Mientras la agenda política y mediática está concentrada de lleno en la figura de Sergio Massa, la Justicia avanza contra Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como “vialidad” y “obra pública”. Fue el fiscal Diego Luciani quien presentó hoy su alegato y apuntó fuerte contra CFK, a quien acusó de liderar una “asociación ilícita” junto a Néstor Kirchner durante el período de gestión iniciado en 2003.  La propia vicejefa de Estado siguió el alegato de manera virtual.

Cabe recordar que, de manera reciente, la Unidad de Información Financiera (UIF), había resuelto desestimar y descartar las acusaciones tanto a CFK como al resto de los implicados, por considerar que desde su perspectiva no hay prueba suficiente de delito alguno. Luciani, por su parte, fustigó la postura de la UIF y volvió a hacer hincapié sobre la presunta trama de corrupción desplegada durante la era de gobierno kirchnerista para favorecer empresas cercanas en el ámbito de la obra pública.

“Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, fue una de las frases más duras pronunciadas este lunes por el fiscal. 

Asimismo, señaló que tiene acreditado que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”, en el marco del alegato presentado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py.

“Este ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado”, afirmó el fiscal. “Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”, agregó.

Cabe recordar que la causa, cuyo curso inició en en 2019, investiga las presunta red sistemática de irregularidades producidas en unas 51 obras públicas desarrolladas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que incluirían casos de sobreprecios, obras sin terminar y licitaciones ilegítimas, entre otros puntos, en beneficio de empresas ligadas a Lázaro Báez.