Será un abril caliente en las calles de todo el país: la Confederación General del Trabajo (CGT) le puso fecha al anticipado paro general de 24 horas y selló la medida de fuerza para el jueves 10 de abril. El reclamo será complementado con una masiva movilización al Congreso el miércoles 9 junto a los jubilados. Se viene, pues, la tercera protesta nacional de la central obrera contra el Gobierno de Javier Milei, que ayer logró sancionar el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfrenta duros reclamos sindicales en materia económica.

Al término de un importante cónclave en la sede de Azopardo 802, la organización anunció para inicios de abril  “una acción sindical de 36 horas” que “comenzará con movilizaciones el 9 de abril a las 12” y continuará al día siguiente con “un paro el 10 de abril por 24 horas”, como lo habían adelantado hace una semana los dirigentes gremiales. La medida de fuerza con cese de actividades tendrá su epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y registrará ecos en importantes ciudades de todo el país y en servicios como el transporte público, que no funcionará ese jueves.

En conferencia de prensa, el cotitular cegetista Héctor Daer enumeró los objetivos de la protesta: “Exigir la libertad para negociar paritarias libres y homologadas, [lograr un] aumento de emergencia para los jubilados y plantear un apoyo aparte a la discusión que se dará en el Congreso sobre la actualización del bono”, además de poner en discusión asignaciones familiares y un “programa de defensa del sector productivo en la Argentina”. Se trata, en fin, de una amplia convocatoria con casi un año desde el último paro general de la central obrera.

Es en ese marco que se desarrollará la tercera medida de fuerza de la CGT después de las del 24 de enero y 9 de mayo de 2024. El largo período transcurrido entre las protestas anteriores y la de abril próximo responde principalmente a las diferencias planteadas al respecto en la conducción de la agrupación, en especial dados los acercamientos entre el Gobierno Nacional y una parcialidad de la organización con la reforma sindical en juego en el Congreso. Esta vez, el acuerdo es mayoritario, aunque nocuenta con respaldo total.