La AGN comprobó que hubo corrupción en venta de bienes del Estado durante la gestión de Macri
La Auditoría General de la Nación determinó que hubo irregularidades en operaciones de inmuebles estatales en la era Cambiemos. Pichetto acompañó la acusación
La Auditoría General de la Nación presentó un informe donde se comprueba que existió corrupción en operaciones de venta de bienes del Estado durante la gestión de Mauricio Macri. Se trata de casos de ventas de inmuebles estatales hacia particulares a precios que, según el informe, estuvieron por debajo de su real valor de mercado.
El informe arroja datos sobre los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional referido a alquileres, ventas y traspasos entre 2016 y 2019. El informe señala que se llevaron a cabo 71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842,4 millones de dólares. Cabe destacar que el informe fue votado de manera mayoritaria por los integrantes de la AGN, incluido el propio referente opositor Miguel Ángel Pichetto.
“No se actualizó el valor de recupero de los inmuebles a la fecha de su liquidación, calculando equivocadamente el monto resultante de la venta lo que impactó negativamente en los montos destinados al Estado Nacional por 426,6 millones de pesos (9,8 millones de USD)”, expresa el informe en relación a la irregularidad de precios con que fueron realizadas las transacciones.
Según lo registrado en el informe, se llevaron a cabo 71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842 millones de dólares, de los cuales un 77% de esos bienes se entregaron en la CABA. En la zona de Catalinas, el Tribunal de Tasaciones de la Nación realizó tasaciones oficiales; sin embargo, se entregó un 39% más de metros cuadrados, resultando un magnífico negocio para los beneficiarios.
En la totalidad de las operaciones hubo irregularidades en los precios de base de las subastas. Se vendieron por debajo del valor tasado y eso significó una pérdida de 62 millones de dólares.
Esto representó, acorde a las actualizaciones por inflación, un perjuicio para el Estado de 9,8 millones de dólares. En casi 6 de cada 10 operaciones no hubo auténtica subasta, hubo baja participación de oferentes y la administración macrista no hizo nada para convocar a una verdadera puja que aumente los precios.