El Gobierno le respondió a la funcionaria española que acusó al peronismo de “destruir el motor económico” de su país
Desde Casa Rosada salieron al cruce de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y apuntaron contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich
Una fuerte polémica se generó en las últimas horas tras divulgarse las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, funcionaria española que acusó al peronismo de “destruir el motor económico” de su país. Desde la cúpula de Casa Rosada recogieron el guante, le contestaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid y apuntaron directo a Mauricio Macri.
“Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios”, expresó en una sesión parlamentaria Díaz Ayuso, representante del Partido Popular, histórico espacio del conservadurismo español. “Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”, agregó la funcionaria en su discurso.
Las palabras de Díaz Ayuso no tardaron en tomar trascendencia internacional y llegaron hoy a la esfera del Gobierno, desde donde salieron con una respuesta.
“Presidenta Díaz Ayuso, en la Argentina fueron Mauricio Macri y Patricia Bullrich quienes multiplicaron las ‘pagas’ mientras se destruía empleo y cerraban 25 mil PyMEs. Es el Peronismo el que todos los días crea puestos de trabajo y pone en marcha a las pequeñas empresas”, fueron las palabras de Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, a través de las redes sociales.
Las palabras de Katopodis llegaron en pleno momento de repercusiones por las palabras de la mandataria española. La ponencia de Díaz Ayuso fueron en el marco de una serie de críticas que realizaba a los programas de asistencia social, en especial del mentado “impuesto de solidaridad”, impulsado de manera reciente por la coalición gobernante en España, entre el PSOE y Podemos.
La medida viene acompañada también por una rebaja fiscal para rentas medidas y bajas de trabajadores y pensionistas, cuando la inflación se sitúa en el 9% interanual. La reforma afectaría fundamentalmente a contribuyentes beneficiados por bonificaciones del pago del impuesto del patrimonio en regiones gobernadas por los conservadores del PP, como Madrid y Andalucía.