La política social, en debate: las propuestas del cristinismo, el Movimiento Evita, Grabois y la izquierda

La mecha la encendió CFK, hace ya un mes. Durante aquél recordado acto en Ensenada, pidió rediseñar la política social del Gobierno y exigió, por primera vez de forma pública, reemplazar los planes sociales vigentes por un Salario Básico Universal. La renuncia en simultáneo ese día del ex ministro Martín Guzmán, uno de los principales detractores de la idea por su costo fiscal, provocó el entusiasmo de algunos dirigentes que la impulsan, como Juan Grabois. Pero Silvina Batakis, a poco de asumir, la descartó nuevamente, por los mismos motivos que su antecesor. Esta semana, además, la senadora Juliana Di Tullio —del riñón de la vicepresidenta— reveló que, en verdad, el bloque oficialista trabaja en todo caso en una propuesta similar, pero con matices. “Es un ingreso para quienes están por debajo de la línea de indigencia, que implementaría la Anses”, aseguró. 

Sin perder el tiempo, el presidente Alberto Fernández anunció, por su parte, un bono de 11 mil pesos que cobrarán por única vez en Agosto los casi 1,3 millones de beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo, el mismo que CFK y varios dirigentes del cristianismo, como el propio Grabois y el camporista Andrés “Cuervo” Larroque habían criticado abiertamente por su “discrecionalidad”. El anuncio fue festejado por las organizaciones de izquierda, abroqueladas en “Unidad Piquetera”, aunque advirtieron que es “insuficiente”. El sector mantiene un conflicto abierto con el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, quien se niega a abrir el cupo de nuevos inscriptos al programa pese a las movilizaciones que le arman casi de forma permanente. 

El Movimiento Evita, que maneja la implementación del Potenciar, no se pronunció. Su agenda, por estos días, está centrada en la movilización que realizará la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el próximo 7 de agosto, como lo hacen cada año desde 2016 en ocasión del día de San Cayetano. Ese día, parte de los reclamos que se oirán desde el escenario serán similares a los que se oyeron tendrán que ver con que el Congreso vote la Ley de Techo, Tierra y Trabajo, una propuesta integral que apunta a brindar herramientas crediticias y de fomento al sector informal de la economía.

Otro de los dirigentes de ese espacio, Daniel Menéndez, fue más allá y planteó esta semana otra alternativa posible: declarar la “emergencia alimentaria” en el país. La idea consiste básicamente en ampliar “los ingresos destinados al consumo de alimentos de los sectores populares”, explicó el diputado. Sería a través de aumentos en la tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y “en las prestaciones que tiene el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de Políticas Alimentarias". Es decir, más recursos dentro de las políticas vigentes.

En la vereda radicalmente opuesta, otras voces como el ex ministro Daniel Arroyo vienen sosteniendo la necesidad de replantear a fondo toda la política social. Una especie de barajar y dar de nuevo: evaluar el costo-beneficio de cada programa y reasignar recursos. Arroyo es uno de los convencidos de que la solución pasa por el Salario Universal. “Tarde o temprano, Argentina y la región van hacia allí, gobierne quien gobierne”, le dijo recientemente a Diagonales. 

El problema en este punto para el Frente de Todos, está claro, pasa por cómo ampliar la cobertura de ayuda estatal para los sectores informales y subocupados, los que más poder adquisitivo perdieron frente a la inflación galopante, pero sin reventar las arcas del Estado en un contexto fiscal delicado y controlado por el FMI. Y, además, lograrlo a pesar de las pujas de poder internas y los intereses específicos de cada sector, que todavía persisten. 

LAS PROPUESTAS HASTA AHORA: 

-Salario Básico Universal: su principal impulsor es Juan Grabois. El diputado Itai Hagman, del Frente Patria Grande, es el autor del proyecto que hoy reúne mayores consensos dentro de la Cámara baja. Supone 1,8 puntos del PBI, destinados a un ingreso para toda la población económicamente activa que lo necesite equivalente a media canasta básica. Los recursos podrían complementarse con la suba de los subsidios y la reorganización del Potenciar Trabajo. Cristina lo apoyó hace un mes, pero desde entonces no volvió a insistir. “Si el Presidente o la ministra de Economía no lo ven viable, no podríamos avanzar. Igualmente creemos que vale la pena empezar a debatirlo”, dijo Hagman. “Si no les gusta nuestra propuesta, piensen otra, pero hagan algo”, dijo Grabois, más enfático.

-Ingreso por indigencia: Fue la novedad de Di Tullio. “No es salario ni es universal”, aclaró la senadora. “No es para todes porque si no los tengo que hacer empleados del Estado, pero sí hay acuerdo en el objetivo, que es eliminar la indigencia”, agregó. Se implementaría a través de Anses, para un universo de 2,8 millones de adultos y 1,4 millones de menores que están en esa situación según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

-Ley de las “Tres T”: Tuvo varias versiones, la última es de este año. Su autor es Juan Carlos Alderete, de la CCC. Tiene el apoyo de todo el arco de la Economía Popular y el impulso de sus siete diputados nacionales. Es de largo aliento: busca darle prioridad y fija metas para urbanizar los barrios populares, facilitar el acceso a la tierra para pequeños productores, implementar líneas de crédito blando para las cooperativas productivas y la generación de empleo en la construcción de vivienda estatal, entre muchas otras iniciativas. Propone la creación de una secretaría de Techo, Tierra y Trabajo, una suerte de mini-ministerio de la Economía Popular. 

-Monotributo productivo: Busca “blanquear” una masa importante de trabajadores informales organizados en cooperativas que se generaron su propio empleo. Propone una “reducción significativa” del impuesto del monotributo durante cuatro años a quienes se inscriban en el régimen a través del programa. Costo fiscal: el Estado se hace cargo del pago para las categorías A, B y C. Tiene un amplio consenso: lo impulsa la Economía Popular, pero también Arroyo y Di Tullio. 

-Massa y la idea de “generar puestos de trabajo”: El presidente de la Cámara de Diputados, que por estas horas suena como posible futuro ministro de Economía, presentó su propio proyecto. Data de fines de 2021, cuando el Gobierno promocionaba la idea de “convertir planes sociales en trabajo”. El proyecto del líder del Frente Renovador institucionalizaría esa política, que de todos modos ya se venía implementando a través de convenios entre la Rosada y distintos gremios, como gastronómicos, y entidades como CGERA. 

-“Terminar con las intermediaciones”: Es la postura más radical y con pocos adeptos en la Rosada. Propone redestinar los fondos de los distintos programas (el Potenciar Trabajo insume casi medio punto del PBI) y relanzar la ayuda social. Sería, a priori, una condición para un Salario Básico Universal con todas las letras, y “quitaría del medio las intermediaciones” de los movimientos sociales, con una centralización muy fuerte desde el Estado. Algo de eso dijo CFK que estaba en sus planes, a espejo de los planes sociales que sostuvo durante su segundo mandato, “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”. Algunas organizaciones le respondieron rápidamente que “los intermediarios” eran punteros del PJ. En esa misma línea, la de centralizar y personificar el acceso a la ayuda, trabaja la ministra de Desarrollo Humano porteña, María Migliore, que busca ser la ministra del área en un hipotético gobierno de su jefe político, Horacio Rodríguez Larreta.