El presidente Alberto Fernández, junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó el programa Acompañar que busca brindar asistencia económica y acompañamiento integral a quienes se encuentren en riesgo por violencia de género. En el marco del acto, el jefe de Estado cuestionó la falta de la implementación integral de la Ley Micaela en el Poder Judicial.

“Veo con preocupación que dos de los tres poderes han avanzado en implementar esa ley” que tiene por finalidad “generar conciencia de la igualdad de derechos” entre todos los géneros. “Le hemos pedido al presidente de la Corte (por Carlos Rozenkrantz) que por favor se ocupe de tratar el tema y solo recibimos silencio”, señaló el mandatario y le pidió al resto de los miembros de la Justicia no “hacerse los distraídos”.

En ese marco, el Presidente señaló la necesidad de que los jueces instruyan en materia de género en el marco de la Ley Micaela “porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios”. “Si en el siglo XXI no entienden” la importancia de la legislación “y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, estamos en un verdadero problema”, cuestionó.

Cabe señalar que a ley establece como obligatoria la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios públicos y en todos los poderes del Estado. "En el siglo XXI no hay ninguna posibilidad de hacerse los distraídos ante la desigualdad por género y menos podemos tolerar que haya violencia, infamia, maltrato y agresión psicológica por ser mujer", dijo el Jefe de Estado.

Respecto al programa Acompañar, aseguró que el Estado "avanza" en su rol de "auxiliar a la mujer que sufre violencia de género" y que se encuentra sin posibilidades de actuar por mantener un vínculo de "dependencia económica" con quien la somete.

"Piensen un minuto lo que es vivir con el carcelero agresor. Por eso, lo que estamos haciendo es liberar de esos carceleros violentos a esas mujeres violentadas y darles la oportunidad de empezar otra vez con la ayuda del Estado", explicó. “No puede pasar más que haya mujeres que deben vivir con hombres que las someten a hechos de violencia por una dependencia económica", añadió.

El Programa, que forma parte del Plan Nacional contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, garantizará a través de convenios con las provincias y los municipios la asistencia económica a personas en riesgo y contará con una inversión de casi 4.500 millones de pesos.

La iniciativa abarca además otros dispositivos de asistencia, asesoramiento, protección y fortalecimiento de acceso a la justicia y busca promover de manera integral el acceso a derechos económicos, sociales y políticos.

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