Luego de la reunión con el presidente Javier Milei, la Liga de Gobernadores peronistas sacaron un comunicado conjunto en el que rechazaron las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional y rechazaron la reversión del Impuesto a las Ganancias que prometió el jefe de Estado durante el encuentro. 

Más allá de las diferencias políticas entre los 24 mandatarios provinciales y porteño, todos coinciden en que la elevación del piso de Ganancias tuvo un impacto negativo en las arcas de sus provincias. Sin embargo, los gobernadores de la Liga exigen que no se de marcha atrás con la modificación que implementó Sergio Massa porque favorece a millones de trabajadores y que, en cambio, se encuentre otro mecanismo de compensación.

En ese punto, los jefes provinciales reclaman que el Estado Nacional coparticipe los fondos recaudados por el Impuesto al Cheque, algo que había prometido Sergio Massa antes de perder el balotaje. 

"Es fundamental la búsqueda del diálogo y los consensos para que las provincias recuperemos los recursos que nos corresponden y que son esenciales para contemplar la situación social, dar respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos y apostar, a la vez, al desarrollo armónico del país. En ese sentido, consideramos que la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado ya que afecta derechos de los trabajadores. Es por eso que seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la
coparticipación del impuesto al cheque", escribieron los mandatarios de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Catamarca, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y Tierra del Fuego.

Los gobernadores contaron que al finalizar la reunión con Milei y parte de su Gabinete, 22 mandatarios provinciales firmaron “un proyecto de ley que dispone la coparticipación de un 70% del impuesto al cheque”.

En el texto difundido, los integrantes de La Liga también hacen un fuerte cuestionamiento al ajuste que lleva adelante la administración nacional “que incluyó una devaluación del 118% - la más grande de la historia - sin medidas compensatorias para los trabajadores y los sectores medios”. 

“A partir de ello, se desencadenó de inmediato una aceleración del proceso inflacionario que afectó el poder de compra de la población”, remarcaron. “Una devaluación no es solamente un ajuste, sino que implica una descomunal transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores que tienen sus salarios en pesos hacia los sectores empresariales concentrados y dolarizados”, cuestionaron.

“Esto, junto con la pérdida de recursos coparticipables, el freno de la obra pública, la anunciada reducción de subsidios y demás medidas, afecta directamente a los recursos provinciales: no desfinancia a los gobiernos, sino a los pueblos que habitan las provincias argentinas”, enfatizaron.