El kirchnerismo en el Senado presentó finalmente el proyecto de ley para generar un “refuerzo de ingresos” destinado a los sectores más pobres, tal como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había adelantado durante sus últimas apariciones públicas hace ya mas de un mes, antes de los sucesivos cambios en el gabinete económico del Gobierno. 

La autora del texto es la senadora Juliana Di Tullio y busca implementar una "prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional", una suerte de salario básico aunque no tan universal, sino acotado a la población que está por debajo de la línea de indigencia. El proyecto lleva también la firma del jefe del interbloque del riñón de CFK, José Mayans. 

El "refuerzo de ingresos" propuesto por Di Tullio será de “un monto igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria” para una persona adulta medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). A junio de este año, último dato disponible, equivalía a $15.057. 

Tal como la propia senadora había adelantado en su momento, será la ANSES y no el Ministerio de Desarrollo Social la entidad encargada de aplicarlo, lo que en términos políticos significa que será La Cámpora quien maneje el programa y no el Movimiento Evita, con el que CFK mantuvo un enfrentamiento público de alta tensión respecto al manejo de otros planes sociales como el Potenciar Trabajo, cuya administración está a cargo del referente de ese sector, Emilio Pérsico, uno de los dirigentes más cercanos a Alberto Fernández. 

De acuerdo al artículo 3 del proyecto, del universo de beneficiarios quedarían excluidos precisamente los titulares de los programas vigentes de la cartera que conduce Juanchi Zabaleta, como el propio Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar “ni ningún plan social o programa que sea otorgado por los Gobiernos Nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

Es decir, apuntaría a un sujeto que quedó por fuera de la cobertura social del Estado vigente, lo cual de todos modos no es un universo menor: más de 13 millones de personas se anotaron en 2020 para cobrar el IFE, por caso, y según las organizaciones de la izquierda, nucleadas en Unidad Piquetera, hay al menos 1,5 millones de personas en condiciones de cobran un plan como el Potenciar Trabajo y que hoy no tienen espacio en las listas de ingreso. Según el INDEC, además, hay en la indigencia unas 3.791.256 de personas, contando niños y adultos mayores. 

Según pudo averiguar Diagonales, en el Senado esperan que la medida abarque a unas 1,7 millones de personas, muy cerca de los números que manejan en Unidad Piquetera. Sobrepasará así al Potenciar Trabajo, que lo reciben 1,3 millones, y tendría un costo fiscal no menor a 300 mil millones de pesos. 

Una apuesta demasiado a fondo si se tiene en cuenta que el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió hace una semana que el Gobierno no se pasaría un centímetro del déficit de 2,5 puntos del PBI que se acordó con el FMI, una meta que ya está comprometida incluso sin medidas redistributivas del Estado como las que piensa el entorno de Cristina en el Senado, por lo que el camino que pueda llegar a tener el proyecto en el Congreso es, al menos, dudoso. 

“El objetivo de esta política transitoria de refuerzo de ingresos es reducir drásticamente la indigencia, entendiendo que junto con la AUH podrán asegurar que todas las personas tengan cubierta la Canasta Básica Alimentaria”, planteó Di Tullio en los fundamentos del proyecto. “Esperamos con esta política atender las necesidades básicas de las personas en situación de extrema vulnerabilidad”, agregó. 

"Somos conscientes de que, mientras abordamos la agenda de temas de mediano y largo plazo, una parte de la población requiere de medidas urgentes que no pueden esperar a resolver los indicadores macroeconómicos”, argumentó. Habrá que ver si Massa está de acuerdo con esa aseveración.