Escándalo Stornelli: la familia judicial de los Mahíques en la era Macri
Apellidos que se repiten en los tribunales y relaciones que se entrecruzan en el organigrama del Estado
Si en la Argentina el ejercicio del poder suele ser endogámico, la “familia judicial” lleva este concepto al extremo, con apellidos que se repiten en los tribunales y relaciones que se entrecruzan en el organigrama del Estado. Un buen ejemplo es el de Juan Bautista Mahíques, funcionario de alto rango en el Ministerio de Justicia de la Nación e integrante del Consejo de la Magistratura, donde representa a la Casa Rosada. Miembro de un influyente clan de abogados, es quien impulsó, cumpliendo los deseos del presidente Mauricio Macri, el juicio político contra Alejo Ramos Padilla, por supuesto “mal desempeño” en su investigación sobre la red de espionaje y extorsión que involucra al fiscal Carlos Stornelli y al falso abogado Marcelo D’Alessio. Tan cerrados son los vínculos en la corporación judicial que Mahíques, cuya acción para destituir al juez federal de Dolores es la excusa con la que Stornelli viene negándose a la declaración indagatoria, tiene entre su personal de la cartera de Justicia a la propia pareja del fiscal.
En el ministerio que encabeza Germán Garavano, Mahíques dirige la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica. Fue Horacio Verbitsky, en El Cohete a la Luna, quien consignó que en esa misma repartición trabaja “la actual pareja (de Stornelli), Florencia Antonini Modet”, con recursos derivados de Acara, el ente cooperador de las concesionarias de automotores a través del cual se pagan muchos de los sueldos de Justicia.
En medio de un expediente que día a día suma revelaciones y escándalos, pasó desapercibida esta nueva muestra de la intimidad entre el gobierno de Cambiemos y el fiscal que secunda al juez Claudio Bonadio en una verdadera cruzada contra la expresidenta Cristina Kirchner y su círculo de allegados.
Continuando con el juego de roles, Mahíques también podría ser protagonista en caso de que el jury a Stornelli llegase a prosperar en el Ministerio Público Fiscal, algo que por ahora suena inverosímil desde el punto de vista político. En 2017, aún con Alejandra Gils Carbó como procuradora general, el Ejecutivo lo designó como uno de sus representantes en el Tribunal de Enjuiciamiento. Es el suplente de Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal, quien fue nombrado vocal titular.
Allá por agosto de 2018, Benítez y Mahíques fueron los encargados de garantizar la seguridad de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta y autor de los meticulosos cuadernos que gatillaron la investigación sobre la obra pública en tiempos del kirchnerismo. Ingresado al programa de protección de testigos, Centeno pasó a estar bajo el cuidado de los llamados “Lobos”, el Grupo Especial de Intervención (GEI) del Servicio Penitenciario Federal, que opera bajo la órbita de Mahíques.
Junto al peso de su apellido, los servicios prestados por el subsecretario y consejero son bien valorados entre sus superiores. De hecho, a los pocos días de que elevara el pedido para desplazar a Ramos Padilla, el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, lo escogió como su candidato para suceder a Martín Ocampo al frente de la Fiscalía General porteña. En 2015, el “Pitufo” Ocampo había tomado licencia para asumir al frente del Ministerio de Seguridad, cargo del que comenzó a despedirse el 24 de noviembre pasado, tras el escándalo por la superfinal fallida entre River Plate y Boca Juniors. Caído en desgracia, presentó su renuncia y tampoco encontró apoyos para retornar como fiscal General. La salida de Ocampo podría ser vista como un golpe a la influencia de su gran amigo Daniel Angelici, presidente del xeneize, dirigente de la UCR y hábil operador judicial de Macri. Pero para el “Tano” Angelici será cambiar de figuritas, ya que Mahíques también está entre sus protegidos.
Para asumir –algo que aún no tiene fecha–, antes la Legislatura deberá aprobar su designación, lo que será apenas un trámite por la amplia mayoría de la que goza el PRO. Incluso desde el entorno de la diputada Elisa Carrió, que en el pasado supo criticarlo como parte de su enfrentamiento con Angelici, aclararon que no van a oponer resistencia.
Una familia judicial
Nacido en Mercedes, egresado de la UBA y docente de la UCA, el futuro fiscal General de Rodríguez Larreta es fanático de San Lorenzo –en su perfil de Twitter se presenta como “socio refundador” del club de Boedo– e integra un exitoso linaje de funcionarios judiciales. Su padre, Carlos Alberto Mahíques, fue el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, para lo cual también contó con la bendición de Angelici. Pero su gestión fue accidentada y apenas duró seis meses –la triple fuga de General Alvear precipitó su renuncia–, por lo que regresó a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, donde había tomado licencia. En mayo de 2017, un decreto con las firmas de Macri y Garavano lo depositó en la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia en la materia a nivel país luego de la Corte Suprema. Esto a pesar de que la propia Casación lo había rechazado por entender que se había vulnerado el proceso de designación.
Los hijos del camarista –e incluso sus nueras– fueron bien acogidos en el mundo judicial. En la Subsecretaria a su mando, a Juan Bautista lo acompaña su hermano Esteban, a quien colocó cómo su jefe de Gabinete. Otro hermano, Ignacio, es un fiscal de instrucción de la Ciudad que en 2016 emigró a Comodoro Py, donde secundó a su colega Gerardo Pollicita en tres de las causas en que Cristina Kirchner resultó procesada y con elevación a juicio oral: obra pública en Santa Cruz, “Los Sauces” y “Hotesur”. Interinamente, figura al mando de la Fiscalía General Nº 25 ante los Tribunales Orales en lo Criminal, y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 35. De todos modos, el promisorio futuro de Ignacio Mahíques está en el pago chico de su familia: es el candidato de Macri para el juzgado federal de primera instancia de Mercedes, y desde el martes pasado el suyo es uno de los pliegos que analiza el Senado para cubrir 31 puestos vacantes en la justicia. Su ascenso parece inminente y cuando ocurra, los Mahíques habrán sumado un nuevo cargo a su colección.