La guerra llegó a la política argentina

Los 12.800 kilómetros que separan a Buenos Aires de Kiev, la capital ucraniana, no iban a evitar que la guerra llegara a la política argentina. La pregunta, en todo caso, era cuándo y a partir de qué suceso se daría. Tras tibios e irrelevantes cruces entre la oposición y el oficialismo por la celeridad y la dureza con la que el último condenó la invasión rusa, finalmente parece haber llegado un verdadero punto de quiebre. Y es que, a una semana del vencimiento de USD 2800 millones con el Fondo que harían entrar al país en un default técnico, la oposición amenaza con no votar el acuerdo en el Senado si el oficialismo decide, como todo indicaría, aumentar retenciones debido a la explosión de los precios de las comodities como resultado de la guerra.

Algunos datos para poner en contexto el caliente cruce político que se viene por este tema. Rusia es el primer exportador mundial de Trigo y Ucrania el quinto. Junto con Bielorrusia, estos países son conocidos como “el granero de Europa” y explican el 30% del mercado mundial de ese cereal. Por otro lado, Rusia es el tercer productor mundial de petróleo detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita, con una producción diaria que supera los 10 millones de barriles, y su sus exportaciones de gas abastecen el 40% del mercado europeo. La trascripción económica de la guerra entre Rusia y Ucrania es, entonces, una importante inflación en alimentos y energía que se esparce en forma acelerada por el mundo.

LA MACRO

En los números, esto plantea una situación paradojal para la Argentina. En relación a los granos, la suba de precios internacionales significará una mayor entrada de dólares a una economía sedienta de la divisa estadounidense. La tonelada de trigo aumentó más del 60% desde principios de año y se ubica en su récord histórico cómodamente por encima de los USD 400. El maíz subió un 28% en el mismo período con su tonelada rozando lo USD 300, mientras que la soja subió más del 25% y también roza sus máximos históricos promediando los USD 620 por tonelada. Hasta aquí, aire fresco para una macroeconomía conectada a respirador mecánico.

La contracara es el precio de la energía. El barril de petróleo, que hace un año rondaba los 60 dólares, hoy supera holgadamente los USD 100 y tocó los 130 dólares hace una semana, también casi en su récord histórico. El gas, por su parte, sufrió aumentos superiores al 100% en lo que va del año, y el millón de BTU que la Argentina importó a 8 dólares en promedio en 2021, de enero a la fecha llegó a tocar los USD 100.

El año pasado la importación de Gas Natural Licuado significó una erogación al Estado de unos 1100 millones de dólares. Un cálculo de la consultora Economía & Energía de Nicolás Arceo, estimó recientemente que para un costo de 20 dólares por millón de BTU esa cifra ascendería a los 3252 millones de dólares, y que por cada aumento de 10 dólares en la cotización el costo para el Estado subiría en USD 1626 millones. Con el precio del millón de BTU disparado, las proyecciones son tan difíciles como concreta es la certeza de que para sostener el consumo energético que el crecimiento económico demandará, la Argentina deberá disponer de muchos más dólares de los que hoy tiene. En concreto, a cálculos de hoy el aumento de la recaudación por las exportaciones agropecuarias crecerá significativamente pero no lo suficiente para tapar ese agujero energético.

LA MICRO

La situación se complejiza si de la mirada macroeconómica se pasa a la micro. El aumento del petróleo ya derivó en un aumento de los combustibles en todo el país que alcanzó un 11%. La relación de un aumento del precio de los combustibles con la suba de la inflación es directa, y este martes se anunciaría una ya de por sí elevada inflación de febrero, que rondaría el 4%. Por otro lado, con el aumento del precio de los granos viene aparejada una inflación en alimentos que ya empieza a sentirse. La bolsa de harina incrementó su valor en más de un 25% y su traducción a alimentos primarios como el pan o fideos es un golpe directo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En esa encerrona se encuentra el Gobierno, que a una esperanzadora mayor recaudación por exportaciones del agro debe contraponerle su impacto inflacionario interno y la sangría que le supondrá el aumento del precio de la energía. Y las respuestas tentativas que venía delineando el oficialismo, como el fideicomiso del trigo, fueron quedando en la intrascendencia y obligaron al Gobierno a ir un paso más allá, tocando un tema tabú en la Argentina: las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

UN VIEJO CONFLICTO

A mitad del río del acuerdo con el FMI, el Gobierno cerró este domingo las exportaciones de harina y aceite de soja y todo el arco político y económico se convulsionó ante un inminente aumento de las retenciones. La medida se tomó para que los exportadores no puedan anotar más exportaciones con las alícuotas vigentes, y eso es lo que hace suponer que habrá una suba que sería de dos puntos, llevando las retenciones de los dos principales productos de la canasta exportadora del país del 31% al 33%. Con el reflejo político y corporativo que muestran cada vez que surge algún debate alrededor de esta cuestión, la oposición de JxC y las entidades agropecuarias se plantaron en pie de guerra de inmediato.

La Mesa de Enlace emitió un comunicado en el que planteó que “sin reglas claras, y con mensajes contradictorios constantes, se hace muy difícil seguir trabajando para generar alimentos y sacar adelante a la Argentina” y que el cierre de las exportaciones y los rumores de retenciones “generan falta de confianza y de previsibilidad en todos los actores de la cadena. El gobierno sigue generando incertidumbre en la economía y enviando pésimas señales a los productores”. Al reclamo se sumó también la Bolsa de Comercio de Rosario, entidad de gran peso dentro del mundo agropecuario. Justamente cerca de esa ciudad neurálgica del mercado agroexportador, este lunes ya se realizó una primera asamblea de productores en el cruce de las rutas nacionales AO12 y 34 y es posible que si el conflicto escala esas acciones se multipliquen. El sector agroexportador ya empieza a comparar en declaraciones de sus dirigentes el presente con el conflicto de la 125.

Cabe recordar también que hace poco menos de un mes la Sociedad Rural presentó un amparo frente a la justicia cordobesa  para que se suspendiera el cobro de toda retención a la exportación agropecuaria. El argumento de los exportadores fue que al no sancionarse el presupuesto 2022 se cayó también la extensión de la vigencia por dos años de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva contenida en dicho presupuesto. Aquella ley de finales del 2019 facultaba al Ejecutivo a fijar retenciones por decreto, y sin ese marco legal el campo aduce que las mismas deben fijarse por una ley sancionada en el Congreso. La justicia aún no se expidió ante ese reclamo.

LA AMENAZA DEL PRO

Pero justamente ese argumento está siendo levantado por la oposición que, fortalecida tras la votación por el acuerdo con el FMI en la que se mostró imprescindible para el Gobierno para evitar el default, hoy aprovecha esa fortaleza para presionar al oficialismo en un tema constitutivo de su identidad política y clave para hablarle a su electorado. “No vamos a avalar ninguna suba de impuestos” fue una de las ideas más repetidas por JxC en la sesión del jueves pasado, y en esta nueva edición del debate por las retenciones encontraron una nueva oportunidad para reforzar esa idea y diferenciarse del Gobierno.

A tal punto llegó la tensión que versiones sobre la tarde del lunes indicaban que el ala dura del PRO llevaría a la reunión de la mesa nacional de JxC la propuesta de no votar el acuerdo con el FMI en el Senado si el Gobierno avanzaba con la suba de retenciones. La idea habría surgido de un zoom de la conducción nacional del PRO convocado de urgencia por Patricia Bullrich en la mañana del lunes para definir una respuesta a la suspensión de exportaciones por parte del Gobierno. La postura opositora plantea que si el oficialismo pretende aumentar las retenciones debe enviar un proyecto de ley al Congreso, territorio donde JxC viene de demostrar su poder de fuego.

Una cosa es para el oficialismo enfrentar reclamos del mundo del agro, algo a lo que ya podría decirse que está acostumbrado, y otra muy distinta es que siquiera se retrase el acuerdo con el Fondo a una semana de un vencimiento impagable. Por eso, rápidamente las voces oficiales salieron a desmentir los rumores sobre aumentos a la soja, el trigo o el maíz.

Lo hizo el propio Ministro Guzmán en su exposición ante la comisión de Presupuesto de la Cámara alta frente a la consulta del legislador opositor y referente del campo, Alfredo de Angelis. Lo reafirmó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, desde Casa Rosada y en diálogo con periodistas. Guzmán admitió, sin embargo, que “hay una decisión que ha tenido que tomar el ministro Domínguez, que está en contacto con los productores, y en el marco de la excepcionalidad absoluta”, haciendo referencia a las medidas sobre el aceita y harina de soja, por lo que es de esperarse que las alícuotas sí suban para esos productos. Restará ver cuán a fondo llevan su respuesta la oposición y los productores agropecuarios.

LOS VOTOS EN EL SENADO

Al Gobierno se le abre otro frente complejo en este tema. Dos importantes Gobernadores ya se pronunciaron en contra de la medida y desde Casa Rosada debieron comunicarse con ellos para alejar fantasmas. “Rechazo la medida porque perjudica la producción cordobesa y va en contra del ingreso de divisas, que son importantes para el país” había manifestado el cordobés Juan Schiaretti, mientras que su par santafesino, Omar Perotti, sostuvo que “se debe tener cuidado con incentivar a la desindustrialización. Lo que necesitamos es agregar valor, generar empleos y lograr inversiones”.

En un momento donde cada voto en el Senado vale oro, no hay escenario más complejo para el oficialismo que tensar relaciones con los Gobernadores, a quienes los Senadores responden directamente. Mucho más si la oposición amenaza con retirar el apoyo que brindó en Diputados. Muchísimo más considerando el quiebre político con el kirchnerismo y la posibilidad de que los Senadores leales a CFK repliquen el voto negativo de los 27 Diputados que se alinearon con Máximo en la madrugada del viernes.

La guerra en Ucrania desembarcó definitivamente en la política argentina, justo en la semana que puede marcar el rumbo del país por las próximas décadas. Restará ver cómo administra el Gobierno todas estas tensiones y los problemas que le llueven como misiles. Por lo pronto, cualquier error de cálculo a días de la votación en el Senado podría resultar en una catástrofe política. Habrá que ver también si la oposición se anima realmente a abandonar el lugar de responsabilidad con el país que tanto pregonó en Diputados. Nada debería sorprender, cualquier cosa puede esperarse en una guerra.