Mientras ampara a sus legisladores que hicieron un tour por la prisión de Ezeiza visitando a genocidas condenados, el Gobierno derogó el Decreto N° 715/2004 por el que se había creado, bajo la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), la Unidad especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, durante la administración de Néstor Kirchner.

La unidad eliminada ayudaba a las abuelas en las búsquedas de sus nietos, asistía los requerimientos de la CONADI (que estaba regulada por Ley Nº 25.457) y las peticiones judiciales o provenientes de los fiscales, formuladas en las causas instruidas por la desaparición de niños durante la última dictadura militar.

También tenía participación “en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ellos”. La CONADI podía, a su vez, efectuar investigaciones por iniciativa propia, y debía comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal.

Impunidad: El Gobierno elimina la unidad que aportaba a la búsqueda de bebés robados en la dictadura

La excusa del Gobierno radica en lo técnico, pero tiene muchas implicancias políticas, al calor de la influencia de las Fuerzas Armadas en el elenco “libertario”.

El oficialismo considera que las facultades de investigación asignadas por el decreto del 2004 contravienen lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la Constitución Nacional y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148.

Hacen hincapié en que por el artículo 120 se le otorga al Ministerio Público el carácter de órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República.

De esta manera, el Poder Ejecutivo expresa que la CONADI “invadía” las competencias del organismo en materia de investigación de hechos delictivos, y se “afectaba la división de poderes”.

“No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con éste, el legislador asigna a órganos específicos del Estado nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental”, dice el decreto 727/2024”, se afirma en el texto publicado en el Boletín Oficial.

Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el gobierno nacional preparaba este decreto y busca impedir que desde el Ejecutivo se detenga la búsqueda de bebés robados durante la dictadura. El juez Ernesto Kreplak había dictado una medida de no innovar para que no pudiera destruir la información en poder del organismo.