Tras ser detenido su protagonista, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner ya entró en plena investigación y quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Se trata de la jueza que ingresó a Comodoro Py en 2019 en reemplazo del controversial Norberto Oyarbide luego de su renuncia. En ese marco, Capuchetti será acompañada en la tarea por el fiscal Carlos Rívolo.  

Si bien Rívolo es el fiscal designado, será reemplazado hasta mañana por su colega Eduardo Taiano. Junto a Capuchetti, se trasladaron anoche a Comodoro Py y comenzaron a organizar las primeras directivas de la investigación que ahora se abre paso sobre el gravísimo hecho que conmocionó al país.

Cabe señalar que, además de este caso, la jueza federal también tiene a cargo la investigación de la causa conocida como “vacunatorio vip” por la distribución discrecional de vacunas contra el coronavirus dentro de la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, del Hospital Posadas y el desvío de dosis a la ciudad de El Calafate. Entonces, se investigaba una serie de irregularidades del Gobierno para proveer vacunas para funcionarios, familiares, dirigentes y personas cercanas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, cuando la prioridad para recibir dosis la tenía el personal de salud.

En tanto, en julio de 2021, Capuchetti consideró que, de la lista de 70 nombres difundida por el Gobierno sobre los presuntos casos de beneficios de dosis, en 65 casos las personas eran “personal estratégico” o tenían más de 60 años. Por este motivo, los desvinculó de la investigación ya que consideró que no habían cometido un delito. 

Solo en 5 casos, los vacunados tenían menos de esa edad, y los convocó a declarar como testigos: Juliana y Maria Eva Duhalde (de 48 y 45 años), el periodista Gabriel Michi (de 52), Néstor Mandraccio (59) e Irene López (43). Al amparar a la mayoría de los “vacunados vip” como “personal estratégico”, en su fallo la jueza hizo alusión al “margen de discrecionalidad” que implicó esa figura.

Asimismo, también tiene a su cargo la llamada “mesa judicial”, que investiga si Mauricio Macri y ex funcionarios de su gobierno presionaron a jueces para lograr fallos en su favor o “castigar” a aquellos que no hubieran sacado resoluciones afines a esos intereses oficiales. En este tema se destacó la figura del “operador personal” de Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, hoy prófugo de la Justicia.