tanto, justificaran la adopción de una medida de excepción como es un decreto de necesidad y urgencia". 

En el decreto 168/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el  Ejecutivo aseguró que "no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del programa se mantuvo sin variación durante más de 16 años hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior". 

De esta forma, el Gobierno estableció que ahora el programa de testigos protegidos volverá a tener el diseño institucional anterior “tal como fue creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias", es decir, continuará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero con el organigrama anterior.