Luego de semanas convulsas, signadas por la tensión con su par bonaerense Sergio Berni, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, puso primera en el conurbano. Con la inseguridad como uno de los temas calientes de cara a las próximas elecciones, y sobre todo con la mira puesta en el bastión electoral que el Gobierno no se puede permitir descuidar, la funcionaria encabezó a fines de marzo una reunión con algunos intendentes como Fernando Espinoza (La Matanza) y Juan Zabaleta (Hurlingham), entre otros. Este lunes, además, hizo lo propio con otros 17 secretarios de seguridad locales y prometió “fortalecer la articulación con las intendencias” de la Gendarmería en el territorio, lo cual, dijo, partió de una “indicación” del presidente Alberto Fernández.

Ese mensaje político fue interpretado en dos direcciones: se eludió elegantemente a la gobernación provincial (especialmente a Berni, por razones obvias, conocidas) y, ahora sí, después de un largo 2020, finalmente Nación desplegará en la zona más caliente del país un operativo de seguridad a la altura de las necesidades que manifiestan a diario los jefes comunales, los primeros en recibir los reclamos de los vecinos, preocupados por un alza sostenida del delito.

En las intendencias hay buenas expectativas, según pudo saber Diagonales. En primer lugar, porque el cambio de visión política les genera tranquilidad. Después de varios meses de reclamar mayor presencia de las fuerzas federales en el conurbano durante todo el año pasado, esta vez se sintieron contenidos y se valora positivamente el cambio de abordaje político que operó a nivel nacional. Algunos ya trabajan con la hipótesis del desembarco de operativos de “saturación” de la gendarmería y planifican la política de prevención en sus territorios con la llegada de esa fuerza.

En números, serían unos cuatro mil los gendarmes que reforzarían la seguridad en el conurbano. Pese a la expectativa que se generó, también hay una suerte de “ver para creer”: hasta que la medida no se concrete, nadie quiere salir a festejar de antemano.

No por nada, uno de los temas a los que hizo alusión el polémico comunicado de Juntos por el Cambio de esta semana era específicamente la seguridad. La marcha que el mes pasado juntó más de 5 mil personas en Ramos Mejía, La Matanza, se intentó replicar en otros distritos, sin mucha suerte, pero el problema puede crecer, a caballo de la crisis socio-económica que todavía vive el país, sumido ya en la segunda ola de Covid y con un panorama por delante poco alentador. Según el último dato del INDEC, la pobreza trepó del 40 al 51 por ciento en el conurbano durante todo el año pasado.

Pero no todas son malas. En las intendencias apuestan también a que aquellos fondos provenientes de los 1,2 puntos de coparticipación recortados a la Ciudad en septiembre pasado, comiencen a verse invertidos en las calles. Transcurridos ya seis meses, la apuesta es que este año se repongan miles de patrulleros en estado calamitoso, heredados de la gestión Ritondo, lo mismo con el reacondicionamiento de los destacamentos, las cámaras de vigilancia y los propios centros de monitoreo. Infraestructura para estar a la altura –o lo más cerca posible– del desafío de dar seguridad.  

En la cancha, como se dice, se verán los pingos. La expectativa es que los problemas políticos del pasado que mostraba Nación a la hora de intervenir en el territorio queden en el pasado y que la ayuda de los gendarmes se haga carne en tiempo y forma. Una cuestión nada menor en un año electoral, cuando todavía hay tiempo para corregir los problemas que se arrastraban del primer año de gestión. Aunque no sea mucho.